La Vicaría de la Solidaridad señaló que lejos de “proteger” a agentes represivos, contribuyó a visibilizar sus crímenes, a acompañar a las víctimas y a dejar constancia histórica de lo ocurrido cuando hacerlo implicaba riesgos reales, por lo señaló que atribuirle un rol de protección hacia un agente de la DINA, como Fernández Larios, no es un simple error, sino «una distorsión ética e histórica que confunde a la opinión pública y relativiza responsabilidades».
La Fundación de Documentación y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad desmintió este jueves a una publicación del diario El Mercurio respecto al exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Armando Fernández Larios, actualmente detenido en Estados Unidos. El organismo calificó la información como una grave tergiversación que daña la memoria de una institución emblemática en la defensa de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar.
La polémica se originó a partir de un artículo del mencionado medio nacional que, al referirse a Fernández Larios, señaló que: “Tras el homicidio de Orlando Letelier en Washington, huyó de Chile protegido por la Vicaría, la Nunciatura, la diplomacia norteamericana y un sector del Ejército adversario del general Manuel Contreras”.
Frente a esta aseveración, la Fundación de la Vicaría emitió una declaración pública en la que planteó que “no se trata de una interpretación discutible ni de un matiz histórico: es un error grave que tergiversa los hechos y daña la memoria de una institución cuya labor fue exactamente la contraria”.

El Mercurio tergiversa los hechos y daña la memoria
Punto por punto, la organización desarmó las afirmaciones del reportaje, subrayando la naturaleza y el mandato de su trabajo durante el régimen dictatorial Augusto Pinochet(1973-1990).
“La Vicaría de la Solidaridad no protegió, no encubrió ni facilitó la huida de Armando Fernández Larios. Sostener lo contrario es invertir la historia”, aseveraron de manera rotunda.
Rol histórico de la Vicaría
La declaración profundizó en la misión fundacional del organismo creado por el Cardenal Raúl Silva Henríquez en 1976 en respuesta a la situación de emergencia tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la instauración de la dictadura de Pinochet.
Su misión fue «defender a las víctimas de la represión, documentar violaciones a los derechos humanos y presentar acciones judiciales contra los organismos represivos del Estado, incluida la DINA», mientras que «su archivo y su trabajo jurídico fueron fundamentales para reconstruir casos, establecer responsabilidades y combatir la impunidad».
Enfatizaron que su labor se orientó siempre en dirección opuesta a la sugerida por El Mercurio, ya que Lejos de ‘proteger’ a agentes represivos, la Vicaría contribuyó a visibilizar sus crímenes, a acompañar a las víctimas y a dejar constancia histórica de lo ocurrido cuando hacerlo implicaba riesgos reales”.
La Fundación acusó a El Mercurio de causar una confusión grave en la opinión pública al distorsionar los hechos.
“Atribuir a la Vicaría un rol de protección hacia un agente de la DINA no es un simple error, es una distorsión ética e histórica que confunde a la opinión pública y relativiza responsabilidades. Coloca en el mismo plano a víctimas y victimarios, y diluye el sentido del trabajo de quienes, desde la Iglesia y la sociedad civil, enfrentaron la represión con las únicas armas disponibles: la solidaridad, el derecho y la verdad”, señalaron.
¿Quién es Armando Fernández Larios?
La figura en el centro de la controversia, Armando Fernández Larios, fue oficial del Ejército e integrante de la DINA, el principal aparato represivo de la dictadura. Su nombre está indisolublemente ligado a crímenes de lesa humanidad, entre los que destaca el asesinato con coche bomba del excanciller Orlando Letelier y de su secretaria estadounidense, Ronnie Moffitt, perpetrado en la avenida Massachusetts de Washington D.C.. en septiembre de 1976. Este crimen, un acto de terrorismo de Estado internacional, marcó un hito en la visibilidad global de la represión chilena.
El historial de Fernández Larios está ligado a otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Chile. Organizaciones como el Center for Justice and Accountability (CJA) lo vinculan a episodios de la denominada “Caravana de la Muerte”, la comitiva militar que recorrió el país en octubre de 1973 ejecutando a prisioneros políticos, y que incluso cometió crímenes en el extranjero. Estos hechos han sido investigados judicialmente y documentados ampliamente, tanto en Chile como fuera del país.
También es sindicado en otros hechos represivos ocurridos en los primeros meses de la dictadura de Pinochet, así como en el secuestro del exgerente de Cobre Chuqui David Silbermann.

Fernández Larios figura en lista “Lo peor de lo peor” de detenidos por el ICE
Actualmente, Fernández Larios se encuentra detenido en Estados Unidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), organismo que lo incluyó en su registro de personas con antecedentes graves bajo la categórica denominación “lo peor de lo peor”.
Su detención abre la posibilidad de un proceso de extradición a Chile, donde enfrentaría cargos por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Se espera que la definición sobre su extradición se resuelva en las próximas semanas.
La réplica de la Fundación Vicaría de la Solidaridad no solo busca corregir un dato erróneo, sino defender el significado histórico de su lucha. Al rechazar una narrativa que, a su juicio, tergiversa los hechos y ensucia su legado, por lo que el organismo insiste en la necesidad de una memoria precisa como antídoto contra la impunidad y la distorsión del pasado.

