La agresión militar estadounidense, el secuestro del presidente Nicolás Maduro y el control forzado de la industria petrolera marcan un punto de inflexión en la historia de Venezuela, con un nuevo marco legal y un flujo de crudo del que Donald Trump pretender adueñarse.
Este martes se cumplió un mes desde que Venezuela despertó en la más absoluta conmoción. En la madrugada del 3 de enero de 2026, una operación militar estadounidense culminó con el secuestro y traslado forzoso del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y de su esposa Cilia Flores. El hecho, sin precedentes en la historia del país caribeño lo sumió en una crisis institucional y abrió, de la manera más violenta posible, el capítulo de la lucha por el control de las mayores reservas probadas de petróleo del planeta.
El mandatario estadounidense Donald Trump inició en agosto de 2025 una escalada de tensión diplomática, política y militar contra Venezuela desde que decidió duplicar la recompensa por la detención de Maduro, al que acusa sin presentar pruebas de amparar (y después, liderar) una red de narcotráfico, el cártel de los Soles, que según el magnate republicano afecta país norteamericano y que ha sido designada organización terrorista.
En consecuencia la Administración del ultraderechista anunció un despliegue militar en aguas internacionales del Caribe, próximas al país suramericano, que derivó en el bombardeo, entre septiembre y diciembre, de unas 35 embarcaciones y la incautación de varios buques petroleros sancionados como parte de una operación que la Casa Blanca defendió como una acción antidroga y que Caracas denunció como una «amenaza» para apropiarse de las reservas petroleras del país y provocar un «cambio de régimen».
Este escenario se trató de propiciar finalmente con los ataques a la capital y a los estado La Guaira, Aragua y Miranda, que incluyeron infraestructuras militares estratégicas de Venezuela, dejando un saldo de más de 100 muertos entre civiles y miliares, e igual número de heridos y la captura del presidente Maduro y la primera dama, como parte de una acción unilateral estadounidense que rompe con el derecho internacional.
Tras perpetrarse los bombardeos , Trump, en un discurso dirigido a la nación, conectó directamente la acción con el interés estratégico de Washington en los recursos naturales venezolanos.
El republicano afirmó que las grandes compañías petroleras estadounidenses invertirán miles de millones de dólares para «arreglar la infraestructura petrolera» de Venezuela y comenzar a «ganar dinero para el país».
Además, pese a que supone a una violación a todos los estatutos del Derecho Internacional. Trump aseguró que Estados Unidos tiene pretensiones de quedarse en Venezuela y dirigirla hasta «que tenga lugar una transición adecuada» y amenazó incluso con lanzar un segundo ataque, «mucho más grande, si es necesario».
Escenario político en Venezuela tras el secuestro de Maduro
Tras el vacío de poder que ocasionó la ausencia forzada del mandatario venezolano, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) designó a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, como presidenta encargada a, quien a su vez fue respaldada por los integrantes del Gobierno, y por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que juró lealtad al hilo constitucional.
Posteriormente fue juramentada por la Asamblea Nacional (Congreso) y anunció la creación de una “comisión de alto nivel para gestionar, en los ámbitos político y jurídico, la liberación de Maduro y Flores, quienes tras su secuestro fueron trasladados a EE.UU., donde se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, a la espera de un juicio por supuesta «conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos».
Ambos comparecieron el pasado lunes 5 de enero ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en Manhattan, donde se declararon inocentes de los cargos federales.
Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en 300,000 millones de barriles, por lo que se encuentra en el centro de la geopolítica energética mundial. Su crudo pesado, especialmente el proveniente de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) Hugo Chávez, ha abastecido refinerías optimizadas para dicha materia prima, incluidas las ubicadas a lo largo de la costa estadounidense del Golfo de México, por lo cual Washington ha considerado a Venezuela un interés estratégico.
El nuevo escenario ha intensificado la atención sobre el futuro del crudo venezolano y el papel de las compañías estadounidenses en su explotación.
Acuerdo de petróleo: hasta 50 millones de barriles
Trump anunció que el gobierno encargado de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez tras 3l secuestro de Maduro, acordó entregar a Estados Unidos hasta 50 millones de barriles de petróleo de “alta calidad” que serían comercializados en el mercado de la nación norteamericana.
