“Experto” de empresas condenadas por colusión: 15 documentos vinculan a Quiroz con defensas ante el TDLC

El próximo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, elaboró informes, presentó modelos económicos y declaró como testigo en defensa de compañías que fueron sancionadas por los tribunales por coordinar precios en los mercados del pollo, las farmacias, el asfalto y el transporte marítimo. Una investigación de CIPER sobre cuatro expedientes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia revela 15 registros que acreditan su participación. En tres de los cuatro casos, sus conclusiones fueron desestimadas por la justicia.

Apenas se integró al equipo económico del entonces candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, el nombre de Jorge Quiroz irrumpió en la discusión pública generando críticas, ya que dentro de su hoja de vida profesional, construida durante más de dos décadas como consultor privado, destacaba su participación en algunos de los casos de colusión más graves que ha conocido Chile.

Hoy, con Quiroz ratificado como próximo ministro de Hacienda, el medio de investigación CIPER se dio a la tarea de revisar en detalle los documentos contenidos en los expedientes de los cuatro procesos sancionados por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) entre 2008 y 2019: la colusión de los pollos, de las farmacias, del asfalto y de las navieras.

El resultado de esa revisión arrojó una conclusión sostenida en 15 registros específicos —informes económicos, declaraciones judiciales, testimonios de ejecutivos de las compañías acusadas, correos electrónicos, cuadernos de apuntes y testimonios de ejecutivos— que permiten reconstruir el rol que el economista cumplió en defensa de empresas que posteriormente fueron condenadas por atentar contra la libre competencia.

Los antecedentes recopilados muestran que Quiroz elaboró informes previos y posteriores al inicio de los procesos judiciales, desarrolló modelos de proyección que fueron utilizados para la repartición de cuotas de mercado, y declaró como testigo ante el TDLC sosteniendo hipótesis que los tribunales terminarían desestimando. En tres de los cuatro casos analizados —pollos, farmacias y asfalto— sus conclusiones fueron derechamente contrarias a lo que más tarde establecerían el TDLC y la Corte Suprema.

CIPER formuló preguntas al economista sobre cada uno de estos antecedentes. Su respuesta, enviada por escrito, fue de carácter genérico: “Como ya lo he dicho anteriormente, nunca he estado vinculado ni he facilitado ni diseñado ningún esquema de colusión ni cartel. Jamás he tenido algún rol en la repartición de ningún mercado. Nunca, por lo mismo, he sido investigado por la Fiscalía Nacional Económica o el Tribunal de Libre Competencia”.

En su declaración, insistió en que su participación en estos procesos corresponde al “legítimo ejercicio de mi profesión”, en el que ha elaborado “informes técnicos en litigios económicos, tal como lo hacen muchos otros profesionales del sector privado”.

«Mi opinión como experto independiente es la que se encuentra plasmada en mis informes y modelos, los que han sido acompañados en las instancias respectivas», subrayó. 

Colusión de pollos

El caso de la colusión de los pollos es en el que la participación de Jorge Quiroz alcanza su mayor densidad documental y su vínculo más directo con los mecanismos que permitieron el acuerdo colusorio. En 2014, el TDLC determinó —mediante la sentencia 139/2014— que Agrosuper, Ariztía y Don Pollo se coludieron durante dieciséis años, entre 1994 y 2010, para repartirse el mercado de la carne de pollo a través de cuotas de producción predeterminadas. El instrumento central de esa coordinación fue un modelo de proyección de ventas encargado por la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA) al economista y próximo ministro de Hacienda.

El informe titulado “Proyección de Demanda de Carne de Pollo en Chile”, fechado en septiembre de 2008, fue elaborado por Quiroz y presentado a la APA. El documento, al que CIPER tuvo acceso, contenía proyecciones de ventas que, según acreditó la justicia, fueron utilizadas por las tres empresas para asignarse cuotas de participación en el mercado. El propio Quiroz nunca ha desconocido la autoría del modelo. Lo que la sentencia del TDLC estableció, con respaldo en múltiples pruebas documentales y testimoniales, es que ese modelo —bautizado en la industria como “el modelo Quiroz”— no era un ejercicio académico ni una proyección meramente referencial, sino una herramienta operativa para la repartición del mercado.

