Rechazan prisión preventiva para único imputado por incendio que dejó 20 muertos, mientras emergen vínculos de fiscal con forestales Arauco, CMPC y minera Aclara

El abogado Álvaro Sepúlveda Sanhueza, esposo de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, que investigó el incendio forestal “Trinitarias”, realizó una asesoría verbal a Irade, organización que integra a empresas mineras y forestales con intereses en los territorios afectados por las llamas, reveló una investigación de Interferencia.

En una decisión judicial que ha generado conmoción y críticas en la región del Biobío, el Juzgado de Garantía de Concepción rechazó la petición de prisión preventiva presentada por la Fiscalía Regional contra Claudio Luna Muñoz (39), único imputado en la investigación por el incendio forestal “Trinitarias”. El tribunal, en cambio, decretó para el acusado la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, desde las 9:00 PM hasta las 6:00 AM.

El incendio, que comenzó el 17 de enero, arrasó las comunas de Penco y Tomé, dejando un saldo trágico y devastador: 20 personas fallecidas, 14 lesionados, 9 mil viviendas siniestradas y más de 22 mil hectáreas consumidas por las llamas. Frente a esta magnitud, la fiscal regional Marcela Cartagena formalizó en su día cargos contra Luna Muñoz por infracción a la Ley de Bosques, además de 20 cuasidelitos de homicidio y 14 cuasidelitos de lesiones graves.

Sin embargo, en su fallo, el tribunal consideró insuficiente la teoría de la Fiscalía, que señalaba que el fuego se originó por una falta de mantención de una estufa en poder del imputado.

En sus argumentos, los jueces determinaron que “no existen antecedentes para atribuirle la responsabilidad en la falta de mantención de la estufa, elemento que según la Fiscalía habría originado el fuego”, consignó el medio digital Interferencia.

Esta decisión ha sido recibida con profundo malestar en las comunidades afectadas, donde, como señala el reporte, ya existía un “escepticismo entre la población respecto de que esta persona sea la responsable de la tragedia”.

Un vínculo que levanta sospechas

La polémica por el fallo se enmarca en un escenario más complejo, donde circulan versiones sobre otros posibles responsables e intereses económicos en la zona.

Algunos apuntan al negocio forestal, debido a las extensas plantaciones de pino y eucalipto –especies altamente inflamables–, mientras que otros señalan los intereses del proyecto minero de Aclara, que busca extraer tierras raras precisamente en el área afectada por las llamas.

Es en este punto donde surge un antecedente de alta sensibilidad, tal y como consignó Interferencia. El esposo de la fiscal regional Marcela Cartagena, el abogado Álvaro Sepúlveda Sanhueza, mantuvo vínculos profesionales con las empresas señaladas por la comunidad.

Según la investigación periodística, en diciembre de 2023, Sepúlveda “realizó una asesoría verbal al Instituto Regional de Administración de Empresas (Irade)”, un gremio empresarial que agrupa a 84 compañías con presencia en el Biobío, entre las que se encuentran precisamente las forestales CMPC y Arauco, y la minera Aclara Resources.

Este hecho fue dado a conocer originalmente a propósito de las actuaciones de la fiscal Cartagena en el denominado “Caso Convenios”, vinculado a Irade a través de su ex presidente, Paul Esquerré. En esa oportunidad, consultado por el mencionado medio, el Ministerio Público se refirió a la participación de Sepúlveda, señalando que éste “fue convocado en su calidad de experto en Derecho Administrativo, en reuniones de trabajo que no derivaron en informes escritos ni en representación legal”.

Respecto a la información con la que pudiera contar la fiscal Cartagena de esta asesoría, la Fiscalía fue categórica al afirmar, según consta en el reportaje, que “no tenía conocimiento de dicha asesoría y que tomó conocimiento de ella solo tras las consultas realizadas por este medio”.