«Busca cubrir con un manto de impunidad a responsables de torturas y asesinatos»: Senador Saavedra condena proyecto que liberaría a genocidas de Pinochet

“Lo que pretenden hacer los parlamentarios de derecha es un proyecto de impunidad, en desmedro y en castigo de las familias que aún no tienen verdad y justicia”, advirtió el legislador.

La Sala del Senado inició el miércoles la discusión de un polémico proyecto de ley que establece un sistema de «cumplimiento alternativo de penas» para reclusos con enfermedades terminales o de edad avanzada. La iniciativa, que permitiría el arresto domiciliario para este grupo, incluiría entre sus potenciales beneficiarios a condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet.

Pese a que el debate fue pospuesto de manera indefinida –tras una petición del senador Juan Ignacio Latorre (FA) de realizar una segunda discusión–, la instancia dejó clara la profunda división entre oficialismo y oposición, y sirvió para que el senador del Partido Socialista (PS), Gastón Saavedra, lanzara una de las críticas más duras, acusando a los promotores de la iniciativa de buscar «cubrir con un manto de impunidad» a los responsables de torturas y asesinatos.

La primera discusión se extendió por más de dos horas y se inició con el informe del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, el senador Francisco Chahuán (RN). El parlamentario, quien junto al senador Rojo Edwards (Independiente) visitó el penal Colina I para constatar las condiciones de los reclusos, defendió el espíritu del proyecto.

Argumentó que con esta iniciativa “no se persigue impunidad, sino que la humanización del castigo penal”, y que busca que “los reclusos que están con enfermedades terminales puedan tener una muerte digna fuera del recinto penitenciario”.

Sin embargo, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo manifestó el rechazo categórico del gobierno del presidente Gabriel Boric, refiriéndose a lo que denominó «falencias técnicas» del proyecto y advirtió sobre sus graves implicancias.

El ministro señaló que la iniciativa «presenta una tensión evidente y es contrario al Estatuto de Roma y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos». Además, alertó que permitiría que criminales de lesa humanidad y personas que han cometido graves delitos contra la indemnidad sexual sean excarcelados y cumplan su condena en sus domicilios.

Para dimensionar el alcance, Gajardo entregó cifras e indicó que de los potenciales beneficiarios, 370 personas están condenadas por crímenes de lesa humanidad y 365 por delitos comunes. Dentro de este último grupo, detalló que 192 son por abusos sexuales, 155 por delitos de violación, 27 por homicidio y 5 por parricidio.

Durante la sesión, los senadores Enrique Van Rysselberghe (UDI), Rojo Edwards (Ind.) y José Pilo Durana (UDI) manifestaron su apoyo a la iniciativa. En la vereda opuesta, los senadores Fidel Espinoza (PS), Pedro Araya (PR), Fabiola Campillai (Ind.), Paulina Vodanovic (PS), Matías Walker (DC), Gastón Saavedra (PS), Daniel Núñez (PC), Esteban Velásquez (FRVS), Juan Ignacio Latorre (FA), Claudia Pascual (PC), Alfonso De Urresti (PS) y Yasna Provoste (DC) se mostraron en contra.

Senador Saavedra alerta que es «un proyecto de impunidad»

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador Gastón Saavedra (PS) se refirió a la iniciativa impulsada por parlamentarios de Chile Vamos y estableció una distancia moral e histórica con los patrocinadores.

“Tengo una diferencia notable respecto a los patrocinantes y una diferencia histórica respecto del valor de la justicia, el valor de la verdad y de la reparación”, afirmó Saavedra.

A juicio del senador, el proyecto “busca negar todo lo hecho y cubrir con un manto de impunidad a quienes fueron los responsables de torturas, de asesinatos y, al mismo tiempo, condenar a muchas familias en el país a una búsqueda incesante de sus seres queridos y ellos, ocultando la verdad hasta el día de hoy”.

“Lo que pretenden hacer los parlamentarios de derecha es un proyecto de impunidad, en desmedro y en castigo de las familias que aún no tienen verdad y justicia”, recalcó.

Saavedra también criticó la mezcla de beneficiarios que contempla la propuesta. “En el proyecto hay una mezcla ‘extraña y curiosa’, porque no solo se le daría la opción del arresto domiciliario a condenados por delitos de lesa humanidad, sino que también a personas responsables de crímenes comunes como homicidio y violación”, argumentó.

“Este proyecto permitiría que hubiera un indulto para aquellos que son asesinos y por otra parte, para quienes han cometido actos de violación y de afectación de niños y otras personas”, acusó en declaraciones al medio citado.

La sombra del futuro ministro Rabat y el «negacionismo» de Kast

El debate no pudo desligarse del contexto político, tras el reciente nombramiento del abogado Fernando Rabat –quien defendió al dictador Augusto Pinochet– como futuro ministro de Justicia y Derechos Humanos del presidente electo José Antonio Kast.

Frente a este anuncio, el senador Saavedra expresó su profunda preocupación y stimó que el enfoque que tomará la cartera “va a estar del lado de aquellos que cometieron los crímenes de lesa humanidad”.

“Aquí no va a haber un Ministerio que tenga una actitud equilibrada y que permita que el país definitivamente camine hacia la reconciliación. Creo que se van a ahondar las distancias, se va a acrecentar la grieta con quienes creemos en la justicia, que creemos en la verdad y que creemos en un camino de reparación para el reencuentro entre los chilenos. (La reparación) no se va a dar con un ministro que tiene esos antecedentes”, opinó.

Para el parlamentario, la designación de Rabat refleja la esencia del pensamiento negacionista de Kast.

“Hay una coherencia. El negacionismo como elemento central de su identidad política. Para Kast no hay dictadura en Pinochet, acá no hubo violación de los derechos humanos, entonces eso se refleja en el nombramiento”, argumentó en conversación con Radio y Diario U. de Chile.

Saavedra consideró que la decisión del mandatario electo es “evidentemente es un gesto político”, pero enfatizó que es, sobre todo, un gesto dirigido a “ese grupo de chilenos, que son la familia militar, que es el pinochetismo, es el fiel reflejo de la identidad política” de Kast.

El proyecto impulsado por los senadores de derecha abre aún heridas histórica que no han cerrado; mientras los autores insisten en principios humanitarios, las víctimas ven una contradicción ética en otorgar beneficios a quienes negaron derechos fundamentales. La pregunta central queda flotando: ¿Pueden los violadores de derechos humanos invocar esos mismos derechos para eludir sus condenas?.