Un correo electrónico enviado por Marieta Vander Schot, ejecutiva de la APA, a los gerentes de las tres productoras de pollo, adjuntaba el informe de Quiroz y daba cuenta de su recepción en la industria. Pero es en las declaraciones prestadas ante el TDLC por los propios ejecutivos de las empresas donde se puede vislumbrar el rol de Quiroz.

Jorge Ariztía, gerente general de Ariztía, declaró que no solo utilizaban las proyecciones de Quiroz, sino que este también lo ajustaba cuando se requería.

A esto se suma el testimonio de Guillermo Díaz, gerente general de Agrosuper, quien afirmó que se le encargó un modelo de proyecciones de ventas a “don Jorge Quiroz” y que incluso se le solicitó una segunda versión del modelo.

María Soledad Valenzuela, gerenta del área de estudios de la APA, señaló que con ese estudio se elaboraron proyecciones de venta específicas para cada una de las tres empresas.

Sin embargo el hallazgo más potente provino de los cuadernos de apuntes de Valenzuela, incautados por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en los que se encontraron anotaciones manuscritas de reuniones sostenidas con Quiroz para discutir los detalles de su modelo. Esos apuntes, incorporados al expediente, muestran un nivel de involucramiento que excede la mera asesoría técnica ocasional.

La propia APA elaboró documentos internos titulados “Proyección 2010: Modelo estimación Quiroz” y “Proyección 2010: Estimación cierre a partir Modelo Quiroz”, que dan cuenta de cómo las proyecciones del economista se tradujeron en asignaciones de cuotas de producción.

La sentencia del TDLC planteó que “la metodología para calcular las ventas de la APA presenta características anticompetitivas y de hecho permitió la asignación de cuotas de producción entre las empresas avícolas requeridas”.

Pero la participación de Quiroz en el caso de los pollos no se agotó en el modelo de proyección de 2008. En junio de 2013, cuando el proceso judicial ya estaba en curso, Quiroz y su socio Felipe Givovich elaboraron para la APA un nuevo informe titulado “El Mercado Relevante de la Carne de Pollo en Chile”. En la introducción del documento, los autores explicitan que la APA les ha solicitado “su opinión económica independiente respecto a la conformación del mercado relevante y sus características”.

La conclusión del informe fue favorable a las empresas acusadas: «El precio doméstico se determina en función de lo que ocurre en mercados internacionales. Cabe destacar que en este tipo de mercados, restricciones en la oferta no tienen aptitud para modificar los precios en el mercado doméstico”, argumentaron», según consignó CIPER.

«El TDLC desestimó este y otros argumentos esgrimidos por las empresas avícolas, multó a las tres empresas y ordenó disolver a la APA, la asociación que pagó los informes de Quiroz. La Corte Suprema ratificó la sentencia del TDLC en 2015, con multas de US$23,3 millones para Agrosuper y Ariztía, y de US$9,3 millones a Don Pollo», indicó el medio digital.

Colusión de farmacias

El caso de la colusión de las farmacias también ocupa un lugar particular en la memoria ciudadana. Entre diciembre de 2007 y abril de 2008, las tres cadenas que concentraban el 92% del mercado —Cruz Verde, Farmacias Ahumada y Salcobrand— se coordinaron para aumentar el precio de 206 medicamentos, entre ellos anticonceptivos, antibióticos y fármacos para enfermedades crónicas como diabetes y Parkinson. El mecanismo de coordinación, que involucró a los laboratorios como intermediarios, fue calificado por el TDLC como “prueba directa de la colusión”.

Jorge Quiroz ingresó a este proceso contratado por Salcobrand. El 30 de julio de 2009 —esto es, después de que Farmacias Ahumada ya había confesado los aspectos medulares de la colusión mediante un acuerdo conciliatorio con la FNE, aprobado en abril de ese mismo año— Quiroz presentó un informe titulado “Posible Colusión de Precios en el Mercado de las Farmacias: La Participación de SalcoBrand”.

Sus conclusiones fueron categóricas: “Sobre la base de la información disponible para estos autores, no se puede concluir existencia de acuerdo de precios”.

En su informe, Quiroz planteó que “concretamente, en ninguno de los 19.768 mails de SB [Salcobrand] que cubren el periodo de la posible colusión de precios revisados por estos autores para la realización de este informe, consta alguna comunicación de SB instando a los laboratorios a comunicarse con la competencia, o requiriendo información con respecto a la conducta de precios de la competencia”.

