Fiscalía y Consejo de Defensa del Estado declinaron investigar responsabilidad empresarial en mega incendios forestales de 2017
Un análisis de las actuaciones de dos órganos clave del Estado –el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE)– revela una negativa sostenida a investigar las posibles responsabilidades de empresas forestales u otros, en los devastadores incendios que afectaron a la zona centro-sur de Chile en la temporada 2016-2017.
A pesar de solicitudes formales y la entrega de cientos de páginas de antecedentes, ambos organismos se desentendieron de examinar el rol del modelo de monocultivo y las prácticas industriales en la catástrofe, alegando falta de facultades o privilegiando líneas investigativas que no apuntaban a la gran industria.
El CDE: “No tiene las facultades investigativas que se requieren”
El 31 de enero de 2017, ciento diez organizaciones agrupadas en el Movimiento por la Recuperación del Agua y los Territorios presentaron una petición formal al Consejo de Defensa del Estado. Solicitaban que investigara “la responsabilidad de las empresas forestales y del Estado en los megaincendios”. En la ocasión, la vocería argumentaba que “los incendios que hoy están afectando a Chile, son producto de un modelo estructural forestal, no son casualidades”.
La misiva, dirigida al entonces presidente del CDE, Juan Ignacio Piña Rochefort –ex subsecretario del primer gobierno de Sebastián Piñera–, buscaba que el organismo, encargado de defender el patrimonio público, actuara en aplicación de la legislación ambiental, considerando que como consecuencia, diversos bienes e infraestructura pública había sido arrasada.
La respuesta, fechada en marzo de 2017 (oficio 00890 y firmada por Carlos Mackenney, presidente subrogante), fue taxativa: “El Consejo de Defensa del Estado no tiene las facultades investigativas que se requieren”. El CDE limitó su competencia penal a delitos que causen perjuicio económico directo al Fisco o sean cometidos por funcionarios públicos, concluyendo que “no tiene competencia, por ahora, para intervenir en este asunto”.
Para las organizaciones peticionarias, esta negativa obedeció a un “claro conflicto de intereses”, señalando en un comunicado que “es impresentable que dicho organismo, quien debe velar por los intereses comunes, sea cómplice de atentados y de graves daños patrimoniales”.
Fiscalía: De la promesa de investigar a declarar a la industria como “víctima”
Paralelamente, el Ministerio Público también fue objeto de demandas de investigación. Ya en septiembre de 2015, una delegación de organizaciones se había reunido con la Fiscalía Nacional, entregando más de 300 páginas de antecedentes que vinculaban a empresas forestales con irregularidades, incluyendo seguros de incendio y el avance de plagas como la avispa taladradora (Sirex noctilio). Si bien en un principio se comprometió a investigar, las organizaciones denunciaron posteriormente que “el Ministerio Público jamás ha establecido líneas de investigación” al respecto.
Un posible giro se vislumbró el 3 de julio de 2017, cuando medios como El Mostrador reportaron que el fiscal Mauricio Richards investigaba una posible relación entre los incendios y un decreto de cuarentena del SAG por la plaga de avispas, que habría dejado bosques de pino “prácticamente inutilizables”.
Por su parte, Radio Biobío, destacaba en su portada: “Una sorpresiva hipótesis ha cobrado valor en las investigaciones que Fiscalía lleva a cabo respecto de los incendios forestales que este verano afectaron desde la región de O’Higgins hasta la del Bío Bío (…) El fiscal Mauricio Richards, a cargo del caso, indaga la relación de este desastre nacional y un decreto dictado un mes antes del inicio de los focos de fuego, por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que declaró en cuarentena a muchos de los bosques de pino que fueron arrasados”.
Sin embargo, apenas dos días después, el 5 de julio de 2017, la Fiscalía Regional del Maule emitió un desmentido oficial, afirmando que “en la actualidad no existe ninguna investigación abierta relacionada con una plaga de avispas taladradoras”. El comunicado añadió que las pesquisas se orientaban “hacia otras materias”.
Esta posición parece haber sido consolidada por el actual Fiscal Nacional, Ángel Valencia, quien en el contexto de los incendios de 2024 declaró que, “en la actual situación de la investigación, la industria forestal es víctima de estos hechos”. Esta declaración generó críticas por anticipar una conclusión que, para las organizaciones, ignora la responsabilidad basal del modelo forestal.
Impacto y contexto de una catástrofe evitable
Los incendios de la temporada 2016-2017 constituyeron una de las peores catástrofes ambientales y sociales de la historia reciente de Chile. Hasta el 31 de enero de 2017, según la CONAF, se habían quemado 587,000 hectáreas, concentradas en las regiones de O’Higgins (105,144 has), Maule (272,449 has) y Biobío (87,476 has). La ONEMI reportó, al 4 de febrero, un saldo de 11 fallecidos, 1,610 viviendas destruidas y más de 7,300 damnificados. Además de las pérdidas humanas y habitacionales, el fuego arrasó con establecimientos educacionales rurales, postas de salud y miles de hectáreas de bosque nativo en parques nacionales y reservas, causando un daño patrimonial incalculable al fisco.
Expertos y organizaciones han sostenido que la magnitud de la tragedia no fue solo obra de condiciones climáticas extremas, sino de un modelo forestal basado en extensos monocultivos de pino y eucalipto, especies de rápido crecimiento y alta inflamabilidad. Factores como el descontrol en las quemas de raleo, la escasa distancia entre plantaciones y tendidos eléctricos o viviendas, y la homogenización del paisaje son señalados como elementos que potencian el riesgo y la propagación. La investigación de estas prácticas y su regulación, sin embargo, quedó fuera del alcance tanto del CDE como de la Fiscalía, según sus propias declaraciones.
Una deuda pendiente y un patrón que se repite
La negativa conjunta de ambos organismos en 2017 dejó una sensación de impunidad y desprotección del interés público. Las organizaciones denunciantes interpretaron estas decisiones como un “lavado de manos” institucional, favorecido por las redes político-empresariales. Señalaron, por ejemplo, los vínculos del entonces presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, con el gobierno de Piñera y la relación de este ex mandatario con los grupos Angelini y Matte, dueños de las principales empresas forestales. Esta percepción de conflicto de interés socava la confianza en las instituciones llamadas a garantizar la justicia y la defensa del patrimonio común.
Hoy, ante nuevos y recurrentes mega incendios, las preguntas planteadas en 2017 recuperan urgente vigencia. ¿Por qué el Estado, a través de sus órganos con potestad legal, se abstiene de investigar a fondo las posibles responsabilidades empresariales en la configuración del riesgo? La declaración del Fiscal Nacional Valencia, tratando a la industria como “víctima”, sugiere que esta tendencia podría persistir, priorizando la protección de intereses económicos sobre el deber de prevenir futuras catástrofes y de esclarecer la verdadera dimensión de las responsabilidades en el desastre que, año tras año, quema el territorio y amenaza a las comunidades.