A través de una publicación en su red Truth Social indicó que “al menos 100 mil millones de dólares serían invertidos por las grandes petroleras» de su país.
Según el magante, los ingresos de estas ventas, calculados potencialmente en miles de millones de dólares, serían administrados bajo su supervisión para “asegurar” que beneficien tanto a la población venezolana como a la estadounidense.
Apenas cinco días después de que ordenara el ataque contra Venezuela, el republicano convocó a una reunión con los principales ejecutivos de al menos 17 compañías del sector petrolero y energético en la Casa Blanca, que contó con la asistencia de ejecutivos de Exxon Mobil, Chevron, Halliburton, Repsol, Shell y ConocoPhillips.
Desde la admiración del ultraderechista señalaron que se trataba de “una instancia inicial de diálogo con el sector privado” para analizar “la enorme oportunidad” que se presenta para las petroleras ante los cambios recientes en Venezuela.
Durante su reunión con los empresarios petroleros, Trump les advirtió que deben relacionarse estrictamente con las autoridades de Estados Unidos para explotar el petróleo en Venezuela y no con el gobierno de ese país.
«Tienen completa seguridad», aseveró Trump a los directivos. «Están tratando directamente con nosotros y no con Venezuela en absoluto. No queremos que traten con Venezuela», dijo.
«Nuestras gigantescas compañías petroleras gastarán al menos 100.000 millones de su dinero, no del gobierno (de EE.UU). No necesitan dinero del gobierno. Pero necesitan protección gubernamental», añadió.
El inquilino de la Casa Blanca calificó a los asistentes a la cita como las “personas más importantes del mundo” en el sector petrolero. Así mismo, les aseguró que si no quieren entrar en el negocio del petróleo venezolano, otras compañías le han pedido participar en su lugar.
Asimismo, tras haber amenazado con otro ataque contra Venezuela, el mandatario estadounidense manifestó que tienen una buena relación con el gobierno interino de Delcy Rodríguez tras el secuestro de Nicolás Maduro.
Señaló que la garantía de seguridad vendría de trabajar con los líderes venezolanos y su gente, en lugar de desplegar fuerzas estadounidenses. También dijo que las compañías «traerían algo de seguridad».
“Nos estamos llevando tan bien con las personas que representan a Venezuela que no creo que sea necesario llevar a cabo la segunda fase (de la intervención militar). Estábamos planeando una segunda fase… pero tenemos una cantidad enorme de los barcos más poderosos del mundo justo allí. Y, francamente, la gente en el país hizo lo correcto; fueron muy inteligentes”, aseguró Trump, quien ha reconocido en varias oportunidades que la opositora de extrema derecha, María Corina Machado, carece de liderazgo y respeto dentro de su propio país.
El petróleo y los recursos económicos que genera su comercialización impulsan claramente el interés de Trump en Venezuela, pero también influyen asuntos políticas más amplias. En los últimos años, la nación caribeña ha desarrollado profundos vínculos económicos con China, que se ha convertido en uno de sus principales compradore de crudo.
A pesar de la rivalidad económica y geopolítica con la potencia que representa el gigante asiáticoel inquilino de la Casa Blanca indicó que prepara un acuerdo para tener concesiones relacionadas al petróleo de Venezuela.
En medio de un vuelo en el Air Force One hacia su residencia de Mar a Lago, el republicano, dijo a la prensa: «China es bienvenida y llegará a un acuerdo muy importante sobre el petróleo. India está llegando y comprará petróleo venezolano, en lugar de comprarlo a Irán. Ya hemos cerrado el acuerdo, el concepto de ese acuerdo».
A la par, anunció un acuerdo con India para que ese país compre petróleo de Venezuela, en lugar de adquirirlo a Irán.
“India está entrando en el mercado y va a comprar petróleo venezolano, en lugar de comprarlo a Irán. Así que ya hemos cerrado ese acuerdo y damos la bienvenida a India para que venga y compre petróleo”, declaró el mandatario.

