$54 millones y gestiones por un nombramiento: el sumario que complica a la pareja de Vivanco

Un sumario reveló las gestiones habría realizado Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, para que un notario que le había transferido $54 millones fuera nombrado en La Cisterna.

Una investigación de la Corte de Apelaciones de San Miguel ha destapado una trama de influencias y pagos que sitúa nuevamente en el centro de la polémica a Gonzalo Migueles. De acuerdo con los sumarios, la pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, habría intervenido directamente para asegurar el nombramiento de un notario, recibiendo a cambio más de $54 millones.

Este nuevo antecedente, revelado por CIPER, no solo evidencia un presunto tráfico de influenciasen el marco de la » trama bielorrusa», ya que expone las grietas de un sistema de nombramientos en el Poder Judicial marcado por la discrecionalidad y las recomendaciones.

$54 millones y la llamada que definió un nombramiento

Entre los años 2022 y 2024, el exnotario interino de La Cisterna, Fernando Martel, transfirió 54 millones de pesos a las cuentas de Gonzalo Migueles. Esta millonaria suma, que supera ampliamente lo que el propio Martel reconoció inicialmente ante la justicia, es solo la punta del iceberg de una relación que, según un sumario de la Corte de Apelaciones de San Miguel, tuvo como origen una gestión clave: la intervención de Migueles para que Martel fuera nombrado en el cargo.

El relato de cómo Martel llegó a la notaría de La Cisterna proviene de quien era su antecesor, Rodrigo Ortúzar. En su declaración ante la fiscal judicial Carla Troncoso, Ortúzar confesó que fue contactado directamente por Gonzalo Migueles con una petición clara.

“Al término del periodo, antes de postular y ser nombrado en su cargo actual, a solicitud de Migueles, quien lo llamó por teléfono, le pidió que dejara, que presentara a Fernando Martel Costa como el interino que sucediera en esa notaría. Recuerda que se lo pidió Migueles, porque Fernando y su mujer estaban con problemas de plata o algo así y para ayudarlos a él y a la María José, sugería Migueles que lo propusiera”, afirmó, tal y como consigna el sumario de la persecutora.

Es decir, Migueles no solo recomendó a Martel, sino que esgrimió razones personales para justificar la petición, apelando a la supuesta difícil situación económica de la pareja. Este testimonio se convierte en la piedra angular de las conclusiones de la fiscal Troncoso.

El informe sostiene que la carrera de Martel dentro de la notaría no habría sido posible sin el empuje externo de Migueles. La primera conclusión de la fiscal es lapidaria: «sin el apoyo de Migueles Oteiza, quien solicitó a Ortúzar que lo propusiera como su sucesor en el interinato, jamás habría podido ser nombrado».

La segunda conclusión de la fiscal apunta directamente al corazón del asunto: el dinero. Martel reconoció en el sumario haber pagado 26 millones de pesos a Migueles, justificándolos como honorarios por una asesoría en temas laborales para la notaría. Sin embargo, la investigación de Troncoso desestimó por completo esta versión, calificándola de insostenible. Para la fiscal, no existía respaldo alguno que acreditara una labor profesional concreta de Migueles.

En su informe final, descartó la explicación del notario:

“No hay gestión comercial demostrable ejecutada por Migueles que justifique el pago mensual de $2.000.000 durante más de un año, por lo que tales sumas solo pueden obedecer a la retribución de servicios irregulares de intermediación para obtener su nombramiento como suplente, o bien evitar retardar el nombramiento en la terna del titular la que estuvo más de un año pendiente de resolución en el ministerio de justicia”, planteó.

De esta manera, el documento sienta la tesis de que los pagos no fueron por una asesoría, sino una retribución directa por las gestiones que Migueles realizó para colocar a Martel en el puesto.

