El senador Daniel Núñez (PC) solicitó que Javier Macaya se inhabilitara, argumentando un eventual conflicto de intereses. ya que su padre, quien tiene 73 años y fue condenado por cuatro delitos de abuso sexual contra menores, podría resultar beneficiado por la normativa.
Una votación estrecha y una controversia por un eventual conflicto de intereses marcaron la aprobación en general en el Senado del proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad. La iniciativa, que permite la excarcelación de delincuentes mayores de 70 años «por razones de salud», logró visarse por un estrechísimo margen de 23 votos a favor y 22 en contra, resultado en el que el sufragio del senador Javier Macaya (UDI) terminó inclinando la balanza de manera decisiva.
El proyecto, presentado por los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, busca establecer mecanismos que permitan suspender o sustituir el cumplimiento de penas de cárcel por fórmulas alternativas. En los hechos, esta ley beneficiaría directamente a reos de Punta Peuco condenados por delitos de lesa humanidad y violaciones a los DD.HH. De avanzar, se estima que podrían verse beneficiados más de 300 condenados por lesa humanidad, así como más de 300 criminales condenados por homicidio, femicidio, violaciones de niños, niñas y adolescentes, y parricidio.
El voto que definió la mayoría y la polémica por conflicto de intereses
Sin embargo, la discusión legislativa no estuvo exenta de la polémica tras la participación de Macaya en la votación.
El parlamentario levantó su mano a favor de la iniciativa, un voto que fue decisivo para su aprobación y los cuestionamientos no se hicieron esperar, tomando en consideración que su padre, Eduardo Macaya, quien tiene 73 años y fue condenado por cuatro delitos de abuso sexual contra menores, podría resultar beneficiado por el proyecto legislativo.
En medio de la conmoción generada durante el debate en la Sala, el senador Daniel Núñez (PC) solicitó formalmente que Macaya se inhabilitara de participar en la votación, argumentando un eventual conflicto de intereses.
El parlamentario comunista advirtió que la norma podría resultar en beneficios para condenados que cumplan ciertos requisitos, como por ejemplo tener una edad avanzada, como es el caso justamente de Eduardo Macaya.
“Quiero pedir que se inhabilite el senador Macaya porque, si este proyecto de ley se aprueba, su padre podría verse beneficiado”, señaló Núñez durante la sesión, haciendo mención a disposiciones del reglamento del Senado relacionadas con inhabilidades parlamentarias.
Ante esta petición parlamentarios de la bancada de derecha, como el senador Rojo Edwards, arremetieron contra Ñúñez, quien calificó sus declaraciones como “lo más bajo” del debate, consignó El Mostrador.
Según Edwards, el cuestionado proyecto no beneficiaría al padre de Macaya y además solicitó que las palabras del senador comunista fueran retiradas del acta de la sesión.
Sin embargo, el proceso de votación continuó y el proyecto terminó siendo aprobado por el estrechísimo margen que dejó en evidencia el peso determinante del voto de Macaya.
Rechazo del Gobierno, reserva de constitucionalidad y próximos pasos legislativos
Tras la aprobación en general, el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, abrió la votación para definir el plazo de presentación de indicaciones. La Sala fijó como fecha límite el lunes 16 de marzo al mediodía, una decisión que fue respaldada al contar con 27 votos a favor y nueve en contra.
Al término de la sesión, la senadora Yasna Provoste (DC) y el senador Fidel Espinoza (PS) realizaron reserva de constitucionalidad, argumentando que el proyecto incumple con los tratados y legislación internacional de Derechos Humanos suscritos por Chile, incluso señalaron que podrían recurrir al Tribunal Constitucional si el proyecto avanza en su tramitación.
Luego de la aprobación en general por parte del Senado, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, ofreció declaraciones a Televisión Nacional, en las que ratificó el rechazo del Gobierno del Presidente Boric a esta iniciativa, advirtiendo que «pone en grave peligro la seguridad de nuestra sociedad».
El secretario de Estado profundizó en las razones del Ejecutivo, argumentando que la ley abriría la puerta para la excarcelación de criminales de alta peligrosidad.
«Va a permitir que criminales peligrosos, no solo aquellos que han cometido los crímenes más graves que conoce la legislación nacional e internacional, que son los crímenes de lesa humanidad, sino que también los crímenes más graves que conoce nuestra legislación nacional, como los delitos de homicidio, parricidio, femicidio, violación, abusos sexuales en contra de niños, niñas, adolescentes (…) va a permitir que esas personas conmuten su pena y salgan y se encuentren en prisión en sus domicilios», declaró tajantemente Gajardo.
Con el primer trámite superado por un solo voto, la sombra del conflicto de interés por parte de Macaya y la firme oposición por parte de parlamentaruios y del Ejecutivo marcarán el devenir de una iniciativa que promete seguir generando tensión tanto en el plano jurídico como en el ético
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