Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) bajo el gobierno de Javier Milei, ha sido procesado por presunto cobro de sobornos, fraude al Estado y asociación ilícita. La justicia determinó que la institución fue «cooptada» y utilizada como una vía de enriquecimiento personal mediante licitaciones digitadas, actuando en detrimento del cuidado de las personas con discapacidad.
En un fallo que expone una trama de corrupción que afecta los derechos más vulnerables, el juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de Argentina, Diego Spagnuolo, y a otras 18 personas por integrar una “asociación ilícita” que desvió fondos públicos destinados a personas con discapacidad, madres con más de siete hijos y adultos mayores en situación de pobreza.
La resolución describe un esquema planificado de enriquecimiento ilícito, que operó en paralelo al ajuste presupuestario en el área, donde se detectaron sobreprecios en medicamentos que alcanzaron el 1.960,48 por ciento.
“Una agencia que fue pensada para asegurar el derecho a la salud y bienestar a personas con discapacidad, madres con más de siete hijos, mayores de setenta años en situación de pobreza, entre otros, se convirtió en una oportunidad de rápido enriquecimiento ilícito del grupo que la dirigió, a costa de los fondos públicos que debían garantizar aquellos derechos esenciales”, definió el magistrado en su resolución.
El período investigado, entre fines de 2023 y octubre de 2025, coincide con la decisión del Gobierno «libertario» de recortar fondos para discapacidad y desconocer la emergencia votada en el Congreso, recién reglamentada con resultados inciertos.
Según Casanello, basado en los antecedentes presentados por el fiscal Franco Picardi, la ANDIS fue “cooptada” de manera planificada y “empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.
La estructura delictiva y los cómplices
La organización ilícita no solo incluyó a exfuncionarios de la gestión libertaria de distintos rangos que operaban desde dentro del organismo, sino también a personas que habían cumplido funciones con anterioridad y pasaron a trabajar para intereses privados del mundo de la salud, más un grupo de particulares vinculados a cuatro droguerías sistemáticamente favorecidas en adjudicaciones arbitrarias.
Estas droguerías –Profarma, Génesis, New Farma y Floresta S.A.– estaban relacionadas por distintas vías con el lobbista y empresario Miguel Ángel Calvete, uno de los jefes de la asociación ilícita junto a Spagnuolo, Daniel Garbellini (extitular de acceso a los Servicios de Salud) y Pablo Atchabahian, quien ocupó el mismo cargo que Garbellini durante el gobierno de Mauricio Macri.
El fallo sugiere que la trama podría tener ramificaciones más altas. “El esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos” hasta ahora probados, señaló Casanello.
“La extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades”, señal{o en su fallo.
Esta advertencia judicial resuena con los audios de Spagnuolo –no utilizados en esta resolución– donde aparecían mencionados directamente a Karina Milei, la secretaría general de Presidencia y hermana del mandatario y Eduardo “Lule” Menem, asesor presidencial.
Según consignó Página/12, las referencias a funcionarios de la Casa Rosada aparecen de forma indirecta en chats de WhatsApp. Por ejemplo, cuando Spagnuolo designa a Daniel Garbellini en junio de 2024, Patricio Rama, uno de los dueños de las droguerías involucradas, envía un mensaje con un dibujo de planetas alineados. Ese “alineamiento” se refleja en un mensaje de Pablo Atchabahian a Calvete: “Che Miguelito, ahí recién me llamó Dani (Garbellini), que estuvo con el pelado (Spagnuolo) charlando y también le comentó lo mismo que te comentó a vos de Caputito y que, bueno, la misma sensación. Así que, bueno, ya se lo informé al ‘Helvético’; ya está al tanto de todo. Me dijo que hoy mismo se lo iba a informar a Rioja (¿Menem?) así que estamos todos alineados en la misma”.
En otros mensajes, Mariano Caballi hablaba de “llegar a Karina” que “es la que define todo”.
Mecanismo del desfalco: sobreprecios y droguerías privilegiadas
El centro de la asociación ilícita se basó en las adjudicaciones directas y restringidas a las cuatro droguerías. Profarma y Génesis se quedaron con el 93,11% de las adjudicaciones “especiales” de ANDIS entre julio de 2024 y agosto de 2025, donde la competencia de precios era solo aparente. New Farma y Floresta S.A. obtuvieron el 51,67% de las adjudicaciones en 2025 en el rubro de implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados. Solo las dos primeras facturaron más de 30.000 millones de pesos argentinos.
La investigación reveló que las licitaciones incumplían requisitos elementales de publicidad –nada se publicaba en el portal oficial “compra.ar”– y que Luciana Ferrari, ex empleada de ANDIS que luego trabajaba para el laboratorio Roche, tenía una clave para ingresar al Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIAP), desde donde se organizaban estas adjudicaciones arbitrarias.
Remodelación, viajes y dólares en efectivo
A contramano de lo declarado ante la justicia, el juez determinó que Spagnuolo no solo veía pasar las coimas, sino que era parte activa del entramado. “Ha podido reconstruirse que el funcionario recibió importantes sumas de dinero -tanto en efectivo como en especie- que le fueron suministradas, directamente y según la necesidad, por el propio Calvete”, dictaminó Casanello.
Además de solicitar cinco millones de pesos en efectivo para un viaje a Israel, se demostró que Calvete saldó deudas de Spagnuolo con un mueblero, pagando a través de la empresa Indecomm SRL sumas de 1.500.000, 3.448.000 y 5.021.500 pesos.
Otro de los símbolos del enriquecimiento ilícito es la ampliación de la “galería con parrilla” en la vivienda de Spagnuolo.
El arquitecto Fabián Andrés Urroz declaró que “la obra estaba presupuestada en aproximadamente 51.000.000 de pesos. El cliente no abonó todo. En ese sentido, recibimos un anticipo en concepto de acopio de USD 20.000, en ese momento equivalente a $26.600.000. Luego el 27 de septiembre de 2024 recibimos USD 10.000… Me pagó en efectivo y en dólares”.
El juez estimó que el gasto total de la obra, incluyendo complementos, pudo rondar los 40.000 dólares, todos con fondos de origen ilícito, señaló Página/12.
En el allanamiento al domicilio de Ornella Calvete, hija del lobista y empleada del Ministerio de Economía, se incautaron 700.000 dólares, casi 20 millones de pesos y 1.960 euros. Ella también fue procesada, y en chats reproducidos en la causa se la vio ofreciendo productos de su padre al Estado: “Quedate tranquilo porque de Profarma no nos van a cagar, porque es mi viejo”.
Los procesados y los embargos
El juez procesó por asociación ilícita (en calidad de jefes de la red), negociaciones incompatibles y defraudación agravada a Spagnuolo, Calvete, Garbellini y Atchabahian. Para Spagnuolo también se probó el cohecho. El embargo dictado contra el exjefe de ANDIS es de 202.828.725.464 pesos, el más alto de la lista. El más bajo, pero aún millonario, es para Guadalupe Muñoz, pareja de Calvete: 94.773.204.489 pesos.
La lista de procesados incluye a exfuncionarios como Eduardo Nelio “Pino” González, Diego Martin D’Giano, Roger Grant y Lorena Di Giorno (esta última, de máxima confianza de Calvete y socia en algunos negocios); empresarios como Andrés Horacio Arnaudo (Génesis), Silvana Vanina Escudero y Patricio Rama (New Farma), Alejandro Gastón Acosta (Floresta) y Federico Santich (socio de Calvete); y colaboradores cercanos al lobista como Julio César Viera, Patricia Canavesio y la ya mencionada Guadalupe Muñoz.
La causa, que pronto pasará a otro juzgado federal por el fin de la suplencia de Casanello, deja al descubierto una herida profunda: la sistemática conversión de la política pública para los más vulnerables en una máquina de hacer dinero para unos pocos, mientras la administración de Javier Milei les negaba a las personas con discapacidad el pleno acceso a sus derechos.
El magistrado fue contundente: la investigación “no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados”.
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