Tras 13 años de una batalla judicial, David Cid Aedo denuncia los montajes que lo vinculan a crímenes de alta connotación y la dilatada justicia.
David Cid Aedo, sociólogo y víctima de la Operación Huracán, ha vivido las últimas dos décadas bajo el estigma de titulares que lo posicionaron como terrorista y delincuente. La persecución, según relata en la entrevista exclusiva para El Ciudadano, no solo vino desde los organismos de inteligencia, sino principalmente desde la empresa El Mercurio SAP.
Hoy, Cid mantiene una demanda civil por más de 100 millones de pesos contra el medio más reconocido del país, un juicio que se extendió por más de 13 años debido a lo que califica como maniobras dilatorias de los abogados «expertos en libertad de prensa» que buscan evitar un precedente judicial histórico.
Historial de estigmas y portadas falsas
David Cid afirma que que su persecución fue marcada por el asesinato del sargento argentino José Aigo, ocurrido el 7 de marzo de 2012 en Neuquén. Durante un control vehicular en Pilo Lil, el policía fue acribillado, y aunque los autores materiales fueron identificados, la prensa chilena volcó sus dardos contra Cid Aedo.
«Sucedió este hecho en Argentina y el diario El Mercurio y La Tercera me involucraban a mí, diciendo que yo era uno de los que había estado en el enfrentamiento», relata. Mientras los titulares lo tildaban de sospechoso vinculado a la fuga de los atacantes hacia Chile, el sociólogo se encontraba realizando sus labores habituales en la región del Biobío, totalmente ajeno al crimen.
La identificación inicial de Cid en este caso se basó en supuestos allanamientos y filtraciones de inteligencia que lo posicionaban como parte de la logística del MIR. Sin embargo, el afectado recalca que esta información era falsa y que fue utilizada para reciclar su imagen de «exmirista peligroso», provocando su despido inmediato de una corporación donde trabajaba en Los Ángeles.
El afectado señala que los organismos de seguridad debían saber perfectamente que él no estaba en la cordillera ese día. Para el denunciante, esta práctica evidencia una falta de ética periodística que prioriza el impacto del titular sobre la veracidad de la noticia.
La «jauría» legal y la justicia que no llega
Ante la gravedad de las acusaciones por el caso Aigo, Cid Aedo interpuso una demanda civil en 2012 contra El Mercurio, acción que busca una reparación superior a los 100 millones de pesos por el daño moral y laboral causado.
«Esta jauría de abogados, como les digo yo, han dilatado demasiado este caso», denuncia el sociólogo respecto a los equipos legales de ambos consorcios. Cid descubrió a expertos en libertad de prensa con doctorados en el extranjero, dedicados exclusivamente a trabar el avance de la demanda mediante acciones dilatorias y tecnicismos que han postergado el fallo por casi 13 años.
El proceso se vio enfrentado obstáculos insólitos, como la supuesta pérdida de la carpeta investigativa y dificultades para notificar a los representantes de las empresas. Cid menciona que estas prácticas buscan generar fatiga: «Un juicio civil dura entre 5 y 7 años, pero este caso se ha dilatado por las mismas acciones de estos abogados que conocen todos los vericuetos del sistema», sostiene.
Actualmente, la demanda sigue estancada, por lo que Cid Aedo exige que el Poder Judicial actúe con celeridad para evitar que el poder económico de El Mercurio se transforme en un escudo de impunidad ante la difamación de un ciudadano.
De la Operación Huracán al Lawfare editorial
En septiembre de 2017, el nombre de David Cid volvió a figurar en las portadas nacionales durante la «Operación Huracán». En este operativo de Carabineros, se le acusó de «asociación ilícita terrorista» junto a líderes mapuche. La prensa hegemónica validó de inmediato pruebas de mensajería en WhatsApp y Telegram que más tarde se revelaron como un montaje fabricado.