Despojo de Citgo
Estados Unidos decidió prorrogar hasta el próximo 20 de marzo una licencia que protege al refinador Citgo Petroleum, filial y principal activo en dicho país de la estatal venezolana Pdvsa, de sus acreedores, según un aviso publicado el lunes en el sitio web del Departamento del Tesoro.
Según medios como la cadena CNN, se prevé que la refinería con sede en Houston sea adquirida por una filial del fondo de cobertura Elliott Investment Management, tras una orden de venta dictada por un juez a finales de 2025 como parte de la subasta ordenada por el tribunal de su matriz PDV Holding para pagar miles de millones de dólares a acreedores vinculados a Venezuela.
Sin embargo, la empresa que resulte ganadora de la subasta requiere que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro otorgue su visto bueno y levante la licencia de protección para que la orden de venta se pueda ejecutar al 100%.
Hasta el momento el organismo no se ha pronunciado sobre el caso, justo cuando Trump intenta controlar la industria energética de Venezuela.
La red de refinerías de Citgo, que posee una capacidad de procesar 830.000 barriles por día, sigue estando supervisada por un consejo de administración nombrado por la extrema derecha de a oposición venezolana después de que Washington impusiera sanciones a Venezuela en 2019, lo que provocó la separación de Citgo de su matriz, Pdvsa.
A principios de diciembre de 2025El Gobierno de Venezuela calificó como un “vulgar y bárbaro despojo” la decisión de un tribunal federal de Estados Unidos (EE.UU.) que avala la venta forzosa de Citgo.
En aquella ocasión, como vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, leyó un pronunciamiento oficial donde denunció que este acto constituye un “nuevo episodio de la agresión multiforme que se ejecuta desde los Estados Unidos contra Venezuela”.
Rodríguez aseguró que Pdvsa y el Estado venezolano “fueron intencional e ilegalmente excluidos del proceso”, negándoseles el derecho a la defensa bajo la “grosera excusa” del desconocimiento del gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro, quien fue el vencedor de los comicios realizados en julio de 2024.
A través del comunicado, el EJecutivo indicó el despojo se ejecutó “en complicidad” con figuras de la oposición radical, como María Corina Machado, Edmundo González Urrutia, Juan Guaidó, Julio Borges, Carlos Vecchio y José Ignacio Hernández, identificándolas como parte de un “grupo de delincuencia organizada”. que, desde la autodenominada Asamblea Nacional de 2015, pretendió usurpar la representación del país para dejarlo indefenso ante el “robo descarado” perpetrado por Washington.
“Venezuela reitera que no reconoce ni reconocerá la venta forzosa de CITGO”, afirmó Rodríguez, adelantando que el Gobierno adoptará “todas las medidas a su disposición” para llevar ante la justicia, incluyendo la responsabilidad internacional, a todos los promotores y ejecutores de este saqueo
El fallo, emitido por el juez Leonard P. Stark en Delaware, autoriza la venta de CITGO por 5.900 millones de dólares a la empresa Amber Energy, una cifra que analistas consideran muy por debajo de su valor real, estimado entre los 11.000 y 13.000 millones. Expertos venezolanos describen el proceso como una “trácala” jurídico-política.
El profesor y analista Werther Sandoval explicó el mecanismo: tras el reconocimiento en 2019 por la administración Trump de un gobierno paralelo presidido por el autoproclamado Juan Guaidó, “el parapeto [gobierno de Guaidó] disparó [la deuda] a 23.600 millones para hacerla impagable y con ella exacerbar la hambruna crematística de los acreedores para demandar y apropiarse de Citgo”.
En conversación con TeleSUR, Sandoval señaló que esta estrategia violó el principio del alter ego o velo corporativo, que protege a una subsidiaria de las deudas de su matriz, y recordó que “previo a la usurpación de Guaidó, Citgo jamás estuvo sobre endeudada… Venezuela incluso hasta 2019, antes de la autoproclamación, cumplía cabalmente con sus compromisos de pago”.
A su juicio, la toma ilegal de la junta directiva por parte de figuras afines a derecha radical, como Luisa Palacios y Carlos Jordá, allanó el camino para que los acreedores buitre presentaran demandas masivas en cortes estadounidenses.
