Por Fernando Sagredo Aguayo
La reciente promulgación de la Ley 21.801, que entra en vigencia en marzo de 2026, marca un hito indudable en la historia educativa de Chile. Tras ocho años de tramitación, el sistema transita desde una adopción tecnológica a menudo acrítica hacia un necesario «tecnoescepticismo», materializado en la campaña «Modo Aula». Hasta aquí, el diagnóstico del Ministerio de Educación es no sólo correcto, sino urgente. Sin embargo, la decisión comunicacional del ministro Nicolás Cataldo de remarcar la prohibición del uso de dispositivos móviles a los profesores (considerando que la ley, permite que en efecto se utilicen dichos dispositivos con fines pedagógicos), argumentando ejemplaridad y coherencia transversal, esconde un profundo error político y pedagógico que amenaza con desvirtuar el espíritu de la norma.
Para ser justos, debemos comenzar reconociendo el macizo respaldo técnico que fundamenta la restricción para los estudiantes. Tal como expuso la investigadora Carolina Pérez durante el debate legislativo, el uso excesivo de pantallas genera un «bucle de dopamina» que secuestra la atención y altera la corteza prefrontal en cerebros en desarrollo. Los datos son alarmantes: retomar el hilo de una clase tras revisar el celular (algo que un alumno hace en promedio cada 12 minutos) cuesta hasta 20 minutos de fatiga cognitiva.
La evidencia internacional respaldaba esta urgencia. El informe GEM 2023 de la Unesco y los resultados de pruebas PISA demostraron la correlación negativa entre la sobreexposición a las TIC y el rendimiento académico. Países como Francia, Nueva Zelanda y Países Bajos ya habían marcado la pauta al prohibir los móviles, entendiendo que la escuela debe actuar como un factor protector ante el riesgo de depresión, ansiedad y atrofia de la ínsula que provocan las redes sociales. Restringir el teléfono a los niños y adolescentes es, a todas luces, un acto de cuidado neurobiológico y equidad.
El problema surge cuando, en un afán de igualitarismo normativo (devenido soterradamente en punitivo) las declaraciones del ministro Cataldo ubican al profesor en el mismo nivel de restricción que al estudiante. Se esgrime que la medida se toma por «razones de ejemplo». No obstante, este argumento confunde roles, posiciones y responsabilidades.
El informe GEM 2023 de la Unesco y los resultados de pruebas PISA demostraron la correlación negativa entre la sobreexposición a las TIC y el rendimiento académico.
Poner al mismo nivel al profesor y al estudiante es, en la práctica, infantilizar el trabajo docente. Significa asumir que el profesional de la educación carece del criterio, la autorregulación y la madurez ejecutiva que precisamente la ley busca formar en los menores. Al desprofesionalizar la figura del maestro, el Estado le está quitando, por decreto, su autoridad intrínseca.
Imaginemos la escena que se vivirá en las aulas chilenas a partir de marzo: un profesor saca su teléfono para consultar rápidamente un dato pedagógico, coordinar una emergencia o marcar la asistencia en el sistema virtual del colegio. Inmediatamente, un estudiante de 14 años podrá levantar la mano y apelar: «Profesor, usted no puede ocupar el teléfono». Se generará así una fiscalización invertida, un campo de tensión mayor y constante donde el alumno asume el rol de vigilante del adulto. En lugar de reducir los ruidos conductuales, la medida introduce un nuevo frente de tensión justificada por la propia ley.
A la confusión de roles y la fiscalización invertida en el aula, se suma una profunda contradicción operativa. Las declaraciones del ministro no solo confunden a la opinión pública, sino que colisionan con el propio texto del proyecto de ley. La normativa establece que los docentes podrán utilizar sus dispositivos móviles en virtud de «necesidades pedagógicas». Pero esta supuesta válvula de escape nos obliga a plantear una pregunta fundamental: ¿Puede un docente, en pleno ejercicio de sus funciones dentro del aula, restarse por antonomasia de su rol inherentemente pedagógico? Todo lo que hace un profesor en la sala de clases —desde buscar un dato de último minuto para enriquecer un debate, cronometrar una actividad, hasta registrar una incidencia en el libro de clases digital— responde a un fin educativo. Pretender parcelar el uso de una herramienta tecnológica asumiendo que el profesor la usará para el ocio, a menos que demuestre lo contrario, es una presunción de culpabilidad que atenta contra la dignidad profesional. A contrapelo de lo que planteaba Gabriela Mistral, lo que ocurre aquí es asumir una necesidad de vigilancia y, por lo tanto, de desconfianza.
Lejos de ser una solución, esta excepción legal amenaza con convertirse en una nueva trampa burocrática. El sistema educativo chileno, ya asfixiado por el agobio administrativo, corre el riesgo de sumar un paso más al absurdo procedimental: ¿Tendrá ahora el profesor que redactar un correo o llenar un formulario para «dar aviso a la Unidad Técnico-Pedagógica» de que utilizará su teléfono para una actividad específica con un curso? ¿Se le exigirá avisar con semanas de anticipación el uso de un código QR o una encuesta rápida en línea?
Lejos de ser una solución, esta excepción legal amenaza con convertirse en una nueva trampa burocrática.
Esta hiperregulación nos lleva a un callejón sin salida práctico y ético. Si no son los propios estudiantes asumiendo un rol de celadores que no les corresponde, ¿serán los equipos directivos quienes deberán patrullar los pasillos asomándose por las ventanas para verificar si la pantalla que mira el profesor está justificada en la planificación anual?
En un país que enfrenta el desafío titánico de la reactivación educativa, la recuperación de aprendizajes post-pandemia, la deserción escolar y la violencia en los establecimientos, cabe preguntarse con total honestidad: ¿Es en realidad una prioridad nacional vigilar la relación de los profesores con sus teléfonos? El desgaste de energía, tiempo y recursos directivos que requerirá hacer cumplir esta simetría forzada es un despropósito. La crisis de atención de nuestros estudiantes exige medidas firmes, pero aplicarlas a quienes sostienen el sistema no es un acto de ejemplaridad, es un acto de desconfianza.
Es imperativo recordar aquí una lección fundamental de la filosofía clásica. Como advertía Platón en La República, el correcto funcionamiento y la justicia de la polis (y la escuela es, por excelencia, nuestra polis formativa) radican en que cada estamento cumpla su función específica sin usurpar ni ser rebajado a la del otro. Lo que hacen las declaraciones ministeriales es confundir y mezclar los roles. Someter al guía a las mismas restricciones que al aprendiz no es coherencia; es, en términos platónicos, hybris (desmesura) y abre la puerta a la anarquía en la sala de clases.
El verdadero ejemplo que un adulto debe dar no es el de una abstinencia forzada y vigilada por el Estado, sino el del uso racional, ético y oportuno de la tecnología. La educación comienza en casa y se consolida en la escuela, es cierto, pero se construye sobre la base de una asimetría sana y necesaria.
Chile ha tomado una decisión valiente al devolverle al aula sus vínculos y profundidad protegiendo a los niños de la hiperconectividad. Pero al exigir que los profesores paguen el mismo precio normativo, el Ministerio de Educación está sacrificando el respeto y la jerarquía profesional en el altar de una coherencia mal entendida. El «Modo Aula» es una política brillante para los estudiantes; aplicarla como un «Modo Párvulo» para los docentes es un autogol que la educación chilena no se puede permitir.
Por Fernando Sagredo Aguayo
Profesor de Historia y Geografía, Magíster en Educación (Currículum y Evaluación), y Magíster en Filosofía Política, y por la Universidad de Santiago de Chile.
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
