El CDE busca la restitución de más de 12 millones de pesos por incumplir los requisitos legales durante el 202 mientras desempeñó un cargo público.
La ofensiva legal contra Iván Poduje se reactivó luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ratificara una demanda civil argumentando que el arquitecto, y próximo ministro de Vivienda, recibió remuneraciones indebidas al participar en sesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP) sin contar con el respaldo académico que exige la ley para dicho cargo.
El conflicto tiene su origen en 2020, periodo en el que Poduje renunció a su labor docente en la Universidad Católica para luego integrarse a la Universidad Mayor. Según el CDE, durante esos tres meses de transición, el profesional dejó de ser «académico activo de una facultad de arquitectura», una condición obligatoria que lo inhabilitaba para seguir percibiendo honorarios en el Consejo de Concesiones.
Según el documento ingresado al 11° Juzgado Civil de Santiago «se ha generado un enriquecimiento en favor del demandado por los pagos de las sesiones en las que participó sin cumplir con el requisito legal», señala. La cifra exacta que el Fisco exige restituir asciende a los $12.381.300, correspondientes a tres sesiones clave donde se tomaron decisiones sobre infraestructura pública nacional.
Por su parte, el futuro secretario de Estado ha rechazado tajantemente las acusaciones, calificándolas como un error de interpretación administrativa. Poduje asegura que «nunca perdí mi condición de profesor» y sostiene que la demora en la vigencia del nuevo contrato fue un trámite burocrático que no afecta su legitimidad para ejercer las funciones por las que fue remunerado.
La defensa del arquitecto, liderada por el abogado Javier Rozas, argumenta que la ley exige la calidad de académico para ingresar al cargo, pero no necesariamente para permanecer en él de forma ininterrumpida si el trabajo se realiza efectivamente. La réplica presentada ante el tribunal señala que «es insostenible demandar a alguien para que devuelva honorarios por un cargo que ejerció plenamente durante el periodo reclamado».
Este caso reflota además una resolución previa de la Contraloría en 2023, que ya había puesto la lupa sobre los contratos de Poduje en la Municipalidad de Vitacura durante la cuestionada gestión de Raúl Torrealba. En ese entonces, el ente fiscalizador confirmó que el arquitecto prestó asesorías millonarias mientras paralelamente asesoraba al MOP.
A pocas semanas de asumir como ministro, el desenlace de esta demanda civil genera interés, pues de fallar en su contra, la nueva autoridad iniciaría su gestión con una deuda con el Fisco. Mientras tanto, el tribunal ya cerró la etapa de pruebas y se espera una sentencia definitiva que aclare si hubo o no un aprovechamiento indebido de recursos públicos.