El 14 de diciembre de 2009, el economista declaró como testigo de Salcobrand ante el TDLC y en la audiencia profundizó en la metodología empleada por su consultora.

“En Quiroz y Asociados revisamos 45 mil correos electrónicos de Salcobrand y analizamos 10 mil alzas y 5 mil bajas de precios”. Su conclusión, expuesta ante los ministros del tribunal, fue rotunda: “Nosotros concluimos que no existen indicios de colusión en este mercado”, dijo en la ocasión.

Sin embargo, entre los correos electrónicos que Quiroz aseguró haber revisado se encontraba uno fechado el 19 de diciembre de 2007, remitido por Ramón Ávila, entonces gerente comercial de Salcobrand, a Matías Verdugo, jefe de control de gestión de la misma empresa. El texto del correo es el siguiente:

“Insistir con los laboratorios la necesidad de una coordinación para el alza de sus precios. Para ello ofrecimos ser la cadena que primero subiera los precios (los días lunes o martes) de este modo, las otras dos cadenas tendrían 3 o 4 días para ‘detectar’ estas alzas y luego asumirlas. Hasta el momento se ha logrado que con 4 laboratorios hayamos subido el precio de 5 de sus principales productos. Dados estos buenos resultados esperamos repetir el ‘procedimiento’ con más productos y más laboratorios”.

El TDLC estimó que este correo constituía “una prueba manifiesta de la existencia de una coordinación expresa entre las cadenas de farmacias para alzar el precio de sus medicamentos, lo que se hizo a través de los laboratorios”.

CIPER preguntó específicamente a Jorge Quiroz si ese correo estuvo a su vista durante el análisis que realizó para Salcobrand. En su respuesta, el economista no lo precisó.

El tribunal realizó su propio análisis de los movimientos de precios y encontró 286 alzas simultáneas entre las cadenas. De estas, 249 correspondían al patrón denominado “1-2-3”, descrito por el TDLC como “un caso en que una compañía sube el precio un día, siendo seguida por una segunda compañía en un día diferente, y luego siendo seguida por la tercera cadena de farmacias”.

En agosto de 2011, Quiroz elaboró un segundo informe para Salcobrand, titulado “La Acusación de Colusión en las Cadenas de Farmacias: El Caso Revisitado”. En este documento, el economista presentó una explicación alternativa: lo ocurrido no sería una colusión, sino una estrategia conocida en la teoría económica como “Tit for Tat” (ojo por ojo).

Según esta hipótesis, Salcobrand habría subido unilateralmente sus precios esperando que la competencia, de manera independiente, “cooperara” y subiera también los suyos.

“Estimamos que la evidencia es ampliamente consistente con una estrategia ‘Tit for Tat’ seguida por Salcobrand; en contraste con ello, no existe evidencia alguna, ni siquiera de carácter indiciario, que permita sostener la hipótesis de la colusión. Salcobrand, después del cambio de control y de administración [en 2007 el Grupo Yarur adquirió la empresa] decidió terminar un periodo de precios extremadamente bajos y márgenes negativos en un amplio conjunto de productos, subiendo unilateralmente los precios. Allí donde los demás lo siguieron, perseveró; allí donde no, hubo que revertir las alzas”, argumentó en el documento, citado por CIPER.

El TDLC desestimó esta y otras hipótesis alternativas presentadas por los economistas de las farmacias. En su sentencia, el tribunal fue explícito y señaló “que las hipótesis alternativas a la colusión planteadas no han sido acreditadas en modo alguno, que evidentemente el mero análisis teórico no es capaz de desvirtuar la prueba directa de la colusión y que además dicho análisis no es consistente con el conjunto de la prueba rendida en autos”.

En enero de 2012, Cruz Verde y Salcobrand fueron condenadas al pago de aproximadamente US$20 millones cada una. La Corte Suprema respaldó la decisión en diciembre de ese mismo año, con un fallo que determinó que “el interés económico se sobrepuso a la dignidad humana, a la vida y a la salud de las personas”.

Colusión del asfalto

El caso de la colusión del asfalto no concitó la misma atención pública que los casos de los pollos y las farmacias, pero sus características no fueron menos graves. Entre 2011 y 2012, cuatro empresas proveedoras de asfalto —Química Latinoamericana, Dynal, Asfaltos Chilenos y Enex— se coludieron para asignarse licitaciones y vender el producto a tres constructoras con precios coordinados. El caso salió a la luz en noviembre de 2012, luego de que Enex se acogiera a la figura de delación compensada y entregara antecedentes clave a la FNE.

