La inclusión del exagente de la DINA, Armando Fernández Larios, en un portal del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reaviva la memoria del atentado que en 1976 segó la vida de Orlando Letelier y Ronni Moffitt en Washington D.C., y pone sobre la mesa su historial en causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
El nombre de Armando Fernández Larios, exoficial del Ejército de Chile y exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), aparece de manera prominente en el portal Arrested: Worst of the Worst” (Arrestados: Lo peor de lo peor) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos. Esta plataforma, gestionada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tiene como objetivo exhibir operativos migratorios y priorizar perfiles que las autoridades de la nación norteamericana califican como los de mayor peligrosidad entre los extranjeros detenidos.
El portal del DHS/ICE, al filtrar por ciudadanos chilenos, incluye a Fernández Larios, en el puesto número 9, y lo señala como imputado por homicidio y detenido en Fort Myers, Florida.
El sujeto, de 75 años, es una figura judicialmente notoria por su participación en el brutal atentado terrorista perpetrado el 21 de septiembre de 1976 en la avenida Massachusetts de Washington D.C., donde un coche bomba acabó con la vida del excanciller del gobierno de Salvador Allende, Orlando Letelier (44), y de su colaboradora estadounidense, Ronni Karpen Moffitt (25).
La investigación en EE.UU. estableció que el crimen fue planificado y ejecutado por agentes de la DINA, el brazo represor de la dictadura de Augusto Pinochet.
Un acuerdo judicial por el crimen de Orlando Letelier y Ronni Karpen Moffitt
Según documentos de Human Rights Watch y registros judiciales federales, la situación legal de Fernández Larios en Estados Unidos se definió a fines de los años 80. Tras un acuerdo con fiscales federales, el exagente se declaró culpable en 1987 por el delito de encubrimiento (conspiracy to murder) en el caso Letelier-Moffitt. A cambio de su testimonio contra otros implicados, se acogió a un programa de testigos protegidos y cumplió una pena de prisión reducida de cinco meses.
Su confesión, junto a la del agente estadounidense de la DINA Michael Townley –quien fabricó la bomba–, fue fundamental para demostrar la autoría intelectual del crimen, que recayó en el entonces director del órgano represos, Manuel Contreras, y otros altos oficiales chilenos.
Vínculos con la represión en Chile y causa pendiente
Más allá del atentado en Washington, el historial de Fernández Larios está ligado a otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile. Organizaciones como el Center for Justice and Accountability (CJA) lo vinculan a episodios de la denominada “Caravana de la Muerte”, la comitiva militar que recorrió el país en octubre de 1973 ejecutando a prisioneros políticos, y a otros hechos represivos ocurridos en los primeros meses de la dictadura de Pinochet.
También es sindicado entre otros casos como responsable del secuestro del exgerente de Cobre Chuqui David Silbermann.
En 2003 un jurado en Florida lo encontró a responsable por tortura, crímenes de lesa humanidad y matanzas extrajudiciales e impuso $4 millones de dólares en daños. Dos años después, el Juzgado de Apelación del 11º Circuito ratificó dicho veredicto.
En 2016, un fallo de la Corte Suprema declaró procedente solicitar a Estados Unidos la extradición de Fernández Larios, específicamente por el homicidio calificado de Ronni Moffitt, en el marco de la investigación por el atentado. Esta solicitud de extradición sigue siendo un antecedente vigente en su contra.
Cancillería: «Sabíamos que estaba detenido»
Consultado por la aparición del exagente en la lista del ICE, el canciller Alberto van Klaveren, confirmó su estatus de detenido en Estados Unidos.
«Lo que sabíamos, y obviamente se ha podido constatar por la publicación reciente que ha hecho Estados Unidos, es que estaba detenido hace bastante tiempo», indicó.
Van Klaveren se abstuvo de detallar la situación legal del exagente DINA en EE.UU., pero respaldó la calificación que le otorga el gobierno norteamericano.
«Sobre su situación legal específica en Estados Unidos, a nosotros no nos corresponde informar, pero lo que puedo señalar es que sí está detenido y creemos que obviamente esa calificación que se ha hecho a Fernández Larios corresponde absolutamente a la realidad», afirmó.
Con relación a una posible solicitud de extradición por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric, el secretario de Estado planteó que «las peticiones de extradición dependen del Poder Judicial, la Cancillería simplemente transmite esas peticiones, no le corresponde al Ejecutivo determinar las extradiciones y, en consecuencia, no es algo que se sea de competencia nuestra solicitar la extradición, salvo que haya un requerimiento del Poder Judicial en ese sentido».
Asimismo, ratific que «sabíamos, no le podría decir la fecha concreta, pero sabíamos que estaba detenido».
La lista “Worst of the Worst” es parte de una estrategia comunicacional del gobierno estadounidense. En el sitio web se explica: «Bajo el liderazgo de la subsecretaria Kristi Noem, los hombres y mujeres del DHS y del ICE están cumpliendo la promesa del presidente (Donald) Trump y llevando a cabo deportaciones masivas, comenzando por ‘lo peor de lo peor’, incluidos los inmigrantes ilegales que se muestran aquí».
42 chilenos en la lista del ICE
Fernández Larios no es el único ciudadano chileno en este registro. Al seleccionar “Chile” en el filtro de país de origen, el portal despliega un total de 42 nombres. Se trata de hombres y mujeres de diversas edades, a quienes se les imputan delitos que van desde hurto, robo y posesión de drogas, hasta distribución de material obsceno.
Sobre el resto de los 41 chilenos arrestados, el canciller Alberto van Klaveren indicó que en La Moneda todaví ano manejean la infoirmaciíon compñeta de estos casos
«Nos hemos enterado ayer (lunes) porque se hizo el anuncio público, sabíamos la situación de algunos de los buscados, no de todos. Es una información que va entregando Estados Unidos y no nos han notificado específicamente. Salió esta publicación de carácter general y por esa vía nos hemos informado, sin perjuicio que en algunos casos concretos ya estaban en conocimiento nuestro», indicó en declaraciones recogidas por 24 Horas.
Sin embargo, el caso del exagente de la DINA destaca por su profunda carga histórica y política, conectando directamente con uno de los crímenes de Estado más emblemáticos de la dictadura chilena, juzgado parcialmente en territorio estadounidense.
Armando Fernández Larios: Un símbolo de la justicia pendiente
La inclusión de Armando Fernández Larios en esta lista no es un hecho aislado. Reactiva la atención sobre una de las páginas más oscuras del terrorismo de Estado y sobre la larga lucha por la justicia en nuestro país. Para las víctimas del régimen de Pinochet y sus familias, su nombre permanece como un recordatorio de la impunidad p que aún rodea a muchos crímenes de la dictadura, y de cómo los procesos judiciales, a veces fragmentados entre países, siguen intentando, décadas después, asignar responsabilidades completas.
Mientras el ICE lo cataloga entre “lo peor de lo peor” por sus antecedentes penales, para la historia de los derechos humanos, Fernández Larios encarna la sombra larga de una operación represiva que, desde Santiago, decidió silenciar a una voz disidente incluso en el corazón de la capital estadounidense.
Su detención actual bajo custodia migratoria plantea interrogantes sobre su futuro legal y la posibilidad de que, finalmente, enfrente la totalidad de las acusaciones que, desde Chile, aún pesan sobre él.
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