El Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) de Argentina prepara un nuevo paro de 36 horas para esta semana en coincidencia con el tratamiento en el Senado de la cuestionada de reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, que restringe el derecho a huelga, reduce las indemnizaciones por despidos, autoriza la extensión de la jornada laboral hasta las 12 horas y modifica el pago de «horas extra», entre otros puntos.
El gobierno del presidente de Argentina Javier Milei buscará esta semana ponerle punto final al camino legislativo de la cuestionada reforma laboral, que volvió al Senado después de que se eliminara la modificación al régimen de licencias antes de que se tratara en la Cámara de Diputados. Este movimiento que pretende dar un cierre exprés a la iniciativa se da en el marco de las sesiones extraordinarias que finalizan el próximo viernes 27 de febrero, lo que impone un límite temporal que el oficialismo intentará aprovechar para convertir en ley su polémico proyecto
Por ello, los sindicatos preparan medidas de fuerza para protestar contra la arremetida del gobierno libertario y sus aliados, que prometen replicar la contundencia demostrada en la jornada de paro general de la semana pasada.
La paralización general convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) que tuvo un acatamiento masivo en distintas provincias y sectores económicos, expuso la capacidad de movilización y organización de los trabajadores argentinos frente a lo que consideran un ataque a sus derechos históricos, ya que reforma laboral impulsada por el ultraderechista restringe el derecho a huelga, reduce las indemnizaciones por despidos, autoriza la extensión de la jornada laboral hasta las 12 horas y modifica el pago de «horas extra», entre otros puntos controversiales.
A pesar del paro general, la CGT tomó una decisión que generó controversia en el seno del movimiento obrero: no movilizarse al Congreso. Esta postura contrastó con la adoptada por las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina- la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores.-en el marco del Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), que sí convocaron a una movilización hacia el Parlamento en una protesta, que tal como había anticipado el día antes la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, terminó una vez más en una cruenta represión por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.
La calle dijo no a la reforma laboral y Milei respondió con violencia
Cuando la mayoría de los gremios ya se habían desmovilizado y apenas quedaban unos pocos manifestantes en el lugar, la Gendarmería y la Policía Federal entraron en acción con un despliegue de fuerza que incluyó camiones hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma.
La curenta represión derivó en lo que medios como Página/12 calificaron como una «clásica persecución y cacería de militantes», a quienes la propia Monteoliva no dudó en calificar como «terroristas» en declaraciones previas. El saldo, de acuerdo a la Comisión Provincial por la Memoria, fue de al menos 70 manifestantes que requirieron atención médica por las balas, los palos y los gases, además de una docena de detenidos
Los organismos de derechos humanos y las propias centrales sindicales denunciaron que las fuerzas desplegaron una cantidad de agentes excesiva ante la cantidad de manifestantes que había frente al Congreso, en lo que interpretaron como una muestra más de la política de seguridad del gobierno de Milei, caracterizada por un endurecimiento en el tratamiento de la protesta social.
La no movilización de la CGT fue motivo de crítica de algunos sectores gremiales en la previa y después del paro. Además, generó un debate interno sobre las estrategias de lucha más adecuadas para enfrentar las políticas del gobierno libertario y sobre el nivel de contundencia que debe tener la respuesta sindical ante la amenaza de la reforma sobre derechos conquistados.
«(El paro) expresó las divisiones y las distintas respuestas que existen al interior del movimiento de trabajadores. Hubo algunos que simplemente a último momento dieron respuestas limitadas y otros que dimos respuestas desde el primer momento, con movilizaciones en Córdoba y Santa Fe y con paros y movilizaciones que realizamos cuando se trató en el Senado y en Diputados», indicó en diálogo con El Destape Hugo «Cachorro» Godoy, secretario general de la CTA Autónoma.
Las declaraciones del dirigente sindical reflejan la tensión existente entre las diferentes expresiones del movimiento obrero y la diversidad de enfoques sobre cómo enfrentar las políticas del gobierno de Milei, que desde que llegó al poder en diciembre de 2023 ha logrado impulsar una agenda de reformas que impacta directamente en las condiciones de trabajo y en el poder adquisitivo de los salarios.
«Vamos a parar y movilizar nuevamente»
El Fresu, que agrupa a las dos CTA y a otros sectores gremiales, ya anunció la semana pasada que haría otro paro de 36 horas esta semana ante el tratamiento de la ley en el Senado, previsto para el fin de la semana, sobre el límite del fin del período de sesiones extraordinarias.