Una confesión incompleta y una cifra que se duplica

La discrepancia entre lo declarado por Martel y la realidad financiera es un punto central de la investigación. Mientras el exnotario aseguró haber pagado $26 millones, los registros bancarios de Gonzalo Migueles, a los que CIPER tuvo acceso, dejan en evidencia que las transferencias realizadas por el exnotario se extendieron por un período más largo y alcanzaron una cifra muy superior, superando los $54 millones.

El medio digital pudo comprobar que los pagos comenzaron en 2022, con más de $6 millones, y continuaron hasta septiembre de 2024, añadiendo $34 millones adicionales, contradiciendo abiertamente la versión acotada que Martel presentó ante la fiscal judicial. Esta información, clave para dimensionar el entramado financiero, no fue considerada en la investigación de la corte.

A pesar de que el nombramiento de un notario interino es facultad del tribunal de alzada respectivo, en la práctica, es habitual que el notario saliente deje un nombre como sugerencia. En este caso, la recomendación de Ortúzar, impulsada por Migueles, fue acogida por la entonces presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Soledad Espina, quien nombró a Martel en diciembre de 2022.

Este detalle no es menor, ya que Ángela Vivanco, pareja de Migueles, mantenía una cercanía con los ministros de esa corte, producto de su labor como magistrada visitadora del tribunal en 2019.

El modus operandi: influencias, favores y una red de contactos

La intervención de Gonzalo Migueles en nombramientos del Poder Judicial no es un hecho aislado. Un reportaje de CIPER publicado en junio de 2024 ya había revelado que Migueles se inmiscuía en este tipo de asuntos. En esa ocasión, se consignó que el actual conservador de bienes raíces de Concón, Carlos Swett, también recibió una llamada de Migueles pidiéndole que se bajara del concurso a conservador de Viña del Mar.

Estas gestiones fueron investigadas por la Comisión de Ética de la Corte Suprema en el marco del cuaderno de remoción abierto contra Vivanco.

«Migueles desplegó acciones tendientes a que el señor Carlos Swett (CBR de Concón) desistiera de su postulación al cargo de Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar», indicó el informe de la instancia.

De hecho, le máximo tribunal del país esgrimió como uno de los cargos contra Vivanco la «interferencia en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional y en los nombramientos de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón», dando a entender que las gestiones de su pareja tenían un correlato directo con su posición.

El caso de Martel revela además que el vínculo con Migueles no terminaba con el nombramiento. Una vez instalado en la notaría, el exnotario no solo lo contrató como asesor, sino que también siguió sus recomendaciones para ocupar cargos dentro del recinto.

El sumario determinó que contrató al menos a cuatro funcionarios por petición de Migueles. Entre ellos destaca Leidi Natalia Moreno, quien había trabajado como empleada doméstica en la casa de Migueles y Vivanco, y que también prestó servicios en la oficina del conservador Sergio Yáber.

Martel también reconoció que, a sugerencia de Migueles, contrató los servicios de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, ambos actualmente en prisión preventiva tras ser formalizados por soborno en el caso relacionado con el consorcio bielorruso

Por la representación en dos causas judiciales les pagó $6 millones. Sin embargo, en su análisis, la fiscal Troncoso llegó a la conclusión que no existe justificación jurídica ni comercial para esta contratación, más aún considerando la situación actual de los juristas.

Los descargos de Martel y el silencio de los implicados

Frente a las graves acusaciones, Fernando Martel presentó sus descargos en el sumario, intentando desacreditar la investigación. En un documento al que CIPER tuvo acceso, el exnotario cuestionó duramente el trabajo de la fiscal judicial, acusándola de basarse en meras sospechas.

“Ha reemplazado la prueba objetiva por una narrativa de sospecha derivada de mi contacto circunstancial con personas hoy cuestionadas”, planteó, al tiempo que insistió en la legitimidad de su nombramiento y restó valor al testimonio de Ortúzar, su antecesor.

