Una revisión realizada por la Contraloría General de la República (CGR) a las contrataciones de la Municipalidad de La Reina, encabezada por el alcalde UDI José Manuel Palacios (en la foto) reveló que un funcionario cumplía funciones de manera simultánea como jefe de gabinete del municipio y como secretario ejecutivo del directorio de la Corporación de Desarrollo de la misma comuna.
Asimismo, la investigación arrojó que al momento de llegar a la Corporación como asesor legal y encargado de redes sociales, el funcionario no contaba con los requisitos solicitados para postular al cargo.
Los antecedentes aparecen en el informe final N° 432/2025 emitido por el ente contralor, el cual también revela que fue el mismo funcionario quien, en su declaración ante Contraloría en julio de 2025, advirtió la existencia de una falta de control respecto de las funciones que desempeñaba tanto en la municipalidad como en la corporación, asegurando que las labores se realizaban por cumplimiento de tareas, sin que fuera posible identificar cuántas horas se asocian a la Corporación y cuántas al Municipio.
«Ante esto, la CGR instruyó a la Municipalidad de La Reina diseñar una herramienta que le permita diferenciar el desempeño de sus labores en su rol de jefe de gabinete de aquellas que realiza como secretario ejecutivo del directorio de la Corporación», apuntaron desde el ente contralor.
Lo anterior deberá ser informado «documentadamente a la Contraloría General, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final», agregaron desde la CGR.
No tenía estudios completos
En la indagatoria se comprobó además que, al momento de comenzar a trabajar en la Corporación como asesor legal y encargado de redes sociales, esta persona no cumplía con el requisito de poseer estudios completos de educación superior, puesto que el documento de concentración de notas de asignaturas aprobadas exponía que sus últimas asignaturas cursadas fueron en 2016, habiendo cursado solo dos años de la carrera de Derecho.
«En ese contexto, la corporación deberá establecer una herramienta que permita acreditar documentadamente el cumplimiento de los requisitos de entrada y la validación de las competencias del trabajador, que incluya las certificaciones formales cuando corresponda, lo que deberá ser informado a esta Contraloría General, a través del Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe final», puntualizaron desde el organismo.
El Ciudadano
