Testimonio revela cómo una estructura captó a familias vulnerables para vender a sus hijos en el extranjero.
El fenómeno de las adopciones irregulares desde Chile, ocurrido con mayor fuerza entre 1973 y 1990, consistió en una estructura organizada para sustraer niños y enviarlos al extranjero bajo una aparente legalidad, transformando la pobreza en un lucrativo mercado.
Este sistema se realizó mediante la coordinación de jueces, médicos, trabajadores sociales y religiosos, quienes identificaban a familias en situación de vulnerabilidad para arrebatarles a sus hijos. Un método común era el engaño en los hospitales, donde se informaba a las madres el supuesto fallecimiento de sus bebés, sin entregar nunca el cuerpo ni documentación real.
Acoso a la vulnerabilidad
Orlando Martínez recuerda con nitidez la precariedad de su infancia en la población El Cortijo de Conchalí. Su madre, María Bravo, estando embarazada fue blanco de un seguimiento exhaustivo por parte de redes de asistencia social mientras él mismo se encontraba hospitalizado por un accidente. Según relata, figuras como la asistente social Telma Uribe se presentaban ante las familias con promesas de ayuda para ganarse la confianza de mujeres solas y en situación de vulnerabilización extrema.
En el caso de Bravo, «fue un seguimiento por mucho tiempo porque la fueron a buscar a la casa directamente con motivo de poder ayudarla”, acusa Martínez, señalando que la asistente llegó a manejar mucha información de la familia, conociendo perfectamente las condiciones en las que se encontraban.
Este tipo de manipulación buscaba identificar el momento de mayor fragilidad psicológica para ejecutar la sustracción del recién nacido, algo que ellos mismos tuvieron que afrontar posteriormente.
El engaño médico
Cuando la hermana de Orlando nació el 22 de febrero de 1990, la red activó un montaje para separarla de su madre. Bajo la presión de médicos, como Claudio Ferrada, doctor de la Fuerza Aérea, se le informó a María que la niña requería un trasplante de médula urgente, el cual solo podía realizarse en el extranjero.
El miedo fue la principal herramienta para forzar una firma rápida en documentos legales que la madre no alcanzaba a comprender, inscribiendo a la niña en el Registro Civil de Independencia, en donde años después Orlando Martínez se enteraría que trabajaba el primo de Telma Uribe.
«Mi mamá firma la documentación muy rápido porque estaba muy asustada», relata, agregando que tras eso, la menor fue trasladada a una supuesta clínica en calle Monseñor Miller 38, en la comuna de Providencia, que según investigaciones posteriores de Martínez, era una oficina donde se simulaban tratamientos médicos para concretar las adopciones ilegales con familias extranjeras.
Lucro y nexos militares
Orlando Martínez pasó años de su vida investigando lo sucedido, y apunta a una conexión entre militares chilenos y estadounidenses. Para junio de 1990 su hermana terminó en manos de una familia de la Fuerza Aérea de EE.UU., facilitada por la red de adopciones en el extranjero que integraba la sueca Ana María Elmgren y su esposo Carlos Carmona Kops, un oficial de Carabineros. Tras la partida de la niña, a María Bravo se le notificó falsamente que su hija había muerto durante la operación, una mentira que la sumió en una depresión por décadas.
Martínez denuncia que estas operaciones no eran caridad o empatía con familias que no podían concebir, sino un negocio millonario: «La señora Uribe logró adquirir más de 20 propiedades a su nombre», asegura, gracias a movimientos como la sustracción de niños y niñas.
Además, revela que la red seguía lucrando años después, pidiendo dinero a los padres adoptivos para los familiares en Chile, tal fue su caso cuando él mismo debió someterse a una operación y la familia cuidadora de su hermana le envió los recursos necesarios, pero en realidad nunca recibieron un peso.
Deuda política y daño irreparable
Pese a que Martínez logró localizar a su hermana en Estados Unidos hace nueve años gracias a su investigación y a las redes sociales, el vínculo afectivo quedó fracturado por el choque cultural y el shock del engaño. El caso evidencia el desamparo estatal, ya que hasta la fecha no existen políticas de reparación ni avances significativos en la justicia, donde el carácter sistemático de estos crímenes de lesa humanidad han sido desestimados.
«El Estado tiene totalmente desamparadas a las personas que fueron víctimas de esto. Nunca hubo ningún tipo de reparación ni acompañamiento», critica Orlando, quien ya ha impulsado proyectos de ley para inhabilitar comercialmente a los responsables, proponiendo evitar que estas personas saquen provecho a los bienes que adquirieron gracias a las adopciones irregulares.
Mientras los culpables mueren en libertad y con variados patrimonios, cientos de familias chilenas siguen esperando que se reconozca que sus hijos no se perdieron, sino que fueron vendidos.