Según su defensa, vincular su designación con una petición de terceros es una inferencia sin sustento, sobre todo cuando la ministra que lo nombró, Soledad Espina, no fue citada a declarar para confirmar la regularidad del proceso. Además, cuestionan la credibilidad de Ortúzar, señalando una contradicción en su testimonio.

“La fiscal se apoya en el único antecedente que consigna esa idea, esto es, lo declarado por el propio Rodrigo Ortúzar, cuya credibilidad cuestionamos, pues a modo ejemplar, declaró no haberme conocido antes de ocupar el cargo de Notario interino en la Notaría que dejaba, en circunstancias que como declaré y consta en el expediente del sumario, realicé una suplencia en la Notaría de Salamanca, de la cual Ortúzar Rodríguez era titular”, planteó.

A pesar de sus intentos por defenderse, la situación de Martel en el Poder Judicial es complicada. Desde que dejó su cargo como interino de La Cisterna en 2025, ha realizado algunas suplencias en la notaría de su esposa en Coquimbo, pero no ha logrado ser nombrado nuevamente en ningún cargo de titular.

Al respecto, el sumario reveló una intensa pero infructuosa búsqueda: entre el 15 de enero de 2023 y el 17 de noviembre de 2024, habría realizado un total de 49 postulaciones para optar a cargos de notario, conservador y archivero. Sin embargo, solo en 19 de ellas logró avanzar a la etapa de evaluación curricular, y en ninguna superó las pruebas de habilidades y destrezas ni la evaluación sociolaboral, quedando siempre fuera de las ternas finales.

CIPER intentó recoger la versión de los principales involucrados. Se contactó con Fernando Martel a través de su esposa, la notaria María José Montesino, quien indicó que él se comunicaría para responder, pero no hubo respuesta hasta el cierre la publicación del artículo. También se enviaron consultas al abogado de Gonzalo Migueles, Álex Caroca, y a la defensa de Rodrigo Ortúzar, pero ambos declinaron referirse al contenido del sumario.

Los millonarios pagos de Ortúzar y un concurso a la medida

El sumario también complica a Rodrigo Ortúzar, el notario que confesó la llamada de Migueles. La investigación revela que, antes de asumir cualquier cargo, y coincidiendo con sus postulaciones a notarías, habría efectuado millonarias transferencias a Migueles.

Según los registros bancarios de la pareja de Vivanco, entre el 4 y el 8 de marzo de 2021, Ortúzar le hizo cuatro pagos desde la cuenta de una de sus empresas, totalizando $15 millones.

Cuando la fiscal judicial le preguntó por estas transferencias, optó por justificarlas como el pago por una gestión que Migueles había realizado para ayudarlo a conseguir un potencial cliente para su práctica privada de abogado, un negocio que finalmente no prosperó.

Para darle una apariencia de legalidad, Migueles emitió una factura a la empresa de Ortúzar por «consultoría en gestión inmobiliaria», un servicio que, según se desprende de la investigación, nunca brindó.

La fiscal judicial catalogó este pago como «infundado» y describió a Migueles como alguien que “a esa fecha solo contaba con la especial condición de ser la pareja de la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco”, insinuando que ese era su principal capital para obtener dichos pagos.

La carrera de Ortúzar, además, estuvo marcada por nombramientos que bypassaron los procedimientos habituales. Fue designado notario interino en La Cisterna en agosto de 2022 por el entonces presidente subrogante de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Roberto Contreras.

La relatora del pleno de la corte, Karin Bustamante, explicó que Contreras solía actuar de manera unipersonal y discrecional, sin seguir el concurso interno que se había establecido desde 2019 para estos casos, emitiendo incluso un «decreto económico» para justificar su decisión. Ortúzar admitió que conocía al ministro Contreras, ya que el conservador Sergio Yáber se lo había presentado en una de las fiestas que solía organizar con invitados del Poder Judicial. En su declaración, Ortúzar sugiere que su nombramiento pudo deberse a que Contreras conocía su situación familiar y la urgencia que tenía por llegar a Santiago.

