Escándalo en Gendarmería: Dictan prisión preventiva contra 7 funcionarios implicados en red de corrupción en cárcel de Puerto Montt

Los siete funcionarios de Gendarmería fueron formalizados por cohecho, soborno, asociación criminal, lavado de activos y delitos asociados a la Ley de Drogas, y cumplirán la cautelar en el Centro Penitenciario de Valdivia.

En un duro golpe a la corrupción al interior del sistema penitenciario, el Juzgado de Garantía de Puerto Montt decretó este jueves prisión preventiva para siete funcionarios de Gendarmería de Chile, acusados de integrar una extensa red delictiva que operaba dentro del Centro Penitenciario de Alto Bonito. Una octava persona, una mujer civil, quedó con arresto domiciliario total.

La medida cautelar, adoptada al término de la audiencia de formalización que se extendió por dos jornadas y más de cinco horas en total, se fundamentó en el peligro para la seguridad de la sociedad que representaría la libertad de los acusados, según estableció el juez Rolando Díaz.

La investigación, dirigida por la fiscal Nathalie Yonsson de la Fiscalía Local de Puerto Montt, se prolongó por al menos tres años e incluyó escuchas telefónicas y el minucioso análisis de flujos de capital en cuentas bancarias. Estas diligencias lograron develar lo que la propia fiscalía calificó como un «aparataje de corrupción», sistemático y con transacciones económicas cuantificadas.

Los mecanismos de la red de corrupción

Según la acusación del Ministerio Público, los gendarmes, aprovechando sus funciones de custodia en diversos módulos del penal, establecieron un lucrativo negocio ilegal. Su operación consistía en facilitar el ingreso y la comercialización de una amplia gama de «especies prohibidas, especies reglamentariamente no permitidas, y especies ilícitas», como detalló la persecutora Yonsson en su argumentación.

Durante la audiencia, el juez Díaz detalló ejemplos concretos de esta corrupción y se refirió al cobro de 150 mil pesos chilenos por facilitar el ingreso de botellas de ron para celebraciones de Año Nuevo; una tarifa de 20 mil pesos por cada teléfono móvil introducido ilegalmente; transacciones que sumaban 300 mil pesos, presuntamente vinculadas al narcotráfico; así como el resguardo o protección privilegiada a internos específicos, e incluso permitir que reclusos mantuvieran relaciones sexuales con sus visitas en los baños del complejo penitenciario a cambio de dinero.

Pero la trama iba más allá del contrabando común, ya que la investigación reveló que uno de los imputados, identificado como un ex dirigente del personal de Gendarmería del recinto, facilitaba la comisión de estafas telefónicas desde la cárcel.

Además, según la Fiscalía, este mismo funcionario participaba en fingidos procedimientos de requisa –conocidos como «mexicanas» – donde se incautaban elementos prohibidos para, posteriormente, cobrar por devolvérselos a los reos, consignó Bio Bío Chile.

“Se aprovechaban por sus labores de custodia que tenían en diversos módulos del penal, permitiendo así la circulación y comercialización de especies prohibidas, especies reglamentariamente no permitidas, y especies ilícitas”. señaló la fiscal Yonsson al exponer la gravedad de los hechos.

«Permitían al interior del complejo penitenciario mediante la facilitación de teléfonos celulares para que los condenados realizaran diversas estafas telefónicas y coordinaran lanzamientos desde el exterior al interior del centro penitenciario», agregó en sus declaraciones recogidas por ADN.

Los abogados defensores Matías Gallardo y Gustavo Riveros, representantes de algunos de los imputados, intentaron desarticular los cargos de lavado de activos y asociación ilícita. Argumentaron que no existiría una adquisición sustancial de bienes que justificara el delito de blanqueo de capitales y cuestionaron la configuración de una asociación criminal. En base a ello, solicitaron la alternativa de arresto domiciliario total para sus defendidos.

No obstante, la fiscal Yonsson justificó la solicitud de prisión preventiva y advirtió sobre el peligro para la indagatoria –por el riesgo de que los acusados pudieran entorpecer las pesquisas– y, sobre todo, el peligro para la sociedad,

Subrayó que» un solo gendarme se atrevió a declarar en contra de los imputados, porque todos manifestaban un temor en cierta medida reverencial de declarar y de sufrir represalias por parte de sus colegas, al igual que los testigos, que son internos que han declarado y muchos señalaban miedos a sanciones, cambios de módulo y problemas en donde efectivamente un cambio de módulo para ellos implicaba sufrir sanciones o eventualmente la muerte»

Gendarmes cumplirán prisión preventiva en Valdivia

Tras evaluar los antecedentes, el juez Díaz acogió los argumentos de la Fiscalía y los siete funcionarios de Gendarmería fueron formalizados por los delitos de cohecho, soborno, asociación criminal y lavado de activos e infracciones a la Ley de Drogas.

El magistrado señaló que su libertad representa «un riesgo para seguridad de la sociedad vinculado a un riesgo de fuga inherente a propósito de un título de imputación respecto a los siete funcionarios».

«Se acoge la cautelar de prisión preventiva respecto a aquellos», afirmó,

Los funcionarios deberán cumplir la medida cautelar en el Centro Penitenciario de Valdivia. Además, el tribunal fijó un plazo de investigación de 200 días para que la Fiscalía complete su investigación y prepare la acusación formal.

Los siete gendarmes y la civil fueron detenidos el pasado martes en la región de Los Lagos en el marco de la “Operación Torreón”, cuyo fin fue desbaratar una red de cohecho al interior de la principal cárcel de la zona en Puerto Montt. Dos de los funcionarios eran parte de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP).