«Ahora entramos a un gobierno de ultraderecha, con la amenaza de que desaparezcan las instituciones de la mujer y otras de participación ciudadana y de la sociedad civil», declaró una de las feministas que participó en un masiva movilización realizada en Honduras, a tan solo horas de la toma de posesión de Nasry Asfura.
En vísperas de la toma de posesión de Nasry Asfura, prevista para este martes, organizaciones feministas de Honduras manifestaron este domingo su profunda inquietud ante la posibilidad de que el gobierno del ultraderechista disuelva o debilite las instituciones estatales creadas para la protección de los derechos de las mujeres.
La movilización, convocada con motivo del Día de la Mujer Hondureña, sirvió como plataforma para expresar un temor generalizado ante lo que las activistas perciben como una amenaza inminente contra los avances institucionales logrados en materia de igualdad durante el gobierno saliente de Xiomara Castro, la primera mujer en alcanzar la presidencia del país centroamericano.
Un futuro incierto bajo un gobierno de ultraderecha
Nubia Casco, representante de la Plataforma 25 de noviembre, fue contundente al describir la perspectiva que se abre con la administración del empresario, alineado con las políticas del ultarconservador mandatario estadounidense, Donald Trump.
«Ahora entramos a un gobierno de ultraderecha, con la amenaza de que desaparezcan las instituciones de la mujer y otras de participación ciudadana y de la sociedad civil», declaró durante la concentración.
Su voz reflejó la angustia colectiva al añadir: «Para nosotras es un temor (…) se nos avecina un futuro muy tenebroso», consigo TeleSUR.
Este «futuro tenebroso» al que alude Casco tiene un trasfondo estadístico alarmante. Según los datos más recientes del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), durante el año 2024 se registraron 262 feminicidios en el territorio hondureño. Estas cifras colocan a Honduras entre los países con las tasas más altas de violencia letal contra las mujeres en América Latina, un flagelo que las organizaciones civiles temen se agrave si se desmantelan o restringen los mecanismos estatales de prevención, atención y sanción.
Escepticismo y demandas ante temores de fusiones y reestructuraciones
El escepticismo entre las defensoras de derechos no se basa únicamente en percepciones ideológicas, sino en rumores concretos sobre una posible reestructuración del Estado que incluiría la fusión o cierre de entidades clave.
Honorina Rodríguez, una de las participantes en la movilización, ofreció detalles sobre gestiones realizadas: «Hemos hablado personalmente con algunas personas con capacidad de influencia y nos han dicho que no se eliminarán, que habrá fusiones y otros cambios. Aún no sabemos realmente qué va a pasar, pero seguimos demandando», expresó, citada por EFE.
Estos temores no son infundados y encuentran eco en las políticas aplicadas recientemente por otros gobiernos de derecha la región centroamericana.
En El Salvador, por ejemplo, la administración de Nayib Bukele ha prohibido el uso del «lenguaje inclusivo» en todas las escuelas públicas.
Mientras, en Panamá, el gobierno de José Raúl Mulinoo ha proyectado suprimir el Ministerio de la Mujer como parte de una reestructuración orientada a la reducción del gasto público, un argumento que podría ser replicado en Honduras.
Lucha y resistencia
La manifestación del domingo congregó a miles de mujeres que recorrieron el centro de Tegucigalpa coreando consignas como «Este día no es de fiesta, es de lucha y resistencia».
Las practicantes portaban pancartas con los rostros de mujeres desaparecidas o asesinadas, batucadas y bengalas de color morado, emblema del movimiento feminista mundial.
Con la investidura de Nasry «Tito» Asfura programada para el martes, bajo la sombra de fraude electoral e injerencia por parte de Washington, la incertidumbre se cierne sobre el futuro del Instituto Nacional de la Mujer (INAM) y otras dependencias similares.
Las declaraciones de las activistas este domingo constituyen una advertencia pública y un llamado de atención a la comunidad internacional sobre los riesgos que, a su juicio, enfrentan los derechos de más de la mitad de la población hondureña.
La pregunta que flota en el ambiente es si el nuevo gobierno priorizará una reestructuración fiscal que ponga en peligro entidades dedicadas a la igualdad, o si, por el contrario, garantizará su continuidad y fortalecimiento en un país donde, según las cifras de la UNAH, una mujer es asesinada cada aproximadamente 33 horas.
El temor expresado por activistas cono Nubia Casco resume el sentimiento de un sector que ve con preocupación cómo se cierra un ciclo político que, pese a sus desafíos, colocó por primera vez a una mujer al frente del Estado, y se abre otro de pronóstico reservado para los derechos fundamentales de las hondureñas.
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