A pocas horas de asumir la presidencia, José Kast ya dejó claro cuál será el eje económico de su gobierno: menos impuestos para el capital, recortes al gasto público y menos regulación estatal sobre la inversión privada. Más que una batería de medidas técnicas, el programa que su equipo prepara para los primeros meses de gobierno configura una apuesta política clara sobre cómo debe organizarse la economía chilena.
El plan económico de Kast se articula sobre una premisa conocida en la tradición económica más liberal: el crecimiento depende principalmente de liberar al sector privado de impuestos, regulaciones y restricciones estatales. En esa lógica, el rol del Estado se reduce y el protagonismo económico se traslada hacia el capital privado.
Sin embargo, detrás de ese diagnóstico hay también una decisión política con efectos distributivos concretos: cuando se reducen impuestos a las empresas y al mismo tiempo se recorta el gasto público, lo que se produce es una transferencia fiscal hacia el capital. Es decir, menos recursos en manos del Estado y más margen financiero para el sector empresarial.
Plan económico de Kast: recortar el Estado como punto de partida
La primera señal del nuevo gobierno ya apareció incluso antes del cambio de mando. El futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, solicitó a los ministros entrantes aplicar una reducción transversal del 3% en los presupuestos de cada cartera.
La medida forma parte de un programa de austeridad fiscal que busca reducir cerca de US$6.000 millones en gasto público durante los primeros 18 meses de gobierno.
Desde el comando del nuevo gobierno se ha planteado que el ajuste apuntará inicialmente al llamado “gasto político”. Pero en términos presupuestarios, un recorte de esa magnitud difícilmente puede limitarse a cargos administrativos.
El gasto público en Chile financia una amplia red de políticas sociales, programas de apoyo y servicios estatales. Por lo mismo, cualquier reducción significativa del presupuesto implica decisiones políticas sobre qué áreas del Estado se consideran prioritarias y cuáles pueden ser reducidas o eliminadas.
El ajuste fiscal, por tanto, no es solo una herramienta contable. Es también una forma de redefinir el alcance del Estado en la vida económica y social del país.
Rebajas tributarias: beneficios al capital en paralelo al ajuste fiscal
Mientras el nuevo gobierno proyecta recortes en el gasto público, el plan económico de Kast contempla simultáneamente una reducción significativa de impuestos a las empresas.
Entre las primeras iniciativas que se enviarán al Congreso figura una rebaja del impuesto de primera categoría desde el 27% actual a un 23%, junto con nuevos incentivos tributarios para empresas que formalicen trabajadores.
El programa también propone una tasa preferencial para las pequeñas y medianas empresas y la eliminación del impuesto a las ganancias de capital en determinadas operaciones bursátiles.
Además, el nuevo gobierno busca restablecer la plena integración del sistema tributario, una reforma largamente impulsada por el mundo empresarial.
La combinación de estas medidas refleja una lógica económica bastante definida: reducir la carga tributaria sobre el capital para estimular la inversión privada. Sin embargo, esa estrategia también implica menores ingresos fiscales en el corto plazo, lo que vuelve aún más relevante el ajuste del gasto público que acompaña al programa.
En términos políticos, el mensaje es claro: mientras el Estado se contrae, el capital obtiene mayor espacio financiero.
Desregulación: menos controles para acelerar proyectos
El tercer eje del programa apunta a modificar regulaciones que el nuevo gobierno considera obstáculos para la inversión.
Las primeras acciones contemplan cambios administrativos en reglamentos ambientales, procedimientos del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y normas relacionadas con la tramitación de proyectos.
El objetivo declarado es reducir tiempos de aprobación y simplificar procesos regulatorios. Pero la discusión de fondo va más allá de la eficiencia administrativa.
Las regulaciones ambientales, territoriales o laborales cumplen precisamente la función de equilibrar intereses económicos con derechos sociales, protección ambiental y participación ciudadana.
Cuando esas regulaciones se flexibilizan en nombre de la inversión, lo que ocurre no es solo una simplificación burocrática: también se modifica el equilibrio de poder entre el Estado, las comunidades y las empresas.
El regreso de una receta económica conocida
Las primeras medidas del nuevo gobierno reabren un debate que ha atravesado la política chilena durante décadas: hasta qué punto el crecimiento económico debe depender de la reducción del Estado y la ampliación del poder del mercado.
El plan económico de Kast se inscribe claramente en esa tradición. Su apuesta es que un entorno más favorable para el capital privado permitirá dinamizar la economía en un contexto de crecimiento moderado.
Sin embargo, esta estrategia también revive una de las tensiones centrales del modelo chileno: la concentración económica y la desigual distribución del poder económico.
Durante décadas, el crecimiento económico convivió en Chile con altos niveles de desigualdad y con un Estado limitado en su capacidad para redistribuir riqueza o intervenir en sectores estratégicos.
Por eso, las primeras decisiones del nuevo gobierno no solo abren un debate técnico sobre impuestos o regulaciones. También reactivan una discusión política más profunda sobre el tipo de desarrollo que el país quiere construir.
Un inicio de gobierno que marca el rumbo
Las decisiones que se adopten durante los primeros meses de mandato suelen marcar el tono de toda una administración. En ese sentido, las primeras señales del nuevo gobierno dejan pocas dudas sobre la orientación económica que buscará consolidar.
Recorte del gasto público, rebajas tributarias al capital y desregulación para acelerar inversiones forman parte de una misma arquitectura política.
Más que medidas aisladas, se trata de un intento por reinstalar un modelo económico en el que el Estado retrocede y el mercado recupera protagonismo como principal organizador de la vida económica.
A partir de este miércoles 11, con Kast ya instalado en La Moneda, esa apuesta comenzará a ponerse a prueba. Pero también abrirá una nueva etapa en la disputa política sobre el rol del Estado, la distribución de la riqueza y el poder económico en Chile.
