Ecuador: sindicatos van a paro contra Noboa por esquema laboral de hasta 12 horas diarias

El Frente Unitario de los Trabajadores convocó a una movilización nacional para el 13 de marzo en rechazo a la reforma que permite reorganizar la jornada laboral de 40 horas semanales en esquemas extendidos, que los dirigentes sindicales califican como una medida impulsada por el gobierno de Daniel Noboa que precariza el empleo y atenta contra derechos históricamente conquistados por la clase trabajadora ecuatoriana.

En un contexto de creciente tensión, las principales organizaciones sindicales del Ecuador han anunciado una movilización en todo el país que incluye un paro, para el próximo 13 de marzo, en respuesta a las recientes disposiciones del gobierno de Daniel Noboa que reorganizan la jornada laboral y atentan contra los derechos adquiridos por los trabajadores.

La medida gubernamental, materializada a través del acuerdo 046 emitido por el Ministerio de Trabajo, permitiría redistribuir las 40 horas semanales de trabajo en esquemas que podrían extenderse hasta 12 horas diarias, lo que ha encendido las alarmas en el movimiento sindical ecuatoriano.

El anuncio de la movilización fue realizado en conferencia de prensa por el Frente Unitario de los Trabajadores (FUT), organización que aglutina a las principales centrales sindicales del país, y que contó con el respaldo expreso de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) y la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE).

La convocatoria busca articular un rechazo contundente a lo que los dirigentes consideran un retroceso en materia de derechos laborales y un ataque directo a las condiciones de vida de los trabajadores ecuatorianos.

La protesta nacional busca reunir a trabajadores del sector público, organizaciones sociales y ciudadanía en general para exigir la derogatoria de la polémica reforma.

Según explicaron los dirigentes sindicales el acuerdo 046 permitiría a los empleadores reorganizar la jornada labora, distribuyendo las 40 horas semanales en jornadas de hasta 12 horas diarias, bajo un esquema de compensación con días adicionales de descanso, lo cual apunta a debilitar la histórica jornada de ocho horas, abriendo las puerta a formas de precarización laboral

Durante la conferencia de prensa, Edwin Bedoya, presidente del FUT, advirtió sobre el impacto negativo de esta medida impulsada por la administración de Noboa.

«Esto precariza el empleo», aseguro, al tiempo que manifestó su reocupación por las consecuencias que esta reforma podría tener para los trabajadores ecuatorianos, especialmente en lo que respecta a la pérdida de ingresos complementarios y la desprotección laboral.

Bedoya cuestionó duramente los fundamentos sobre los cuales se sustenta la propuesta gubernamental, señalando la falta de evidencia que respalde la premisa de que extender la jornada laboral podría contribuir a la generación de empleo.

Uno de los puntos más críticos señalados por Bedoya tiene que ver con la capacidad que adquirirían los empleadores para definir unilateralmente los horarios y turnos de trabajo, en detrimento de las condiciones laborales de los trabajadores, quienes perderían capacidad de negociación y verían alterados sus ritmos de vida familiar y social.

En términos económicos, el presidente del FUT se refirió a las consecuencias que esta medida tendría sobre los ingresos de los trabajadores y el sistema de seguridad social.

«Eliminar el pago de horas extras —que puede representar hasta un 30 % adicional del salario— impactaría el financiamiento del seguro social», explicó.

A ello añadió una advertencia igualmente preocupante y señaló que «podría derivar en despidos masivos».

¿Qué dice el gobierno?

Frente a las críticas y la movilización anunciada, el ministro de Trabajo, Harold Burbano, calificó la cuestionada iniciativa como un «borrador definitivo» que se analizará junto con empleadores y representantes laborales.

Indicó que independientemente de la redistribución horaria, se respetará el límite de 40 horas semanales establecido en la legislación laboral ecuatoriana.

Asimismo, Burbano aseguró que los trabajadores recibirán compensación en tiempo libre por las horas extra trabajadas y que las jornadas de hasta 12 horas se aplicarían únicamente a sectores específicos, mencionando expresamente el caso del transporte.

Noboa responde a intereses privados

Sin embargo, estas precisiones no han logrado calmar el malestar sindical. José Villavicencio, vicepresidente del FUT y presidente de la UGTE, ofreció una perspectiva más amplia sobre el contexto en el que se inscribe esta reforma, vinculándola con otras medidas gubernamentales recientes.

Advirtió que la reorganización de la jornada laboral, junto con la reciente ley que regula el gasto de municipios y prefecturas, responde a intereses privados y podría debilitar áreas sociales y provocar despidos en Gobiernos locales, consignó TeleSUR.

El dirigente sindical fue particularmente crítico con el papel que está asumiendo el Ministerio de Trabajo en este proceso, al que acusó de desviarse de sus funciones fundamentales, al estar actuando más como representante de los intereses empresariales que como garante de los derechos laborales.

«Su función es proteger los derechos individuales y colectivos de quienes producen la riqueza del país», señaló.

Para ilustrar el alcance real de la reforma, Villavicencio recordó que la jornada laboral actual consiste en 8 horas diarias y 40 a la semana y planteó que con el acuerdo 046, que está haciendo el gobierno de Noboa «es modificar la jornada ordinaria para no pagar las jornadas suplementarias».

El vicepresidente del FUT también alertó que la medida permitiría trabajar durante noches y fines de semana sin los recargos que establece la ley.

«El Gobierno no puede seguir aprobando leyes que vulneran derechos», enfatizó.

200.000 empleos en riesgo

Por su parte, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, ofreció cifras concretas sobre el posible impacto en el empleo público ocasionado por la medida.

Erazo calculó que más de 200.000 empleos en el ámbito provincial y municipal estarían en riesgo y señaló que en varias provincias ya se anticipan desvinculaciones por falta de recursos y restricciones presupuestarias.

Indicó que los sectores más vulnerables serían parroquias y cantones pequeños, altamente dependientes de las transferencias del Gobierno Central, reportó el portal Ecuador Noticias 360.

Adicional a la convocatoria a movilización nacional para el 13 de marzo los sindicatos señalaron que acudirán a instancias como la Organización Internacional del Trabajo, para denunciar la vulneración de sus derechos laborales reconocidos en convenios internacionales.