Una investigación de CIPER reveló que la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados aprobó 60 indicaciones a la nueva Ley de Pesca presentadas por Sergio Bobadilla (UDI) que reproducen textualmente un informe de la gremial empresarial Sonapesca y que bordan aspectos relevantes sobre sanciones y facultades de fiscalización de la autoridad marítima.
El presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados, Matías Ramírez (PC), calificó de «grave» que la Secretaría General de la Cámara no haya enviado al Ministerio Público los antecedentes correspondientes a la denuncia de que el diputado Sergio Bobadilla (UDI) presentó 211 indicaciones que reproducían textualmente un informe de la gremial empresarial Sonapesca.
Esta situación salió a la luz tras un reciente artículo publicado por el Centro de Investigación Periodística (CIPER), que tras revisar 87 sesiones legislativas, constató que la instancia parlamentaria ha aprobado exactamente 60 de esas indicaciones presentadas por Bobadilla, las cuales han modificado 42 artículos del proyecto de nueva Ley de Pesca.
Los hechos reavivan las sombras del «caso Corpesca», que terminó con condenas por cohecho y fraude al fisco, y ponen bajo lupa un proceso legislativo que busca reemplazar la cuestionada «Ley Longueira», que fue impulsada en el primer Gobierno de Sebastián Piñera e investigada por cohecho, fraude y financiamiento ilegal de campañas , tras comprobarse que en su trámite legislativo hubo sobornos a parlamentarios con casos emblemáticos como las condenas al exsenador Jaime Orpis y a la exdiputada Marta Isasilas, ambos de la UDI.
Según la investigación de CIPER. las indicaciones aprobadas por la Comisión son un «copy-paste» de un informe de 226 páginas encargado por Sonapesca a la consultora Acuiestudios, e impactan áreas sensibles de la normativa: gestión de cumplimiento y régimen sancionatorio, procedimientos administrativos e institucionalidad pesquera.
Frente a esta situación, el diputado Ramírez cuestionó en primer lugar la conducta del parlamentario de derecha.
«Una vez efectuada la denuncia en la Comisión respecto a las indicaciones presentadas por el diputado Bobadilla, que tienen un origen evidente en la industria, él jamás las retiró. Eso significó que se debió proceder a la votación de estas indicaciones en muchos casos», afirmó en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.
En segundo término, el parlamentario comunista apuntó a la responsabilidad política en la aprobación de estas propuestas. «Muchas de estas indicaciones fueron aprobadas solamente con los votos favorables de la derecha, que lamentablemente tiene una mayoría circunstancial en la Comisión; toda vez que parlamentarios del Biobío, de distintos sectores, particularmente la DC, como es el caso de Eric Aedo, han votado muchas veces a favor de este tipo de indicaciones», explicó.
No obstante, el núcleo de su crítica apunta a una aparente omisión institucional, ya que tras conocerse las irregularidades la Secretaría de la Cámara no envió al Ministerio Público los antecedentes correspondientes.
«Lo que sí me parece grave es que una de las solicitudes que se había hecho a la Secretaría General de la Cámara era entregar estos antecedentes al Ministerio Público. De acuerdo a los antecedentes que se han expuesto esto jamás se realizó, y eso sí me parece una cuestión grave y que hay que pesquisar, porque fue una solicitud expresa y uno de los acuerdos que tuvo la Comisión de Pesca en esa sesión donde se denunció lo de las 211 indicaciones copiadas de Bobadilla a la industria», advirtió Ramírez.
Este «copy-paste» legislativo no es un hecho aislado, sino la consolidación de una práctica revelada en 2024, cuando CIPER documentó que Bobadilla, junto a otros diputados, presentó el paquete inicial de 211 indicaciones copiadas del documento gremial. De aquel total, el 76% era una copia textual. Con el avance de la tramitación, ahora se verifica que 60 de las propuestas de Bobadilla han alterado el articulado. Entre los cambios emblemáticos está la modificación al artículo N°279, sobre infracciones graves, donde el diputado logró que se aprobaran al menos nueve enmiendas extraídas literalmente del informe de Sonapesca en sesiones de octubre y noviembre de 2024.
Otro caso significativo es el artículo N°362, sobre facultades del Sernapesca. Una indicación de Bobadilla, calcada de la gremial, eliminó un párrafo que otorgaba a los funcionarios del Servicio y de la Armada «la calidad de ministros de fe» en su labor fiscalizadora, debilitando el respaldo legal a sus actuaciones. Asimismo, en el artículo N°360, sobre transparencia, impulsó –tal como proponía Sonapesca– eliminar la obligación de publicar en línea el listado de armadores industriales y naves autorizadas.
Consultado por CIPER sobre esta nueva evidencia, el diputado Bobadilla declinó comentarios. Sin embargo, en el pasado ha reconocido abiertamente el origen gremial de sus propuestas. En una sesión del 14 de agosto de 2024, al presentar una enmienda, declaró: «Quiero decir que esta indicación no es mía, me la han hecho llegar importantes dirigentes de la pesca industrial y también de la pesca artesanal. Por lo tanto, yo la he hecho mía, pero el autor intelectual de esta indicación no soy yo y por eso la voy a votar a favor».
Por su parte, el diputado Eric Aedo (DC), miembro de la comisión, aseguró que «toda situación que resulte dudosa en la forma en que se está tramitando una Ley de Pesca tiene que ser investigada». Respecto a una posible acción de la Fiscalía, señaló: «habíamos entendido que se había iniciado una investigación de oficio por parte de la Fiscalía, pero al parecer eso quedó en nada o por lo menos no tengo antecedentes». Aedo también defendió los intereses de la pesca industrial en su región –»en la región del Biobío son miles los empleos que están ligados a la pesca industrial»– y proyectó un futuro complejo para el proyecto bajo la administración del presidente electo, José Antonio Kast (Partido Republicano).
«Esta ley aún sigue en tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados y veo muy difícil su tramitación en el próximo periodo legislativo, porque creo que no va a contar con el apoyo del Poder Ejecutivo que asumirá a partir del 11 de marzo», afirmó.
Ramírez, por su lado, expresó sus dudas sobre si la tramitación de la nueva Ley de Pesca podrá concluir antes de que finalice la actual administración del presidente Gabriel Boric.
«Nosotros hemos tratado de realizar un trabajo que permita generar cambios sustanciales a la Ley Longueira. Lamentablemente, en este gobierno va a ser imposible poner término a la tramitación de este proyecto de ley. Esperamos que la nueva Comisión de Pesca, que tiene que seguir conociendo esta materia, tome una decisión respecto a ese futuro», indicó.
La investigación de CIPER planteó que el número de indicaciones aprobadas por «copy-paste» «podría aumentar cuando el debate legislativo avance hacia las normas transitorias del proyecto, donde –según fuentes vinculadas a la tramitación– se define parte sustantiva de la nueva Ley de Pesca», dejando abierta la puerta a que la huella del texto gremial se expanda aún más en la futura normativa que regulará un sector históricamente marcado por el tráfico de influencias.
