Por Damaris Astete Marchant, vocera de Ukamau (*)
La reciente ceremonia de entrega de llaves, el pasado 20 de febrero, a 200 familias del proyecto Maestranza Ukamau II, no fue solo un acto protocolar. Fue la materialización de años de lucha y organización: asambleas interminables, formación comunitaria, movilización social y persistencia colectiva.
Fue la confirmación de que la vivienda no es un beneficio asistencial que se otorga, sino un derecho que se conquista.
Al igual que ocurrió con Maestranza Ukamau I, este nuevo conjunto impulsado por el Movimiento de Pobladores Ukamau trasciende la simple entrega de departamentos.
Aquí confluyen historias de mujeres que criaron solas resistiendo la incertidumbre del arriendo y el allegamiento; de personas mayores que soñaron con envejecer en un espacio propio y seguro; de familias trabajadoras que durante años sostuvieron la organización con la convicción de que era posible algo distinto a la periferia y la precariedad.
La crisis habitacional en Chile exige soluciones que vayan más allá del subsidio tradicional. Durante décadas, la política pública logró reducir el déficit cuantitativo, pero al costo de profundizar la segregación: barrios alejados, sin servicios, con mala conectividad y escasa infraestructura comunitaria. Se resolvía el número, pero no el derecho a la ciudad.
Desde mi experiencia profesional y militante, he aprendido que el éxito de estos procesos no depende únicamente del acceso al suelo ni del financiamiento disponible. La verdadera transformación ocurre cuando las y los pobladores asumen un rol protagónico en la organización colectiva y en la construcción de su propio territorio.
Porque sin comunidad organizada, la vivienda se reduce a una obra material; en cambio, cuando existe participación consciente y articulada, se convierte en un proyecto de vida compartido.
Maestranza Ukamau II representa un avance técnico y ético en los estándares de justicia urbana. La inclusión de ascensores, estacionamientos subterráneos y una planificación que sitúa a los espacios comunes como el corazón del proyecto no son lujos ni añadidos decorativos: son decisiones políticas. Significan accesibilidad para personas mayores, mayor seguridad, mejor calidad de vida y reconocimiento de que los sectores populares también merecen infraestructura de alto estándar.
La arquitectura aquí no es neutra. Los pasillos que conectan el condominio, la sede comunitaria, las áreas verdes y los espacios de juego y deporte forman parte de una concepción integral del habitar. Como planteó Jane Jacobs, la vitalidad urbana depende de la interacción cotidiana y del espacio público vivo. Sin espacios comunes adecuados, no hay comunidad; sin comunidad, no hay cuidado mutuo ni seguridad real.
Asimismo, el derecho a la ciudad —concepto desarrollado por David Harvey— implica no solo habitar un inmueble, sino participar activamente en la producción del espacio urbano. Ambos barrios Maestranza Ukamau encarnan esa idea: las familias no fueron receptoras pasivas de una solución habitacional, sino protagonistas desde el diseño hasta la ejecución final.


La formación en convivencia comunitaria, la elaboración de reglamentos internos y el aprendizaje en administración de la copropiedad muestran que la vivienda no termina con la entrega de llaves; allí recién comienza el desafío de construir comunidad.
Este proyecto demuestra que es técnica y socialmente posible construir con altos estándares sin expulsar a las familias de la ciudad ni de sus redes de origen. Demuestra que la vivienda social no tiene por qué ser sinónimo de precariedad ni de periferia. Pero también evidencia algo más profundo: que cuando las comunidades se organizan sostenidamente, tensionan el paradigma y elevan el estándar para toda la política pública.

Maestranza Ukamau II no es un punto de llegada. Es un precedente. Abre el debate sobre la necesidad de consagrar, por ley y no solo mediante decretos, mínimos exigibles de habitabilidad: buena localización, accesibilidad universal, espacios comunitarios suficientes, integración urbana y participación vinculante de las y los futuros habitantes.
Las 200 llaves entregadas no abren únicamente puertas de departamentos. Abren la posibilidad de construir barrio, de fortalecer redes, de criar hijos e hijas en espacios dignos y de envejecer con tranquilidad. Demuestran que cuando la organización popular se sostiene en el tiempo, la ciudad también puede transformarse.
Hablar de Maestranza Ukamau II no es hablar solo de metros cuadrados o materiales de construcción. Es hablar de un triunfo frente a un modelo de ciudad segregada. He visto cómo el diseño del territorio puede convertirse en un acto de resistencia cuando la comunidad deja de ser espectadora y asume el rol de arquitecta de su propio buen vivir.
Porque, al final del día, Maestranza Ukamau II demuestra que cuando la vivienda es fruto de la dignidad organizada, lo que se construye no son solo casas: se construye comunidad, arraigo y futuro compartido.
(*) Damaris Astete Marchant es Asistente Social, Gestora Territorial y Diplomada en Construcción de Territorios para el Buen Vivir y Vivienda Cooperativa.