Cuando la fiscalía ya había formalizado las acusaciones contra las empresas, Asfaltos Chilenos encargó un informe a Quiroz y Asociados. El documento, titulado “Estructura, Características y Funcionamiento del Mercado del Asfalto en Chile”, fue elaborado por Jorge Quiroz y Felipe Givovich, quienes desestimaron las imputaciones de la FNE y plantearon que “en lo medular, en este caso no se contaría con factores adicionales que apoyen la existencia de un acuerdo colusorio”.

El 27 de noviembre de 2014, Quiroz declaró como testigo de Asfaltos Chilenos ante el TDLC. En esa oportunidad, sostuvo que existía “rivalidad” entre los participantes del mercado del asfalto, contradiciendo abiertamente la tesis de la fiscalía. Su declaración, contenida en el expediente, afirmaba que no se contaba con antecedentes suficientes para sostener la existencia de una coordinación entre las imputadas.

Sin embargo, la investigación de la FNE y las posteriores sentencias del TDLC y la Corte Suprema acreditaron exactamente lo contrario. Quedó establecido que los ejecutivos de las empresas se reunieron en hoteles y cafeterías de Santiago para coordinar precios y asignarse licitaciones. En 2016, la Corte Suprema acogió el requerimiento de la FNE y declaró que las cuatro firmas proveedoras de asfalto “se coludieron (…) mediante la asignación de las obras Duplijsa, Chañaral y Radomiro Tomic de [la constructora] Besalco Construcciones S.A”.

La sentencia del máximo tribunal impuso multas que sumaron cerca de US$3 millones y ordenó a las empresas —Enex, Asfaltos Chilenos, Dynal y Química Latinoamericana— adoptar programas de cumplimiento en materia de libre competencia. El dictamen de la justicia, una vez más, fue contrario a la sostenida por Quiroz en su informe y en su declaración testimonial.

Colusión de las navieras

El cuarto caso en el que aparece la firma de Jorge Quiroz es el del cartel del transporte marítimo. En 2019, el TDLC sancionó a seis empresas por coludirse en el transporte de vehículos hacia Chile: Compañía Sudamericana de Vapores —que se acogió a colaboración—, Compañía Marítima de Chile, la coreana Eukor Car Carriers Inc. (Eukor) y las japonesas Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (K-Line), Mitsui O.S.K. Lines Ltd. (MOL) y Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK). Las multas impuestas por el tribunal sumaron un total de US$9 millones.

En septiembre de 2016, MOL contrató a Quiroz y Asociados para la elaboración de un informe titulado “Mercado relevante del car carrier hacia Chile y participación de MOL”. El documento, firmado por Jorge Quiroz y Paula Hurtado, economista de su consultora, explicitaba en su primera página que el encargo consistía en realizar “un análisis económico independiente sobre la estructura del mercado relevante objeto de las conductas imputadas y la participación de MOL en ellos”.

A diferencia de los casos anteriores, Quiroz no alegó la inocencia de MOL ni negó la existencia de la colusión. Su argumentación se concentró en cuestionar el monto de la multa solicitada por la FNE, que ascendía a más de US$12 millones.

“El criterio usual es considerar un porcentaje de las ventas realizadas por el infractor en el mercado donde haya ocurrido el ilícito colusorio como umbral para la multa”, indicó Quiroz, sosteniendo que el cálculo de la fiscalía superaba este principio.

Según CIPER, la sentencia del TDLC fue coherente con el planteamiento del economista, ya que optó por imponer a MOL una multa de US$2,5 millones, significativamente inferior a los US$12 millones que solicitaba la FNE.

La fiscalía apeló ante la Corte Suprema, que elevó las multas totales del caso a US$30,5 millones, pero mantuvo inalterada la sanción económica impuesta en primera instancia a la compañía japonesa.

El próximo ministro de Hacienda ha dicho que nunca ha sido investigado por la FNE ni el TDLC. Sin embargo los 15 registros revisados por CIPER muestran es una trayectoria consistente: en los cuatro grandes casos de colusión juzgados en Chile durante los últimos quince años, Jorge Quiroz estuvo del mismo lado. Y en tres de ellos, la justicia determinó que ese lado era el que había infringido la ley.