En una jornada clave para la memoria y los derechos humanos en Chile, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este martes el proyecto que institucionaliza el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia (boletín 17839). La iniciativa, que busca esclarecer el paradero de las víctimas de desaparición forzada ocurridas durante la dictadura cívico-militar, fue despachada al Senado para su segundo trámite constitucional tras obtener 79 votos a favor, 41 en contra y 16 abstenciones.
La iniciativa apunta a que la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas durante el régimen del dictador Augusto Pinochet sea una obligación permanente del Estado y no dependa del gobierno de turno y con este respaldo legislativo, el proyecto de ley pasa ahora a su segundo trámite constitucional en el Senado, donde deberá ser discutido y votado para convertirse definitivamente en ley de la República.
Los impulsores de la medida esperan que la discusión se concrete a la brevedad, considerando el contexto de cambio de mando presidencial y la necesidad de blindar esta política pública ante posibles cambios de prioridades en la administración entrante del republicano José Antonio Kast, cuyo sector ha relativizado violaciones a los DDHH en la dictadura, lo que pondría en riesgo la deuda histórica con 1.100 familias que aún buscan respuestas y justicia tras más de 50 años.
El proyecto establece un marco legal permanente para la búsqueda de personas detenidas desaparecidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. La implementación del plan quedará radicada en la Subsecretaría de Derechos Humanos, donde se creará una unidad especial encargada exclusivamente de esta función .
Blindaje legal para la búsqueda de verdad y justicia
El objetivo central de esta nueva legislación es convertir al Plan Nacional de Búsqueda en un instrumento estatal permanente destinado a avanzar en la localización, identificación y restitución de los restos de las víctimas de desaparición forzada. Según detalla el texto aprobado, la iniciativa no solo busca dar con el paradero final de las víctimas, sino también garantizar el derecho inalienable de sus familiares y de la sociedad en su conjunto a conocer la verdad de lo ocurrido .
Durante el debate parlamentario, se explicó que este plan ya existe como programa público, por lo que la propuesta viene a convertirlo en una política permanente que actúe con independencia de los gobiernos de turno. En este contexto, los diputados plantearon que el plan ya cuenta con recursos y personal asignados. Sin embargo, se requiere de estabilidad para su accionar a largo plazo .
Objetivos del de Plan de Búsqueda de Verdad y Justicia
El Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia contempla tres objetivos fundamentales bien definidos. En primer lugar, busca esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte, así como el destino final de las personas víctimas de desaparición forzada ocurridas en el período señalado.
En segundo lugar, apunta a reconocer, promover y dar efectividad al derecho de los familiares de las víctimas y de la sociedad a la verdad, la memoria, la justicia y la no repetición.
Finalmente, busca fortalecer la participación efectiva de familiares, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil en los procesos de búsqueda .
Para garantizar el cumplimiento de estas metas, el proyecto contempla la creación de un Comité de Seguimiento y Participación, un órgano que tendrá la misión de conocer, asesorar y formular recomendaciones para la implementación del plan. Esta instancia estará integrada por trece miembros, quienes ejercerán sus funciones ad honorem y tendrán una duración de cuatro años en sus cargos, asegurando así una continuidad en la supervisión de las políticas adoptadas .
Además, el texto legal ordena a la Subsecretaría de Derechos Humanos la elaboración de un informe anual de gestión. Este documento deberá ser presentado al Presidente de la República, a la Corte Suprema y al Congreso Nacional, y versará sobre las actividades y resultados del plan, considerando al menos información detallada sobre el cumplimiento de metas y objetivos específicos .
Las voces del debate
La discusión en la Sala contó con una amplia participación de legisladores de diversas bancadas. Intervinieron en el debate Carolina Tello, Ana María Gazmuri, Johannes Kaiser, Lorena Fries, Arturo Barrios, Agustín Romero, Lorena Pizarro, Vlado Mirosevic, Luis Sánchez, Carmen Hertz, Roberto Celedón, Daniela Serrano, Emilia Schneider, Alejandra Placencia, Andrés Giordano, Hernán Palma, Consuelo Veloso, Marcela Riquelme, María Candelaria Acevedo y Tomás Hirsch, entre otros .
Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la intervención del diputado Roberto Celedón (IND), coautor de la moción, quien celebró el respaldo transversal que obtuvo la iniciativa, a excepción de parlamentarios alineados con la extrema derecha.
“Es muy valioso y muy importante porque un sector de la derecha, especialmente de Renovación Nacional, encabezada en este caso por Ximena Ossandón, junto con todas las fuerzas democráticas y progresistas, votaron a favor, lo que es muy valorable, y solo la derecha extrema votó en contra”, afirmó.
El parlamentario planteó que el deber del Estado no se limita al eventual hallazgo de restos. “No solo el hallazgo eventual, porque quizás no se halle, pero sí reconstituir todas las historias en relación a la verdad de los hechos que efectivamente ocurrieron y quiénes fueron los autores, aunque ya los autores estén fallecidos. Saber siempre la verdad como pueblo es fundamental”, dijo en declaraciones recogidas por Bio Bío Chile.
Por su parte, la diputada Carolina Tello (Frente Amplio) valoró el fin de la dependencia del plan respecto a decretos administrativos que podrían ser modificados por futuras administraciones. Su argumento se centró en la deuda histórica del Estado con las víctimas de la dictadura:
«Tras una dictadura fría y sangrienta, el Estado debe garantizar verdad y reparación permanente, cumpliendo compromisos internacionales», indicó.
Sin embargo, en medio del debate hubo quienes expusieron sus objeciones a la institucionalización de este plan. Según consignó la Cámara de Diputadas y Diputados, los parlamentarios (de derecha) «consideraron que rigidiza por ley lo que se puede corregir por la vía administrativa. Además, evaluaron que no se avanza en la identificación de las víctimas, ni mejora la efectividad de la política en cuestión».
Orígenes y camino recorrido
La propuesta se originó en una moción presentada por la diputada Lorena Fries, junto a los parlamentarios Roberto Celedón, Andrés Giordano, Claudia Mix, Javiera Morales, Patricio Rosas, Clara Sagardía, Jaime Sáez, Carolina Tello y Ericka Ñanco.
Es importante destacar que el Plan Nacional de Búsqueda fue presentado originalmente por el Presidente Gabriel Boric en agosto de 2023, en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.
En diciembre de 2025, el mandatario y las autoridades de derechos humanos entregaron el primer informe bienal, donde se detalló el avance de las acciones de búsqueda, incluyendo la creación de una nómina única de víctimas y un mapa georreferenciado de trayectorias. En ese periodo se realizaron 157 diligencias en terreno y se avanzó en la creación del Archivo Nacional de la Memoria .
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