El otro modelo Bukele que no vio Kast en su tour a El Salvador: Al menos 480 muertos en cárceles, 94 % no eran pandilleros

José Antonio Kast en El Salvador y las mega cárceles de Bukele

El viernes 30 de enero de 2026, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, culminó una visita de en El Salvador centrada en políticas de seguridad pública. El eje del viaje fue un encuentro con el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, con quien abordó el combate al crimen organizado y el rol del sistema penitenciario. Kast definió la experiencia salvadoreña como «un faro de esperanza en recuperar la seguridad», según declaraciones recogidas por la prensa.

La reunión, según fuentes de prensa,  se desarrolló en un contexto regional marcado por la expansión de organizaciones criminales transnacionales, como el Tren de Aragua, lo que ha generado un creciente interés por las estrategias implementadas por El Salvador.

Bukele, defendiendo su enfoque, advirtió: «Si se perdona al lobo, se sacrifica a las ovejas». Este modelo, aunque celebrado por algunas representaciones políticas internacionales, entre ellos el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por sus resultados en reducción de la violencia callejera, es objeto de severas críticas y cuestionamientos por parte de organismos internacionales de derechos humanos.

La otra cara del sistema carcelario de Bukele

De forma simultánea a la visita, el diario El País de España publicó el 30 de enero un extenso reportaje basado en un informe de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH). El documento detalla que, durante los 45 meses del régimen de excepción de Bukele, han fallecido al menos 470 personas bajo custodia estatal (actualizado el 31 de enero por la organización en al menos 480). La investigación revela que el 94% de los fallecidos no pertenecían a pandillas, e incluye casos de pastores evangélicos, sindicalistas, taxistas y cuatro menores de edad.

El informe de SJH, compilado a lo largo de casi cuatro años, establece que el 31.8% de las muertes fueron violentas, y un porcentaje similar se debió a falta de atención médica. Muchas causas se registraron como «sobreaveriguar», una práctica que, según la organización, busca evitar su clasificación como homicidios. La mayoría de los decesos (40.9%) ocurrieron en el penal de Izalco, un centro de acceso prohibido para la prensa local, a diferencia del mediático CECOT.

El régimen de excepción, originalmente de 30 días, se ha extendido por 45 meses y ha sido utilizado, según denuncian organismos humanos, para perseguir voces críticas. El reportaje señala que tanto SJH como Cristosal abandonaron El Salvador en 2025 ante la ofensiva gubernamental. La organización estima que la cifra real de fallecidos en prisión podría ascender a 1,300, con cuerpos enterrados en fosas comunes sin notificar a las familias, pintando un cuadro sombrío que contrasta con la narrativa oficial promocionada internacionalmente.

Ver reporte de Socorro Jurídico Humanitario el 31 de enero 2026