La odisea de los jiles: cómo la reforma laboral de Milei nos roba vida

Por Verónica Aravena Vega

¿Se acuerdan de La odisea de los jiles? Esa película argentina protagonizada por Ricardo Darín, donde un grupo de vecinos descubre que no fue la mala suerte la que los dejó en la ruina, sino un sistema financiero que ya tenía decidido quién perdía y quién se salvaba. Al principio creen que fue descuido, ingenuidad, confianza mal puesta. Después entienden que no. Que el juego estaba arreglado. Y entonces algo cambia: dejan de sentirse torpes y empiezan a sentirse estafados. Y cuando uno se sabe estafado, ya no se comporta igual.

Desde Chile —y desde otros lugares de América Latina— estamos mirando lo que ocurre hoy en Argentina con esa misma sensación incómoda. No como quien observa un espectáculo lejano, sino como quien reconoce un anticipo. Lo que hoy se debate en el Congreso argentino no es solo una reforma laboral más: es un experimento político sobre cuánto estamos dispuestos a ceder en nombre de la eficiencia. Y cuando algo se ensaya en un país vecino con la promesa de “modernizar”, es difícil no preguntarse cuánto falta para que la idea cruce la cordillera con traje nuevo y discurso reciclado.

La reforma impulsada por Javier Milei, ya aprobada en el Senado y en plena disputa legislativa, incluye extensión del período de prueba hasta ocho meses, posibilidad de reemplazar indemnizaciones por un fondo de cese laboral, ampliación de esquemas de “banco de horas” que permiten compensar sobretiempos sin pago inmediato, y límites a bloqueos sindicales. Se presenta como flexibilización necesaria para generar empleo. El problema es que Argentina ya tiene cerca de 40% de informalidad laboral y una caída sostenida del salario real producto de una inflación que en 2023 superó el 200%. El empleo precario no nació con los sindicatos fuertes: nació con la erosión de derechos.

La narrativa oficial insiste en que el problema es el “costo laboral”. Pero cuando más de la mitad de las personas jóvenes trabaja sin contrato estable, cuando el poder adquisitivo lleva años deteriorándose, cuando la pobreza supera el 40%, cuesta creer que el exceso de derechos sea el obstáculo central. Lo que sí parece claro es que se está redefiniendo la relación entre tiempo y trabajo. Y eso es más profundo que cualquier ajuste técnico.

Kathi Weeks lleva años diciendo que el trabajo no es solo una actividad económica: es un dispositivo moral. Nos enseñaron que trabajar mucho es virtud, que el cansancio es prueba de valor, que el ocio es sospechoso. André Gorz advertía que la sociedad salarial convirtió el empleo en condición de ciudadanía. Si no trabajas, no existes políticamente. Pero ¿qué pasa cuando trabajas igual y no logras vivir? ¿Cuándo el empleo no garantiza dignidad sino sobrevivencia mínima?

En Argentina hoy las centrales sindicales —la CGT, las dos CTA— han convocado paros generales, movilizaciones masivas y jornadas de protesta contra la reforma. No porque se opongan a cualquier cambio, sino porque entienden que esta reforma traslada el riesgo desde el empleador hacia el trabajador/a. Flexibilizar no significa distribuir mejor el trabajo: significa debilitar la capacidad colectiva de negociación. Y sin organización, el trabajador/a queda solo frente al mercado. Y el mercado no tiene compasión.

David Graeber hablaba de los “trabajos de mierda”, esos empleos que ni siquiera quienes los ejercen consideran útiles. El problema no es solo cuánto trabajamos, sino para qué. En América Latina trabajamos más horas que en Europa y producimos menos bienestar. Chile no está tan lejos: jornadas extensas, altos niveles de endeudamiento, tiempo de traslado que devora la vida cotidiana. El derecho al tiempo es una discusión pendiente. Y no es un lujo europeo: es una pregunta urgente en sociedades agotadas.

Porque lo que está en juego no es simplemente la indemnización por despido o el período de prueba. Es la idea de que la vida puede organizarse alrededor del empleo sin que eso nos consuma. Silvia Federici lo explicó con claridad: el trabajo remunerado se sostiene sobre una enorme cantidad de trabajo no pagado —cuidado, crianza, limpieza— que permite que la fuerza laboral exista. Cuando se precariza el empleo formal, esa carga invisible aumenta. Y casi siempre recae sobre las mismas personas.

Desde Chile observamos esto con una mezcla de distancia y espejo. Aquí también se discute productividad, crecimiento, competitividad. Aquí también hay sectores que proponen “flexibilizar para generar empleo” y también hay liderazgos políticos que admiran el experimento argentino. ¿Seguirá la derecha chilena ese camino si tiene oportunidad? ¿Se instalará la idea de que la protección laboral es un obstáculo al desarrollo? Las preguntas no son retóricas. Son estratégicas.