Esta medida, de mayor duración que la anterior, busca aumentar la presión sobre los legisladores nacionales en momentos en que se define la suerte de una reforma que modifica aspectos sustanciales de las relaciones laborales en Argentina.
«Vamos a parar y movilizar nuevamente la semana que viene cuando vuelva a ser tratado en el Senado este proyecto de ley. Si bien allí es probable que sea una escribanía vergonzosa, que en definitiva es a lo que se está reduciendo el Congreso de la Nación, para quienes formamos parte del Frente Sindical de Unidad es fundamental sostener este plan de lucha, que va más allá inclusive de este proyecto de ley y que está siendo impulsado en el afán de enfrentar y vencer al modelo económico social de saqueo y dependencia que plantea este gobierno», continuó Godoy en declaraciones al medio citado.
El dirigente gremial fue contundente al caracterizar el rol que, a su juicio, está cumpliendo el Poder Legislativo en el actual contexto político y advirtió que estaría perdiendo su capacidad de representación autónoma para transformarse en un mero instrumento de validación de las iniciativas del Poder Ejecutivo.
Godoy precisó además los pasos organizativos que seguirá el espacio gremial en los próximos días: «El lunes o martes nos estamos reuniendo para ratificar esta voluntad y esperamos alentar a que nuestro pueblo no se rinda, no se resigne, a recuperar esa capacidad de conciencia y de defensa de los intereses de la clase trabajadora y del pueblo argentino», indicó.
Un «parazo» con acatamiento total
La CGT, que aún no difundió información sobre si ejecutará alguna medida de fuerza esta semana, celebró el acatamiento al paro general de la semana pasada, en una percepción que coincide con la de las otras centrales obreras.
La central que conduce Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano destacó el alto nivel de adhesión a la medida, que según sus relevamientos alcanzó niveles similares a los de las grandes huelgas generales de la historia reciente del país.
«El ‘parazo’ que repercutió en todo el país en contra de la ley y las movilizaciones, que se hicieron no solamente en Buenos Aires sino que en todo el país, van mostrando que crece el rechazo a esta reforma laboral. El Gobierno quería un trámite exprés, quería aligerar la marcha, precisamente porque sabía que a medida que se fueran conociendo los pormenores de la ley, los detalles, la letra chica, iba a quedar mucho más claro que esto era un revanchismo patronal y una ley que en más de 200 artículos no tiene uno solo a favor de los trabajadores», señaló en diálogo con El Destape, el diputado nacional de Unión por la Patria (UP) y secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky.
El también dirigente gremial enfatizó el carácter plebiscitario que adquirió la protesta: «Se plebiscitó el rechazo con el paro y el acatamiento total», agregó Yasky, en referencia a lo que considera una manifestación clara de la sociedad argentina en contra de una reforma que, según su análisis, perjudica exclusivamente a los trabajadores sin ofrecer contrapartida positiva alguna.
La mirada del legislador coincide con la de amplios sectores del arco político y social que ven en esta reforma un retroceso en materia de derechos laborales y una adecuación de la legislación argentina a los intereses de los sectores empresariales que tanto defiende el gobierno libertario.
Godoy, por su parte, consideró que el paro y la movilización representaron «una respuesta contundente» y «masiva» a la arremetida de Milei y su política de «motosierra».
«Expresó fundamentalmente la capacidad de la clase trabajadora de no resignarse ante esta apariencia de poder del gobierno de Milei salvado y sostenido por el presidente (Donald) Trump», explicó Godoy, en una clara alusión al apoyo explícito que el mandatario estadounidense ha manifestado hacia libertario argentino
«No es la primera vez que en la Argentina se utiliza el Congreso para aparentar una representación institucional que se va perdiendo poco a poco en el conjunto de la sociedad. Creo que este paro y esta movilización expresó eso», concluyó el dirigente gremial.
En este contexto de alta conflictividad social y política, esta semana será crucial para definir no solo el destino de la reforma laboral, sino también la capacidad de respuesta del movimiento obrero organizado y el nivel de conflictividad que el gobierno deberá enfrentar en los próximos meses.
La decisión del Fresu de convocar a 36 horas de paro marca una escalada en el plan de lucha, mientras la CGT evalúa si suma o no su estructura a las medidas de fuerza.
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