Por Karen Espíndola
Hace ocho años estuve en las graderías del Congreso defendiendo una ley que entonces no existía. No hablaba desde la teoría, sino desde una experiencia que el Estado chileno ya me había impuesto en el cuerpo. Mientras tanto, desde esos mismos espacios se gritaban consignas como “asesinas”, “extírpense los ovarios” o “el infierno las espera”. Esa violencia no es retórica: fue una pedagogía del castigo dirigida a las mujeres que se atrevieron a desafiar el mandato religioso de un falso Estado laico. Ahí también se encontraba quien hoy ha sido nombrada como futura ministra de la Mujer.
Predican la paz y la tolerancia en nombre de un Cristo apropiado selectivamente, como si los valores humanos —empatía, cuidado, justicia— les pertenecieran por adhesión religiosa. Como si para ser buena persona hubiera que ser cristiana. Como si la ética naciera del miedo al castigo, de la culpa o del terror al infierno.
El fundamentalismo religioso ha sido, a lo largo de la historia, una de las formas más eficientes de control sobre las mujeres. Culpa o muerte. Sumisión o condena. Aceptar el dogma o arder, en la hoguera ayer, en la cárcel hoy por abortar. Para quienes no creemos —o creemos sin fanatismo— el mensaje ha sido siempre el mismo: exclusión, castigo, violencia.
El fundamentalismo religioso ha sido, a lo largo de la historia, una de las formas más eficientes de control sobre las mujeres.
La emancipación de las mujeres jamás ha sido promovida por el cristianismo. Por el contrario, la opresión ha sido funcional a su expansión, especialmente en América Latina, donde las mujeres —empobrecidas, cuidadoras, sobrecargadas— han sido su base más fiel. No por libertad, sino por mandato, miedo y culpa.
¿Dónde quedan nuestros derechos cuando quienes gobiernan han sido formadas desde la infancia en el fanatismo del dogma?
¿Qué ocurre cuando la razón, la evidencia y los derechos humanos son reemplazados por creencias incuestionables que excluyen y discriminan?
Las mujeres abortan todos los días, y eso no las convierte en asesinas ni en malas personas. Las convierte en humanas. Mujeres que se embarazan en un mundo que las abandona, que las violenta desde niñas, que las expone al abuso, la pobreza, la negligencia y la desprotección. Opinar desde una creencia religiosa es legítimo; imponer esa creencia mediante políticas públicas en un Estado laico no lo es.
Opinar desde una creencia religiosa es legítimo; imponer esa creencia mediante políticas públicas en un Estado laico no lo es.
La única opción verdaderamente democrática es permitir —no imponer— la posibilidad de abortar. Permitir que cada mujer decida según su conciencia, su vida y sus circunstancias. Todo lo demás es coerción moral y violencia institucional, ejercida principalmente sobre las más vulnerables.
En ese entramado, el cristianismo fundamentalista no ha sido un aliado de las mujeres, sino una amenaza persistente. No porque la fe sea el problema, sino porque cuando se convierte en poder político deja de cuidar la vida y comienza a administrarla, castigarla y controlarla.
Por eso, cuando hoy se invoca el “volver a Cristo” desde el poder político, no estamos ante una opción inocua, sino ante una amenaza concreta a los derechos ganados y a la neutralidad del Estado. Y cuando se nombra a una ministra fanática religiosa, contraria a los derechos de las mujeres y vinculada a discursos de exclusión y persecución hacia personas homosexuales, la alerta no es simbólica, es real.
Si esa moral cristiana pretende volver a obstruir derechos e instalar criterios religiosos en las políticas públicas, las mujeres volveremos a marchar. No por provocación, sino porque los derechos conquistados nacieron del dolor, del sufrimiento y de luchas demasiado profundas como para permitir retrocesos.
Marcharemos, una vez más, como acto de legítima defensa.
Por Karen Espíndola
Escritora y Diplomada en DDHH de las mujeres. Autora de «Mi Testimonio: Aborto, Estado e Hipocresía en Chile» y «El Poder de la Moral Patriarcal».
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