Porque si algo enseña la película es que el error inicial de los jiles fue confiar sin entender las reglas. El aprendizaje no fue la venganza, fue la conciencia. Entender el sistema para intervenirlo. Y esa es la discusión de fondo: no se trata de romantizar el sindicato ni de negar la necesidad de cambios productivos. Se trata de decidir desde qué principio organizamos el trabajo. ¿Desde la rentabilidad o desde la vida?

Los datos muestran que los países con mayor protección laboral no necesariamente tienen más desempleo estructural. Lo que sí tienen es menor desigualdad y mayor estabilidad social. En Argentina, según el Indec, el salario real perdió más de 20% de poder adquisitivo en el último año. ¿Cómo se responde a eso? ¿debilitando la capacidad de negociación colectiva? La promesa es que la inversión llegará si el mercado laboral es más flexible. Pero la experiencia regional muestra que la inversión busca estabilidad macroeconómica y mercado interno fuerte. Sin salarios dignos, no hay consumo. Sin consumo, no hay crecimiento sostenible.

Weeks propone algo incómodo: cuestionar la centralidad del trabajo como núcleo de identidad. No para dejar de producir, sino para distribuir distinto. Trabajar menos, trabajar mejor. Reducir jornada, ampliar derechos, reconocer que el tiempo libre no es improductivo: es condición de ciudadanía plena. Gorz hablaba de liberar tiempo para actividades autónomas, no subordinadas al mercado. No es utopía adolescente, es estrategia frente al agotamiento social.

En Chile no llegamos a la jornada de 40 horas por iluminación divina ni por generosidad empresarial. Costó décadas de presión sindical, negociación y disputa política abierta. Fue una pelea por tiempo de vida. Por eso la pregunta incomoda: ¿qué estamos diciendo cuando, mientras acá celebramos la reducción gradual de la jornada, en Argentina se amplían mecanismos de “flexibilidad” que permiten extenderla por la vía administrativa? El “banco de horas” puede sonar moderno, pero en contextos de desempleo alto se convierte en presión para aceptar cualquier condición.

La organización sindical no es perfecta. Tiene deudas, burocracias, conflictos internos. Pero sigue siendo el único mecanismo que equilibra mínimamente la asimetría entre capital y trabajo. Sin sindicatos fuertes, la negociación es individual. Y en una negociación individual, quien necesita el salario pierde siempre.

La película vuelve como metáfora porque no trata solo de dinero. Trata de dignidad. De entender que el problema no era la torpeza personal, sino una estructura diseñada para concentrar poder. Lo mismo ocurre cuando se instala la idea de que si no encuentras empleo es porque no te esforzaste lo suficiente. La precarización se individualiza. La explotación se psicologiza.

La pregunta estratégica entonces no es solo cómo frenar una reforma, sino cómo cambiar el marco. ¿Queremos una economía donde el objetivo sea maximizar horas trabajadas o maximizar bienestar? El buen vivir no es eslogan andino ni consigna romántica. Es una propuesta concreta: redistribuir tiempo, riqueza y poder. Significa que el éxito no se mida por horas facturadas, sino por calidad de vida.

Argentina está viviendo un momento de definición. Las encuestas muestran apoyo dividido a las reformas de Milei: respaldo en sectores que esperan estabilidad macroeconómica, rechazo fuerte en trabajadores/as organizados y clases medias golpeadas por la inflación. El conflicto no es solo ideológico, es material. Y lo que ocurra allí tendrá efectos simbólicos en toda la región.

Desde Chile conviene mirar sin soberbia y sin indiferencia. Porque la precarización no llega con uniforme extranjero. Llega envuelta en lenguaje técnico, en promesas de eficiencia, en gráficos de crecimiento proyectado. Y cuando uno se da cuenta de que el juego estaba diseñado para perder tiempo y derechos, ya es tarde.

Tal vez la lección de los jiles no sea el golpe final, sino el momento en que entienden el tablero. Entender que el trabajo no puede ser el centro absoluto de la existencia, que el derecho al tiempo es tan político como el derecho al salario y que organizarse no es nostalgia sindicalista, sino estrategia de supervivencia democrática.

Si el experimento argentino consolida un modelo donde la flexibilidad es sinónimo de fragilidad, la región tomará nota. Y si desde Chile no discutimos ahora qué modelo laboral queremos, terminaremos reaccionando tarde. La pregunta no es si necesitamos reformas. La pregunta es para quién trabajan esas reformas.

Porque trabajar mejor y trabajar menos no es una consigna radical. Es una respuesta racional a sociedades exhaustas. Y si algo tenemos que aprender antes de que la historia se repita es que nadie es jil por confiar. Jil es quien, sabiendo cómo funciona el sistema, decide no intervenir.

El tiempo —ese que nos venden como recurso infinito— es lo único que no se recupera. Y si el trabajo nos lo arrebata sin garantizar dignidad, entonces la discusión ya no es económica. Es profundamente política.

Por Verónica Aravena Vega

Psicóloga. Doctora en Estudios de Género y Política, Universidad de Barcelona. Máster en Masculinidades y Género. Máster en Recursos Humanos. Máster en Psicología Social/Organizacional. En Instagram

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Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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