Por Matías Bosch Carcuro
En el salón que aloja las sesiones y apariciones mediáticas de Bukele frente a su gabinete enfrente, y que está encabezado por el retrato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, asesinado en la capilla de El Hospitalito por los escuadrones de la muerte en 1980, y canonizado santo en 2018, comparecieron el presidente de El Salvador y José Antonio Kast, defensor del régimen de escuadrones de la muerte en Chile y que asumirá en un mes la presidencia del país en que, bajo el mando de Pinochet, se asesinó al menos a 5 sacerdotes: Joan Alsina, Miguel Woodward, André Jarlan, Antonio Llidó y Gerardo Poblete.
En la «conferencia de prensa», un verdadero monumento a la complacencia periodística con el poder, una periodista chilena inquirió al gobernante salvadoreño por las «críticas sobre violaciones a los derechos humanos».
La respuesta de Bukele ha servido para producir decenas de videos virales demostrando su capacidad retórica y firmeza para dejar callados a los detractores, incluyendo los de la prensa.
Pero nadie que conozca el método Bukele podría quedar «madrugado» con lo ocurrido. Mas bien podría, incluso, preguntarse si se trata de una pregunta preparada.
Ello se debe a que Bukele lleva años respondiendo con lo mismo a la misma pregunta, y la verdad es que le acomoda bastante y le permite validar en público la teoría de un Leviatán centroamericano mezclado con influencer, que dejó la gorra al revés por un traje de mariscal transmitido en streaming.
La fórmula de Bukele es muy simple y es la conjunción de varias falacias: primero, diluye los «derechos humanos» en una especie de idea moral, en lugar de una normativa; segundo, la coloca al nivel de relaciones entre individuos, cuando es una obligación del Estado ante las personas; tercero, le sustrae todo su cuerpo político, económico y social; cuarto, invierte la discusión para poner la carga de la prueba en «organismos internacionales» y «periodistas»; y quinto, como es un criterio moral general, que no obliga al Estado y es un arma política del enemigo, él, cual monarca, elige ponerse de la lado «de la gente de bien», que estaba indefensa hasta su llegada.
Para ello, Bukele necesita además una cosa: crear con los «pandilleros presos por asesinatos» lo que Foucault llamó el «monstruo político», aquella figura cuya humanidad desaparece y encarna todos los males y en su contra se justifican el empleo de todas las fuerzas, sin importar consecuencias y ante lo cual cualquier matiz es duda y amenaza. A la vez, quien hable en su nombre pasa a ser un cómplice del monstruo, un traidor, contra el cual arremeter.
El «pandillero de Bukele» es el «haitiano ilegal» de Abinader, el «agente enemigo extranjero» de Trump y ICE, y el «degenerado fiscal» y «zurdo kirchnerista» de Milei.
No hay nada nuevo en esta fórmula. Es la vieja consigna que usó la tiranía argentina con su campaña «Los argentinos somos derechos y humanos». Bukele, astutamente, no niega que estos derechos existan, solo que son un decálogo de buenas intenciones, una especie de mandamientos y, en un mundo de buenos y malos, y recursos limitados, hay que elegir. Y él tiene el deber y la sabiduría para hacerlo.
Ponerle colchón o no, comida o no, torturar con luz natural y artificial 24 horas, de las cuales solo 1 es sin encierro, sería, según las falacias de Bukele, tener que desfinanciar escuelas y hospitales pediátricos. Y privilegiar monstruos. La dramática historia de la madre y la joven sin brazos y manos es posiblemente la más usada a lo largo de los años para llevar contra el paredón moral a periodistas y adversarios de turno.
La verdad es que si la periodista o cualquiera en su rol quisiera interpelarlo por ello, tendría que ir más allá del dilema falaz de «tener encerrados a los asesinados o a la gente decente». Ese es un marco tramposo desde el inicio.
Junto a los derechos de las personas condenadas por delitos de asesinato, tendría que preguntarle sobre la cantidad de personas con prisión sin juicio, por las personas que están acreditadas como prisioneros sin ningún cargo de asesinato y ni siquiera por delito alguno y solo por disposiciones de un policía, de un fiscal o de un juez en juicios express y colectivos, donde se juzga al mismo tiempo a 500 personas.
Tendría que preguntarle por las serias acusaciones de negociaciones con las maras para mostrar resultados en encarcelados y disminución de homicidios; las razones de los regímenes de torturas y, sobre todo, cómo de la guerra contra las pandillas se pasó a un presidente habilitado para la reelección permanente y que lleva 4 años gobernando por decreto, bajo Estado de Excepción, sin oposición política ni sindical y controlando al poder legislativo y al poder judicial.
Tendría que preguntarle por cómo se ha convertido en el jefe de un gobierno todopoderoso, rodeado de militares con capas negras y ametralladoras de asalto, que puede intervenir la Asamblea Legislativa cuando «Dios le hable» y con soldados armados.
Habría que cuestionar por qué solo en 2025 hubo 43 periodistas que salieron al exilio, y qué hace para defender a los salvadoreños víctimas de ICE mientras se ríe a carcajadas con Trump en la Oficina Oval por personas deportadas ilegalmente que «recibe» y oculta en sus cárceles para «terroristas».
Y, al final, la pregunta por los derechos humanos debería superar el fetiche liberal al que ha sido reducida esta normativa, y cuestionar en qué ha servido todo esto para el 26% de la población salvadoreña viviendo en la pobreza (según su propio Banco Central) y por qué, según el World Inequality Database, en El Salvador pasan los años y la desigualdad no se mueve: el 50% de la población no llega al 5% de la riqueza nacional y el 10% más rico (del cual él y su potentada familia son parte) tiene asegurado por encima del 59%.
La normativa de Derechos Humanos no impide perseguir el crimen, solo exige a los Estados que garanticen el debido proceso y condenas confiables a las personas juzgadas y acusadas (artículo 11). Relativizarlo no es dar fuerza sino relativizar los límites del poder de un régimen. A la vez, son muchísimo más que saber que hay unos cuantos miles de presos a perpetuidad en una cárcel que funciona como zoológico humano para el exhibicionismo de políticos de ultraderecha en campaña electoral.
Y, claro está, para terminar: la pregunta podría haber incluido al propio Kast, dado que hablaba sobre cómo tomar las ‘buenas experiencias del CECOT» en el trato rudo y despiadado a terroristas y asesinos, en la inexistencia de beneficios carcelarios y los «derechos de las víctimas», y explicara, de una vez, por qué sigue cabildeando por beneficiar a indultar al criminales y terroristas de Estado pasados y presentes, incluyendo a policías que dejaron a personas sin ojos y figuras que dirigieron asesinatos masivos.
El escenario era el ideal. La oportunidad, una vez más, se perdió y la comodidad prevaleció.
Matías Bosch Carcuro