Asimismo, el académico advirtió que «toda relación y acuerdo de EE,UU. con Venezuela estarán marcados por el antecedente de haberse robado CITGO, un acto delictual que estará siempre latente… generando desconfianza y elevando los costos de cualquier negociación bilateral».

Sanciones a Venezuela juegan en contra de Trump
A través de una columna de opinión Sandoval señaló que las sanciones impuestas por Washington contra Venezuela le dificultan a Trump captar inversiones petroleras para el país caribeño.
El analista planteó que los obstáculos para invertir en el sector petrolero venezolano nunca han sido colocados por Caracas, sino directamente por la Casa Blanca,
Tras el ataque del 3 de enero, la administración del republicano levantó algunas de las sanciones impuestas desde 2017, para permitir que el petróleo venezolano pueda ser comercializado en los mercados internacionales.
Estas medidas coercitivas unilaterales petroleras abarcan áreas técnicas, comerciales o financieras que impiden la venta de petróleo en EE.UU. y en otros países, el uso de los mercados financieros estadounidenses para tramitar pagos del petróleo o para comercializar los bonos de deuda de Pdvsa, y el impedimento del envío de componentes como diluentes para mejorar el petróleo pesado y extrapesado.
Las medidas también impiden que otras gigantes del ramo como la italiana Eni, la española Repsol y la estadounidense Global Oil Terminals sean autorizadas por el Tesoro estadounidense para operar en Venezuela bajo un esquema de licencias.
A juicio de Sandoval «Trump está atragantado» y señaló que su norte es enfrentar por todos los medios el altamente competitivo avance económico, tecnológico y geopolítico de China, «para lo cual necesita controlar el vital líquido energético que mueve el mundo, del cual Venezuela posee 303.400 millones de reservas probadas, suficiente para satisfacer, ella sola, al mundo, por 8 años».
En su análisis planteó que las acciones políticas hasta ahora adoptadas por el republicano no solo tienen como norte controlar el petróleo tomando en consideración que V»enezuela apenas aporta 2% de todo el crudo que la gran nación asiática importa».
«El mensaje es decirle a cada país del mundo que EEUU ejercerá dominio sobre quien vende y quien compra los recursos vitales que, discrecionalmente, figuran en el menú de sus intereses de seguridad nacional En otras palabras, la estrategia no es hacer EEUU grande otra vez por su capacidad para producir y ofertar de manera oportuna y eficiente productos y servicios de alta calidad a bajos precios. En ganarse el mercado haciendo uso del poder militar», apuntó.
Ley de soberanía y reactivación petrolera
El pasado jueves, la Asamblea Nacional (de Venezuela aprobó la reforma a la Ley de Hidrocarburos, con la finalidad de impulsar la apertura del sector petrolero al capital privado. Desde el gobierno interno de Delcy Rodríguez calificaron esta medida como un paso histórico hacia la reactivación de la industria y la atracción de inversiones extranjeras.
Las modificaciones buscan incorporar nuevos mecanismos de exploración, explotación y comercialización de petróleo y gas natural.
De acuerdo con Rodríguez, la reforma reafirma “la soberanía sobre nuestros recursos energéticos” y permitirá un “salto cualitativo” en la construcción de bienestar para los venezolanos, aprovechando las mayores reservas de petróleo del mundo.
“Las venezolanas y venezolanos estamos felices de estar acá, de haber firmado esta ley para que entren en plena vigencia, entregada hoy de las manos de los diputados y diputadas de Venezuela, para que esas grandes reservas petroleras sean, definitivamente y para siempre, la felicidad de nuestro pueblo”, señaló la mandataria interina
Asimismo, señaló que la reforma refleja la visión de futuro del presidente Nicolás Maduro. “Esta ley fue estudiada junto al presidente Maduro. Presidente Maduro, estamos cumpliendo con usted y con la primera combatiente”, afirmó.
Rodríguez destacó la importancia de esta reforma como un “primer paso” para demostrar que una Venezuela unida es posible y extendió palabras de agredicimiento a los sectores de la oposición que apoyaron la reforma, así como el respaldo de los representantes del chavismo en la Asamblea Nacional.
“Es la primera ley que ha sido votada por unanimidad en la Asamblea Nacional. Simboliza la unión y cohesión nacional”, dijo.
La reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos modifica 18 artículos del marco jurídico que regula la industria petrolera nacional. Esta reforma, de acuerdo al Gobierno venezolano, responde a la necesidad de modernizar el sector energético, atraer inversión tecnológica y capital, y reactivar la producción tras años de haber sufrido del impacto de medidas coercitivas unilaterales impuestas contra el país scaribeño.
En el centro de la reforma está el artículo 22, que en la ley anterior establecía que la exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento de hidrocarburos eran actividades primarias que solo el Estado venezolano y las empresas con participación estatal mayor al 50 % podían encarar.
En el texto dicho artículo es modificado para habilitar a las empresas privadas sin participación estatal pero domiciliadas en Venezuela a realizar estas mismas actividades.
La modificación incluye un nuevo artículo (el 36°) que establece que en aquellas empresas mixtas donde la participación estatal sea mayor del 50 % los socios minoritarios no estatales podrán tener un rol preponderante en las actividades, que pueden incluir la comercialización del petróleo.
De acuerdo con el propio presidente de PDVSA, Héctor Obregón. la nueva ley “consolida un marco jurídico fortalecido que impulsa la producción, atrae inversión y garantiza la soberanía energética”.

Venezuela recibe ingresos petroleros y crea dos fondos soberanos
El pasado 21 de enero, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el ingreso de US$ 300 millones al país “producto de la venta del petróleo”, luego de que Washington anunciara un acuerdo de venta de crudo del país suramericano por US$ 500 millones.
“De los primeros 500 millones, han ingresado 300 millones”, afirmó Rodríguez durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
Una semana antes, la mandataria interina había anunciado la creación de dos Fondos Soberanos para asegurar y proteger los ingresos provenientes del petróleo, con la finalidad de que fueran destinados principalmente a la protección social y el desarrollo de sectores estratégicos en Venezuela.
Durante la presentación del Mensaje Anual a la Nación, realizado en el Palacio Legislativo, explicó que el primero de ellos estará dirigido cuidar los ingresos de los trabajadores y trabajadoras, a la salud, educación, alimentación y viviendas, mientras que el segundo promoverá el fortalecimiento de áreas vitales como: electricidad, agua y vialidad.
«Cualquier divisa que ingrese irá a dos fondos. Instruyo a la Vicepresidencia de Economía y al Ministerio de Economía y Finanzas la creación de dos Fondos Soberanos. el primer Fondo Soberano será de protección social para mejorar el ingreso de nuestros trabajadores y de nuestras trabajadoras, para que las divisas vayan directamente a los hospitales, a las escuelas, a la alimentación y a las viviendas e instruyo la creación del Fondo Soberano de Infraestructura y Servicios para el desarrollo económico y social y esas divisas vayan para el agua, la electricidad y la vialidad», detalló.
«Los recursos desbloqueados irán al fondo soberano destinado a garantizar la protección social del pueblo», señaló.
Rodríguez anunció además que se habilitará una aplicación digital para que los ciudadanos puedan monitorear los proyectos en ejecución y los ingresos reportados: «Habrá una aplicación donde cualquier ciudadano verá los proyectos que se están ejecutando y los ingresos que allí se están reportando».
Asimismo, confirmó el establecimiento de canales diplomáticos con el Gobierno de Estados Unidos, destacando una agenda de trabajo basada en el diálogo.
«Hemos planteado que nuestras diferencias sean resueltas a través del diálogo diplomático», expresó, al tiempo que reconoció la existencia de comunicación con el presidente Donald Trump y el Secretario de Estado Marco Rubio bajo principios de respeto y cortesía.
No obstante, reiteró la postura soberana del país: «El pueblo de Venezuela no acepta órdenes de ningún factor externo».
Un mes después del secuestro de Maduro, el panorama en Venezuela es complejo, mientras que la administración de Donald Trump intenta bajo presiones y amenazas controlar el sector petrolero para que esté alineado con los intereses de Washington, el gobierno del país caribeño, con Delcy Rodríguez a la cabeza busca velar porque los ingresos provenientes de las exportaciones de crudo se traduzcan en seguridad social y mejoras para la calidad de vida del pueblo venezolano.

