Proyecto que fija responsabilidad penal y sanciones severas para empleadores negligentes avanzó en el Congreso

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara despachó a Sala el proyecto de ley conocido como «Que el trabajo no cueste la vida», el cual modifica el Código del Trabajo y las Leyes 16.744 y 20.393, con el objetivo de reforzar la prevención de riesgos laborales y establecer consecuencias penales y administrativas efectivas frente a incumplimientos graves en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El proyecto, de autoría del diputado Andrés Giordano (Frente Amplio), establece un marco integral de responsabilidad empresarial, superando un sistema centrado casi exclusivamente en sanciones administrativas y poniendo en el centro la vida, la integridad y la dignidad de las personas trabajadoras.

Al respecto, el parlamentario, que además es presidente de la Comisión de Trabajo, explicó que la iniciativa «parte de una idea muy simple: la vida de quienes trabajan no puede seguir siendo tratada como un costo más de la actividad económica».

«Cuando una empresa incumple gravemente sus deberes de seguridad y eso termina en lesiones graves o en la muerte de una persona, la respuesta del Estado no puede reducirse a multas. Aquí se establece con claridad que las empresas también pueden responder penalmente», detalló Giordano.

En los casos más graves, añadió el legislador, el tribunal podrá aplicar sanciones que van desde multas y la inhabilitación para contratar con el Estado, «hasta la extinción de la personalidad jurídica de la empresa, frente a incumplimientos gravísimos en prevención de riesgos. Esto no es simbólico: es una señal clara de que hay conductas que el país no está dispuesto a tolerar».

Así, el proyecto «refuerza la prevención y la fiscalización, fortalece el rol de sindicatos y comités paritarios, asegura indemnizaciones para las familias cuando hay accidentes fatales, termina con la posibilidad de que las empresas principales se ‘laven las manos’ en la subcontratación y endurece las sanciones frente a la reincidencia. La señal es clara: prevenir es obligatorio y la negligencia grave tiene consecuencias reales».

Contenido central del proyecto

La propuesta legislativa refuerza el rol de los sindicatos en seguridad y salud laboral, garantizando su derecho a denunciar, fiscalizar y proponer mejoras.

Asimismo, sanciona como práctica antisindical que el empleador impida a los sindicatos entrar a las empresas con el fin de fiscalizar, y fortalece los comités paritarios, asegurando tiempo dentro de la jornada para sus funciones, capacitación anual obligatoria y mecanismos de coordinación en empresas con múltiples faenas.

El proyecto también asegura indemnizaciones reforzadas cuando un accidente grave o fatal se produce por culpa, negligencia grave o dolo del empleador, estableciendo que, en caso de fallecimiento, las indemnizaciones laborales se pagarán con un recargo del 200%.

En materia de subcontratación, se establece responsabilidad solidaria de la empresa principal, salvo que demuestre un control efectivo del cumplimiento de las normas de seguridad, y se refuerzan los deberes de información y control.

Finalmente, la iniciativa endurece el régimen sancionatorio, permitiendo duplicar multas cuando se ponga en grave riesgo la vida o la salud, definiendo legalmente los incumplimientos «gravísimos», habilitando la clausura temporal de faenas en casos de reiteración e incorporando el incumplimiento gravísimo de normas de prevención de riesgos como delito imputable a la persona jurídica conforme a la Ley 20.393.

Tras su despacho, ahora proyecto debe ser discutido y votado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.

El Ciudadano