Una investigación de CIPER reveló que la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados aprobó 60 indicaciones a la nueva Ley de Pesca presentadas por Sergio Bobadilla (UDI) que reproducen textualmente un informe de la gremial empresarial Sonapesca y que bordan aspectos relevantes sobre sanciones y facultades de fiscalización de la autoridad marítima, una práctica que el parlamentario ya ha realizado en el pasado.
En un escenario legislativo que busca dejar atrás la pesada herencia de corrupción y lobby desregulado que marcó a la ley pesquera vigente, un nuevo hallazgo vuelve a encender las alarmas sobre la influencia de los intereses empresariales en el Congreso. Tras revisar minuciosamente 87 sesiones de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados, celebradas entre el 12 de junio de 2024 y el 21 de enero de 2026, se puedo constatar que el órgano ha aprobado exactamente 60 indicaciones presentadas por el diputado Sergio Bobadilla (UDI) que reproducen, palabra por palabra, las propuestas contenidas en un informe técnico-jurídico encargado por la gremial Sonapesca.
Este hecho que salió a la luz por runa investigación de CIPER reaviva los fantasmas del denominado «caso Corpesca», que terminó con el exsenador aime Orpis condenado por cohecho y fraude al fisco, luego de que se acreditara que la pesquera le pagó al entonces parlamentario de la UDI para conseguir su voto.
Esta situación pone bajo la lupa el proceso de gestación de la nueva Ley de Pesca que busca poner fin a la denominada Ley Longueira, impulsada en el primer Gobierno de Sebastián Piñera y que fue investigada por cohecho, fraude y financiamiento ilegal de campañas tras comprobarse que en su trámite legislativo hubo sobornos a parlamentarios con casos emblemáticos como las condenas a Orpis (5 años de prisión) y a la exdiputada UDI, Marta Isasilas. Un reporte de CNN Chile reveló que 35 políticos —incluyendo ex candidatos presidenciales— recibieron aportes de pesqueras entre 2009 y 2013, beneficiando a siete familias: Angelini (Corpesca), Lecaros, Yaconi –Santa Cruz , Sarquis, Stengel, Fernández e Izquierdo, que durante los últimos años pasaron de poseer sus propias flotas a fusionarse en cuatro grandes conglomerados: Orizon, Blumar, Camanchaca Pesca Sur y Mar Food -capitales extranjeros.
«Copy paste» del informe de Sonapesca
Los hechos descritos por CIPER no representan un dato aislado, sino la continuación de una práctica revelada por el medio digital en 2024. En aquella ocasión, se documentó que Bobadilla, junto a los diputados Cristhian Moreira (UDI) y Bernardo Berger (independiente-RN), había presentado un paquete de 211 indicaciones que eran un «copy paste» del mismo documento de 226 páginas elaborado por la consultora Acuiestudios para Sonapesca.
De ese total inicial, el 76% era una copia textual del informe gremial. Ahora, con el avance de la tramitación, se verifica que 60 de esas propuestas, impulsadas específicamente por Bobadilla, han logrado sortear el filtro de la comisión y modificar el articulado del proyecto.
El alcance de estas modificaciones aprobadas es sustantivo. Las 60 indicaciones, que lograron alterar 42 artículos de la futura ley, se concentran en áreas sensibles y de alto impacto: el régimen sancionatorio y de fiscalización, los procedimientos administrativos y la institucionalidad pesquera.
Un artículo emblemático es el N°279, que define lo que se considerarán infracciones graves. En las sesiones de octubre y noviembre de 2024, Bobadilla logró que la comisión aprobara al menos nueve cambios a dicho artículo, todos extraídos literalmente del informe de Sonapesca.
Otro caso ilustrativo es la modificación al artículo N°362, referido a las facultades del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). Una de las indicaciones de Bobadilla, calcada de la gremial, consiguió eliminar un párrafo clave que otorgaba a los funcionarios del Servicio y de la Armada «la calidad de ministros de fe» en el ejercicio de su labor fiscalizadora, una figura que daba mayor autoridad y respaldo legal a sus actuaciones.
Asimismo, en el artículo N°360, relacionado con transparencia, el diputado impulsó —al igual que proponía Sonapesca y con el apoyo del Ejecutivo— la eliminación de la obligación de publicar en línea el listado de armadores industriales y naves autorizadas para pesca extractiva.
Consultado por CIPER para referirse a esta nueva evidencia de la correspondencia entre sus indicaciones y el texto de la gremial, el diputado Bobadilla declinó hacer comentarios.
«Me van a obligar a votar una indicación de la empresa»
Sin embargo, en el pasado no ha ocultado su vínculo con el sector. En una sesión de la comisión el 14 de agosto de 2024, al presentar una enmienda al artículo sobre ecosistemas marinos vulnerables, fue explícito: «Quiero decir que esta indicación no es mía, me la han hecho llegar importantes dirigentes de la pesca industrial y también de la pesca artesanal. Por lo tanto, yo la he hecho mía, pero el autor intelectual de esta indicación no soy yo y por eso la voy a votar a favor».
La actitud del parlamentario incluso generó reacciones jocosas entre sus pares. El 20 de enero de 2025, durante el debate de una indicación de Bobadilla muy similar a una de Sernapesca, el diputado Leonidas Romero (PNL) preguntó al subdirector jurídico del servicio, Felipe Ruiz, cuál era mejor. Ante la respuesta del funcionario, que favorecía la redacción del parlamentario de la UDI, Romero comentó: «Ya, perfecto, me va a obligar a votar una indicación de la empresa».
La revelación original de CIPER en 2024 ya había generado una fuerte reacción política. El ministro de Economía, Nicolás Grau, se personó en la comisión el 4 de septiembre de ese año y, dirigiéndose directamente a Bobadilla, cuestionó: «El diputado Bobadilla dice representar los intereses de la región del Biobío y sus votantes. Y yo soy muy escéptico que los intereses de sus votantes coincidan tanto con los intereses de la industria, de manera que más de 200 indicaciones se tengan que copiar de manera textual para representar esos intereses».
Por su parte, el diputado Cristhian Moreira anunció que retiraría su respaldo a las indicaciones presentadas, un compromiso que, según los registros, no se materializó plenamente, ya que su nombre sigue figurando como patrocinante en varias de las 60 propuestas aprobadas.
¿Más indicaciones de Bobadilla?
Según fuentes de la Cámara consultadas por CIPER, el número de indicaciones de Bobadilla con origen en Sonapesca que se incorporen a la ley podría aumentar significativamente en los próximos meses. El punto crítico será la discusión de las normas transitorias, apartado donde —advierten las fuentes— se define parte sustantiva del «corazón» de la nueva legislación.
Mientras tanto, el secretario de la Comisión de Pesca, Roberto Fuentes, confirmó al medio citado que el proyecto, cuyo despacho estaba originalmente previsto para diciembre de 2025, aún no termina su debate en la comisión, sin que exista una fecha exacta para su conclusión.
El diputado Bobadilla, presidente regional de la UDI en el Biobío, no es nuevo en las controversias vinculadas a la industria pesquera. En 2019 fue citado a declarar por el Ministerio Público en el marco del caso Corpesca, por sus vínculos con la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío (Asipes).
La investigación estableció que, entre 2014 y 2016, el gremio pagó $26 millones a una consultora dirigida por Bobadilla, cuando él no era parlamentario. Aquella arista se cerró sin formalizaciones, pero la sombra de esos vínculos parece proyectarse de nuevo, en la redacción de la ley que debe regir el futuro del sector pesquero en Chile.
