Pacta non sunt servanda: Lo pactado en derecho internacional no obliga

Por Diego Farfán Valdebenito

La operación militar «Absolute Resolve» desplegó más de 150 aeronaves desde 20 bases del hemisferio occidental en una misión que duró exactamente dos horas y 20 minutos. Desde una sala de operaciones en Mar-a-Lago, Donald Trump siguió cada momento en tiempo real junto a sus generales. «Literalmente, era como ver un programa de televisión», describió.

En la madrugada del sábado 3 de enero de 2026, Estados Unidos lanzó un ataque coordinado contra Venezuela. Poco después de las 2:00 AM, aviones de guerra bombardearon las defensas antiaéreas venezolanas mientras una operación cibernética dejó sin electricidad a Caracas. Minutos después, helicópteros MH-60 y MH-47 de la Delta Force descendieron sobre el complejo presidencial de Miraflores. A las 2:01 AM recibieron fuego enemigo. La respuesta fue inmediata: «fuerza abrumadora», según las palabras del general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto. Tras neutralizar la resistencia, las fuerzas especiales capturaron a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes fueron extraídos hacia el USS Iwo Jima, transferidos a Guantánamo, y finalmente trasladados a la Base Stewart en Nueva York.

Los antecedentes judiciales de Maduro explican su destino. En marzo de 2020, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York lo acusó junto a 14 funcionarios venezolanos de liderar el «Cártel de los Soles«, una red que desde 1999 traficó más de 250 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos en conspiración con las FARC. La acusación convirtió al Estado venezolano en un «arma de narcoterrorismo». La recompensa por su captura alcanzó los 15 millones de dólares. En enero de 2026, la fiscal general Pam Bondi amplió la acusación para incluir a Cilia Flores por los mismos cargos.

Desde Mar-a-Lago, Trump respondió sobre el futuro de Venezuela: «Estamos tomando esa decisión ahora mismo. No podemos dar una oportunidad a que alguien entre en el poder y vuelva al punto en el que estaba». Luego lo dijo explícito “Vamos a dirigir el país hasta que pueda haber una transición apropiada”.

No todos celebraron la operación. El congresista demócrata Jake Auchincloss dijo en voz alta lo que muchos pensaban «Esto es sangre por petróleo. No tiene nada que ver con el narcotráfico». El analista Alan McPherson, especialista en relaciones internacionales de EE.UU. – América Latina, fue igualmente directo «los cargos por drogas contra Maduro eran probablemente un pretexto para derrocarlo». La narrativa oficial del narcoterrorismo, según sus críticos, ocultaba un objetivo más antiguo “el control de las mayores reservas de petróleo del mundo”.

La operación en Venezuela desnuda lo que muchos ya sabían, las reglas internacionales son opcionales para quienes tienen el poder de ignorarlas. EE.UU invadió un país soberano, derrocó a su gobierno y anunció que lo gobernará directamente. No hubo resolución de la ONU, no hubo coalición internacional, no hubo debate en el Congreso estadounidense. Solo helicópteros, ciberataques y una conferencia de prensa desde Mar-a-Lago.

El sistema internacional, como definió Esther Barbé en 1995, es ante todo una configuración de poder, no una comunidad jurídica vinculante. En términos de la teoría realista, vivimos en «anarquía internacional», no caos, sino la ausencia de una autoridad superior que pueda imponer las reglas. Las normas del derecho internacional existen, pero su cumplimiento depende de quién las transgrede y de quién sufre las consecuencias.

¿Quién hace cumplir las reglas cuando el actor dominante decide ignorarlas? La ONU emite comunicados, la OEA se divide, Europa guarda silencio. Como advierte Pere Vilanova (2005), las organizaciones internacionales son «cautivas» de los Estados que las conforman. No tienen poder propio. Son escenarios donde las jerarquías existentes se reproducen y se legitiman.

Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del planeta. Ese fue precisamente el problema. Un Estado débil sentado sobre 300 mil millones de barriles es una invitación, no una fortaleza. Sin armas nucleares, sin aliados con capacidad de disuasión, sin una economía funcional que financie su defensa, el petróleo venezolano se convirtió en un recurso esperando a que alguien con más poder lo reclamara. La geografía es destino, pero la geopolítica es fuerza.

Imagine Venezuela con armas nucleares. O con un ejército comparable al turco. Absurdo, ¿verdad? Esa imposibilidad revela todo. El derecho internacional no es un escudo universal, es un privilegio proporcional a tu capacidad de destrucción. Protege a quien puede hacerse respetar, no a quien lo necesita.

El 10 de diciembre de 2025, María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz. No pudo asistir (permanecía en la clandestinidad en Venezuela). Su hija Ana Corina Sosa aceptó el premio en su nombre y leyó un discurso dedicado «al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decisivo apoyo a nuestra causa». Vinculó su legitimidad democrática con el respaldo de Trump. Semanas después, cuando Trump ordenó la operación militar, la narrativa ya estaba construida, era «apoyo decisivo» a una Nobel de la Paz.