Pocos días después de asumir como interino, Ortúzar dio un salto mayor: fue nombrado notario titular en la Primera Notaría de San Miguel, un cargo de primera categoría para el que, en principio, no cumplía con todos los requisitos. El proceso para llegar a ese nombramiento estuvo plagado de anomalías. El concurso se prorrogó, permitiendo que se integraran candidatos que no cumplían las exigencias. La primera terna enviada a la Corte Suprema, en la que Ortúzar no figuraba, fue devuelta. Finalmente, en una nueva votación, Ortúzar logró entrar en la terna y fue nombrado por el Ministerio de Justicia en septiembre de 2022.

Carolina Manterola, jefa de la unidad de reclutamiento y selección de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, declaró en el sumario sobre las presiones que enfrentan para flexibilizar los requisitos. Según consigna la fiscal Troncoso, Manterola reveló una práctica recurrente:

“Le ha tocado la ingrata tarea como jefa del departamento de reclutamiento de tener que soportar las exigencias de los órganos que toman las decisiones, de explicación de por qué no queda tal o cual candidato, o más bien dar luces de abrir un poco la compuerta de la calificación o bajar los promedios de corte de los puntajes, para que entren mayores candidatos, entendiendo que ahí puede haber algún tipo de interés en que se bajen los requisitos no solo para tener más candidatos sino que para tener ciertos candidatos habilitados dentro del concurso”, señaló el sumario.

Sus palabras dan cuenta de un sistema donde los intereses particulares pueden llegar a primar sobre la meritocracia y la legalidad.

conexiones con la «trama bielorrusa»

La investigación de CIPER también identificó un antecedente desconocido que une a otro notario, Claudio Barrena, con Sergio Yáber. En las cuentas de ex conservador, figuran un total de 39 transferencias de Barrena que suman $24 millones, realizadas entre julio de 2018 y diciembre de 2019. }

Este período coincide con el tiempo en que Barrena estuvo postulando para convertirse en notario de la Décima Notaría de San Miguel. El concurso, abierto en julio de 2018, fue prorrogado en dos ocasiones, ampliando las postulaciones a candidatos externos, lo que permitió que Barrena se integrara y finalmente fuera nombrado titular en octubre de 2019.

Desde el entorno de Yáber explicaron que estas transacciones correspondían al pago del arriendo de un inmueble de su propiedad que ocupaba Barrena en Coquimbo.

Barrena ya había saltado a la palestra en el caso bielorruso por dos motivos: fue quien, en una conversación con Yáber, mencionó la hipótesis de que a Vivanco le habían pasado «uno o dos palitos de dólares» por sus fallos; y en su notaría se concretó la venta del Porsche Cayenne que Yáber vendió en $35 millones a Vivanco. De hecho, un día antes de esa compraventa, Migueles giró un cheque a nombre de Barrena por $538.355, que según su entorno correspondería al impuesto por la adquisición del vehículo.

Todas estas transacciones y vínculos entre Gonzalo Migueles, los notarios Martel, Ortúzar, Barrena y el conservador Sergio Yáber están siendo investigados por la Fiscalía Regional de Valparaíso, a cargo de Claudia Perivancich.

Según reportó CIPER, los sumarios elaborados por la fiscal Troncoso ya fueron remitidos a esta fiscalía, donde se realizan diligencias en curso. A nivel administrativo, la fiscal judicial ha propuesto sanciones leves: una amonestación por escrito para Rodrigo Ortúzar y una multa de 5 UTM (aproximadamente $348.000) para Fernando Martel, un castigo que contrasta con la gravedad de los hechos revelados y las millonarias sumas de dinero involucradas en una trama que evidencia, una vez más, las endebles fronteras entre la influencia personal, el tráfico de favores y la administración de justicia en Chile.