«Esta decisión no constituye un acto administrativo aislado, sino una política deliberada orientada a consolidar cambios en un territorio ocupado, desafiando abiertamente el derecho internacional y el consenso de la comunidad internacional», denunció la Comunidad Palestina de Chile.
A través de una declaración pública, la Comunidad Palestina de Chile se pronunció para condenar la reciente decisión del gobierno de Israel de registrar amplias zonas de Cisjordania como “propiedad del Estado”.
La medida, aprobada este domingo por el gabinete israelí y promovida por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha sido calificada por la colectividad —la más numerosa fuera del mundo árabe— como un “despojo territorial” que vulnera el derecho internacional y amenaza directamente los vínculos familiares y patrimoniales de miles de chilenos de origen palestino.
El gobierno israelí dio luz verde a una propuesta para reanudar el registro de tierras en Cisjordania, un proceso burocrático que había permanecido congelado desde 1967, cuando el régimen sionista ocupó el territorio durante la Guerra de los Seis Días. La iniciativa, impulsada por Smotrich, el ministro de Justicia, Yariv Levin, y el ministro de Defensa, Israel Katz, permitirá declarar extensas áreas de la Zona C —alrededor del 60% de Cisjordania— como terrenos del Estado israelí .
Según los medios. el Ejecutivo justifica la decisión como una respuesta a lo que consideran “procedimientos de asentamiento ilegales” promovidos por la Autoridad Palestina en dicha zona, que permanece bajo control administrativo y de seguridad exclusivo de Israel.
Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y analistas internacionales han alertado que se trata de un paso sin precedentes hacia la anexión de facto.
Comunidad Palestina en Chile denuncia despojo territorial
Ante esta escalada, la Comunidad Palestina de Chile emitió un comunicado al que tuvo acceso este medio, expresando su más firme rechazo y advirtiendo sobre las profundas consecuencias que esta decisión tiene para los miles de descendientes de palestinos que residen en nuestro país.
“La comunidad palestina de Chile condena con la mayor firmeza el nuevo paso dado por el gobierno de Israel para avanzar en la anexión de facto de Cisjordania mediante la designación de amplias zonas como propiedad del Estado”, señala el texto.
La declaración subraya que no se trata de un acto menor o meramente administrativo, sino de una política deliberada por parte del régimen sionista orientada a provocar cambios en un territorio ocupado.
“Esta decisión no constituye un acto administrativo aislado, sino una política deliberada orientada a consolidar cambios en un territorio ocupado, desafiando abiertamente el derecho internacional y el consenso de la comunidad internacional. Advertimos que la formalización de este registro estatal vulnera principios fundamentales que prohíben la adquisición de territorio por la fuerza. Esta escalada no solo erosiona el marco jurídico internacional y la viabilidad de la solución de dos Estados, sino que representa un golpe directo a la estabilidad regional y a los derechos humanos del pueblo palestino”.
Desde la colectividad hicieron énfasis en que el vínculo con la tierra no es solo simbólico, ya que Chile alberga la mayor comunidad palestina fuera del mundo árabe, estimada en cerca de 500 mil personas, cuyos antepasados emigraron desde finales del siglo XIX, principalmente de las ciudades de Belén, Beit Jala y Beit Sahour.
“Para la comunidad palestina de Chile, la más numerosa fuera del mundo árabe, estas medidas tienen un impacto profundo. Miles de chilenos de origen palestino mantienen vínculos familiares y patrimoniales con Cisjordania, especialmente con las ciudades de Beit Jala, Belén y Beit Sahour. Cada avance en la anexión se traduce en el despojo de sus tierras y en una amenaza directa a su identidad y seguridad”, añade la misiva.
Llamado a Chile a continuar respaldando la solución de dos Estados
Frente a este panorama, la Comunidad Palestina de Chile no solo expresó su condena, sino que hizo un llamamiento explícito al Estado para que mantenga una postura firme y coherente con su tradición diplomática en Medio Oriente.
“Frente a esta grave situación, reafirmamos que Chile debe continuar con su política tradicional respecto a Palestina: respaldar la solución de dos Estados, sostener la defensa de la legalidad internacional y rechazar la ocupación”, exige el comunicado.
El texto concluye con una advertencia sobre las implicancias globales de legitimar este tipo de acciones mediante el silencio.
“Lo que está en juego es la credibilidad de las normas que rigen las relaciones internacionales. Validar o guardar silencio ante este despojo territorial constituye una responsabilidad histórica frente a la erosión sistemática de los derechos de un pueblo. Actuar con coherencia frente a la gravedad de estos hechos es indispensable para defender el derecho inalienable del pueblo palestino a existir en su propia tierra”, indicó la colectividad.
La letra pequeña de la ocupación
El registro de tierras aprobado no es un simple catastro. Según explicó a EFE Alon Cohen Lifshitz, de la ONG israelí Bimkom, especializada en derechos humanos y ordenación territorial, la medida implica un cambio cualitativo en el estatus de los terrenos. “Avanzan hacia recluir a la población en pequeños guetos”, indicó .
El mecanismo implica la creación de una Administración de Registro de Títulos de Propiedad dependiente del Ministerio de Justicia israelí, que operará en Cisjordania. Esto transfiere la gestión de tierras de un marco militar a uno civil-administrativo, tratando el territorio ocupado con parámetros similares a los de Israel propiamente dicho .
Michal Braier, también investigadora de Bimkom, detalló el laberinto legal que enfrentarán los palestinos. “Los propietarios palestinos de las tierras tienen que acudir a la burocracia israelí y mostrar los registros y probar que la tierra es realmente suya”, planteó, lo que supone una altísima barrera legal, a menudo inalcanzable para las familias que poseen documentos otorgados por autoridades jordanas u otomanas previas a 1967 .
El gobierno israelí ya ha destinado un presupuesto de 244.1 millones de séqueles (cerca de 70 millones de dólares) para los próximos cinco años con el objetivo de regularizar al menos el 15% de ese territorio .
El ministro de Justicia, Yariv Levin, celebró la decisión con una declaración que no deja espacio a dudas sobre las intenciones de Tel Aviv.
“La propuesta aprobada constituye una verdadera revolución (…) La Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel. El Gobierno de Israel se compromete a fortalecer su control sobre todas sus partes” , dijo.
Condena de la comunidad internacional
La reacción palestina e internacional no se hizo esperar. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, denunció que la iniciativa constituye “una anexión de facto del territorio palestino ocupado” y advirtió que representa “una amenaza para la seguridad y la estabilidad, y una peligrosa escalada y una flagrante violación del Derecho Internacional y las resoluciones de legitimidad internacional” .
En una línea similar se manifestó el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) , que calificó la decisión como un intento de “robar y judeizar” los territorios palestinos.
En un comunicado difundido por el diario ‘Filastín’, el grupo consideró la medida como “nula y sin valor emitida por una potencia ocupante ilegítima”, asegurando que “la resistencia del pueblo palestino” no permitirá los intentos de Israel “de anexión, judeización y desplazamiento”.
Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió a Israel “revocar inmediatamente” esta reforma catastral. Su portavoz, Stéphane Dujarric, afirmó que “tales medidas, incluida la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado, no solo son desestabilizadoras, sino que, como ha recordado la Corte Internacional de Justicia, son ilegales”, y alertó que esta dinámica “erosiona la perspectiva de una solución de dos Estados” .
La Unión Europea también exigió la revocación del proceso, calificándolo como “una nueva escalada”, y reiteró que “la anexión es ilegal según el derecho internacional” . Asimismo, países árabes como Jordania, Egipto, Qatar, Turquía y Arabia Saudita emitieron comunicados de condena.