Horas después de la captura, María Corina Machado declaró a Edmundo González como «presidente legítimo» de Venezuela. La secuencia revela coordinación estratégica. Como entendería E. H. Carr “controlar la opinión es tan crucial como controlar territorio”, porque permite convertir una invasión en «liberación», un derrocamiento en «transición democrática». Barack Obama, él mismo Nobel de la Paz, felicitó a Machado y afirmó que el premio debería recordar «la responsabilidad de preservar y defender constantemente nuestras tradiciones democráticas». Traducción de la teoría realista “el Nobel facilitó que incluso demócratas críticos de Trump aceptaran la operación militar bajo el marco de defender la democracia”.

¿Dónde están los aliados de Maduro? Rusia calificó la operación como «acto de agresión armada» y «violación inaceptable» de la soberanía venezolana. China declaró estar «profundamente conmocionada» y condenó «el comportamiento hegemónico que viola gravemente el derecho internacional». Irán advirtió que «podría atacar bases militares de Estados Unidos en Oriente Medio«. Bielorrusia alertó que Venezuela «podría convertirse en el segundo Vietnam«. Brasil calificó los hechos como «afrenta gravísima». Palabras fuertes, rotundas, indignadas. ¿Acciones concretas? Ninguna.

China advirtió a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela (medida que protege intereses chinos, no venezolanos). Cuando el embajador chino en Colombia twitteó su condena, simultáneamente confirmó que «las empresas chinas no reportan daños». La embajada rusa en Caracas informó que «opera con normalidad» y que «ningún ciudadano ruso fue herido». Prioridades inequívocas.

Las declaraciones sin acciones materiales no son oposición real, son gestión de apariencias. China condena porque debe mantener credibilidad discursiva para futuros conflictos donde sus intereses sí estén en juego (Taiwán). Las refinerías chinas compraron crudo venezolano por décadas, Beijing prestó $60 mil millones respaldados por petróleo. Esos intereses se renegocian con cualquier gobierno que Estados Unidos instale. Para Rusia, Venezuela es «el aliado más importante en Sudamérica«, pero no ha llegado a ofrecer asistencia a Caracas. Moscú prioriza Ucrania y Europa del Este. Es cálculo puro.

Es decir, las condenas sin respaldo material confirman que el sistema opera bajo lógica de poder, no de principios. Venezuela no vale una guerra. Punto.

Mientras tanto, los organismos internacionales permanecieron expectantes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, emitió una declaración diplomática “están siguiendo muy de cerca la situación» y «esperan una transición pacífica y democrática». En España, Pedro Sánchez confirmó que hacen «seguimiento exhaustivo». No hubo condena, no hubo exigencia de respeto a la soberanía venezolana. Las normas internacionales ordenan el discurso, no el poder.

La captura de Nicolás Maduro es el sistema internacional operando exactamente como operó en Panamá (1989), Granada (1983), República Dominicana (1965), Guatemala (1954), Irán (1953).  Bajo la lógica del poder, la jerarquía y la selectividad normativa que la teoría realista describió hace 80 años y que sigue vigente hoy.

¿Es esto legal según el derecho internacional? Cuestionable en el mejor de los casos, violatorio en el más probable. ¿Es esto predecible según la teoría realista? Absolutamente. Cualquier analista que hubiera leído seriamente a Morgenthau podía anticipar que, tarde o temprano, cuando el cálculo de costos y beneficios fuera favorable, cuando Rusia estuviera concentrada en Ucrania, cuando China priorizara Taiwán, Estados Unidos actuaría.

El título de esta columna no es una provocación, es un recordatorio. Pacta sunt servanda (lo pactado obliga) es el principio fundacional del derecho internacional, consagrado en la Convención de Viena de 1969. Establece que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe cumplirse de buena fe. Es la premisa básica sobre la cual se construye el sistema de normas internacionales. Y es precisamente ese principio el que acaba de ser violado en Caracas.

El sistema internacional respondió: Pacta NON sunt servanda. Los pactos no obligan cuando el poder decide ignorarlos.

Cuando el general Dan Caine explicó que la CIA había recopilado información durante meses sobre «dónde vivía Maduro, cómo se desplazaba, qué comía», cuando Trump observó la operación en tiempo real «como un show de televisión», cuando 150 aeronaves bombardearon un país soberano sin consecuencias internacionales, quedó al descubierto lo que el discurso liberal intenta ocultar, el poder importa más que las normas.

Y mientras tanto, los organismos internacionales sirven café frío en Ginebra, Nueva York y Bruselas, discutiendo sobre normas que nadie con poder real está dispuesto a respetar cuando estorban sus intereses estratégicos.

¿Quién regula esa arbitrariedad de poder en el sistema internacional? Solo otro poder del mismo peso.

Por Diego Farfán Valdebenito

Administrador Público

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