«El Mercurio volvió a meterme en ese tema, ya no era delincuencia, ahora era terrorismo», explica. El diario actuó como una caja de resonancia para las hipótesis de la Inteligencia policial, adjudicando títulos sin sustento. Según el sociólogo, el medio dio la pauta para criminalizar el movimiento social y validar la intervención de unidades especiales.
David Cid cuenta que pese a que en el caso Huracán todos los acusados resultaron absueltos tras pasar dos años en prisión sin pruebas, su mención siguió en noviembre de 2022, con nuevas filtraciones que lo posicionaron como «sujeto de interés» judicial. En esta arista se le intenta vincular con la planificación de ataques incendiarios de la CAM en 2021, utilizando como indicio que habría facilitado su automóvil para fines logísticos.
Para Cid, estas situaciones son una muestra clara de «Lawfare» o guerra jurídica, donde el periodismo se utiliza para anular civilmente a los adversarios políticos. Asegura que los medios se valen de datos sin verificar “magnificando y socializando la información falsa», señala respecto al rol del diario de los Edwards en la persecución de dirigentes.
Tras la caída del montaje Huracán y la condena a los carabineros responsables, Cid reflexiona sobre la complicidad mediática: «El Mercurio fue el primero que puso la noticia cuando se empezó a caer el montaje para intentar controlar la narrativa», afirma, denunciando que el diario ha estado históricamente del lado de los sectores autoritarios para proteger privilegios de clase.
El costo es cesantía y aislamiento
Las consecuencias de aparecer sistemáticamente vinculado a crímenes como el del cabo Moyano o el sargento Aigo, han sido devastadoras. Al ser una figura «googleable» vinculada a la violencia política, las puertas del mercado laboral se cerraron, afectando su estabilidad profesional y familiar.
Confiesa que le cuesta mucho encontrar trabajo porque en internet aparecen todas estas causas, llevando casi cinco años sin trabajo estable. A pesar de ser un profesional con experiencia docente en institutos y universidades, el estigma mediático actúa como una condena perpetua que le impide ejercer su vocación de sociólogo.
El aislamiento no se limita a lo laboral, puesto que el daño también permeó sus relaciones afectivas. Cid relata que sufrió el rechazo de conocidos y familiares que se dejan llevar por la maquinaria publicitaria de los medios masivos. Añade que «han perjudicado mi vida, y mi familia también se ve afectada por lo que sale en las noticias», lamenta.
Para el sociólogo, vivir bajo esta sombra significa no poder desarrollar una vida normal pese a estar en libertad, su nombre quedó anclado al expediente mediático: «A pesar de que no hay pruebas contra mí, los medios siempre me ponen en estos temas», sentencia.
Presos de la «justicia militar»
En su denuncia, Cid Aedo no olvida a quienes aún sufren las consecuencias de procesos judiciales viciados bajo lógicas de excepción. Hace un llamado especial por Marcelo Villarroel, quien permanece «preso por leyes de la justicia militar que ya deberían estar derogadas, leyes injustas que hoy no deberían aplicarse», enfatiza.
El sociólogo destaca la contradicción de que, mientras otros involucrados en casos de alta connotación están libres, Villarroel continúe en prisión en Rancagua bajo una normativa anacrónica. Para Cid, esto es parte del mismo sistema que utiliza el derecho y la comunicación para castigar de manera diferenciada a ciertos sectores sociales que la élite considera enemigos.
Finalmente, David Cid asegura que su lucha contra El Mercurio es una forma de detener el abuso de poder mediático. «Ya no pierdo nada, no tengo trabajo ni a quién darle cuenta, por eso me atrevo a denunciar a estas grandes empresas y su línea editorial», afirma con determinación.
La resolución de su demanda civil por más de 100 millones de pesos se convierte en un símbolo de resistencia. Cid espera que su caso provoque que los medios de comunicación hegemónicos entiendan que no pueden destruir la imagen de un ciudadano con información falsa y que la justicia debe llegar para todos por igual.
