La carta de José Kast que llega al gabinete arrastrando críticas por conflictos de interés y su rol en tramas de elusión tributaria.
El abogado Fernando Barros Tocornal fue designado como el próximo ministro de Defensa, esto tras la caída de la opción de Guillermo Turner después de los cuestionamientos de los partidos de derecha, lo que se sospechaba después de haber estado integrándose a las reuniones de coordinación de catástrofe del gobierno entrante.
Barros es reconocido por haber asumido la vocería y defensa de Augusto Pinochet durante su detención en Londres en 1998, siendo pieza clave para su retorno al país. En sus escritos reivindicó la figura del dictador, describiéndolo como un hombre que respondió al “llamado de las Fuerzas Armadas por la ciudadanía e instituciones republicanas a intervenir y salvar a su país”, según sus palabras.
Para el potencial nuevo ministro de Defensa, la detención en Inglaterra fue un intento de “linchar” a quien consideraba un aliado estratégico del Reino Unido, aseverando que la visita de Margaret Thatcher a Pinochet fue un espaldarazo a la “gesta de las FF.AA. de Chile y su proceso de reconstrucción nacional”. Según Barros, Pinochet era un “luchador de la Guerra Fría, que había derrotado al socialismo que ahora buscaba su venganza”.
Más allá de su vínculo con el pinochetismo, Barros fue durante tres décadas el brazo legal y tributario de Sebastián Piñera, diseñando estructuras como su fideicomiso ciego. Su trayectoria también incluye la presidencia de Oxiquim y roles en directorios de grandes empresas, sumado a investigaciones periodísticas que lo vinculan con estrategias de elusión tributaria a través de la compra de empresas en quiebra.
A esto se le suma una investigación de CIPER en 2021, donde exponen el rol del abogado en el polémico Caso Luminarias. Según informes policiales de la PDI que contienen escuchas telefónicas, él intervino directamente a favor de Marcelo Lefort, dueño de Itelecom, quien fue imputado por el pago de coimas a funcionarios públicos. Barros habría gestionado una llamada hacia la ex alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, con el objetivo de frenar las denuncias públicas que ella realizaba sobre irregularidades en las licitaciones de su comuna.
La investigación detalla que Barros intentó disuadir a la jefa comunal argumentando un supuesto «daño reputacional» hacia la empresa, sugiriéndole que sus sospechas de corrupción debían canalizarse por vías judiciales silenciosas en lugar de la exposición mediática. En las grabaciones se escucha al abogado decirle a Lefort la frase «tarea hecha, maestro», tras haber contactado a Matthei. Este episodio lo posiciona no solo como un asesor legal, sino como un operador con capacidad de influencia política ante autoridades en ejercicio para proteger los intereses de clientes bajo sospecha criminal.
Asimismo, la indagatoria de CIPER menciona que el bufete Barros & Errázuriz habría prestado asesorías tributarias a Itelecom que permitieron modificar el método de retiro de dinero de sus socios. Según declaraciones judiciales de ejecutivos de la empresa, estos cambios se realizaron para evitar alertas tributarias, mientras la firma seguía necesitando grandes sumas de efectivo que terminaban destinadas al pago de sobornos. Estos nexos con tramas de corrupción añaden una capa de complejidad ética a su nombramiento en una cartera estratégica para la seguridad nacional.
Esta designación genera diversas reacciones debido al perfil marcadamente empresarial y técnico del gabinete de Kast, además de los evidentes nexos del futuro titular de Defensa con grupos económicos importantes. Así, el gobierno entrante refuerza una línea conservadora en una cartera que deberá gestionar estratégicamente la relación con las instituciones.
