Por Jon Navarro, Periodista
De bombardear hospitales y disparar a civiles en Gaza a recorrer los lagos del sur de Chile. El francotirador ucraniano-israelí Rom Kovtun, integrante del 424° Batallón “Shaked” de la Brigada Givati del Ejército israelí y acusado de crímenes de guerra por la Fundación Hind Rajab, ingresó sin dificultades al país en febrero.
La alerta la levantó la misma Fundación Hind Rajab, organización que ha documentado la participación de militares israelíes en operaciones criminales en Gaza y que, tras detectar publicaciones del propio Kovtun en Chile, se contactó con el abogado Pablo Araya Zacarías a través de redes internacionales de juristas, en este caso mediante la Worldwide Lawyers Association (WOLAS). El objetivo: evaluar acciones judiciales en territorio chileno.
Araya ya interpuso una querella ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago y está a la espera de que el tribunal resuelva su admisibilidad. El abogado explicó que la base jurídica de la acción se encuentra tanto en el derecho internacional como en la legislación interna.
“El principio de jurisdicción universal nos dice que delitos como crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio pueden ser juzgados en cualquier parte del mundo”, señaló.
“Chile, al ser firmante del Estatuto de Roma, tiene el deber legal de juzgar a las personas que cometan crímenes de guerra y que se encuentren dentro de su territorio”, sostuvo.
Origen de la denuncia y antecedentes
La fundación recopiló una serie de antecedentes. Entre ellas figura una imagen tomada durante el asedio al hospital Al-Shifa que publicó en su cuenta de Instagram, donde aparece junto a un francotirador con la frase, en tono de burla, “hace calor en el Hospital Shifa”.
El documento legal incluye publicaciones donde el militar se jacta de sus intervenciones en Gaza, así como registros que lo sitúan en los corredores de Filadelfia y Rafah tras la operación en el citado hospital.
Pese a estos antecedentes, el embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, publicó en su cuenta de X una imagen del certificado de ingreso de la causa, acompañada de un mensaje en el que negó que el soldado se encontrara en el país. Afirmó que la acusación “surge de sectores palestinos radicales en Chile y ha sido amplificada por cuentas y medios que buscan importar el conflicto para atacar a Israel y confundir a la opinión pública”.
Sobre esa difusión, Araya señaló que le llamó la atención que se hiciera público un documento relacionado con el ingreso de la querella. “Ese documento no es público (…) si el embajador tiene acceso a ese documento, con mayor razón debió tener acceso a la querella y por lo tanto a la evidencia de que sí se encontraba en territorio nacional”, afirmó.
Posibles efectos y tiempos del proceso
Ahora, será el tribunal el que deba resolver si admite a tramitación la querella. De ser acogida, sería la primera acción de este tipo que avanza formalmente en Chile bajo el principio de jurisdicción universal, abriendo la puerta a investigar en sede nacional hechos ocurridos en el marco de la ofensiva israelí en Gaza.
“Sería un paso importante para el país”, sostuvo el abogado, precisando que el escrito supera las 50 páginas de fundamentación jurídica, en un esfuerzo por justificar detalladamente la competencia de los tribunales chilenos.
Advirtió además que, mientras no exista una medida cautelar como el arraigo nacional, el denunciado podría abandonar el país. Recordó un caso en Brasil en el que, tras iniciarse un procedimiento similar impulsado por la misma fundación, el ciudadano israelí dejó el territorio antes de que se dictaran restricciones judiciales.
En cuanto a su motivación personal, Araya explicó que su decisión responde a su formación jurídica y a su participación en organizaciones internacionales. “No estamos persiguiendo al pueblo de Israel. Estamos intentando que el derecho penal internacional y los derechos humanos se protejan y se garanticen”, señaló. “Da lo mismo la nacionalidad de esta persona; lo importante son los crímenes de guerra que estos están cometiendo”.
El tribunal debería pronunciarse en los próximos días, aunque la complejidad jurídica y el contexto político podrían incidir en los plazos. “Estamos esperando que el tribunal declare la admisibilidad de esta querella para empezar a cambiar, aunque sea un poco, la impunidad de los criminales de guerra”, concluyó el abogado Pablo Araya.
Por Jon Navarro, Periodista
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