En el marco de la configuración del nuevo escenario político que se presenta con la llegada de José Antonio Kast a la Presidencia de Chile, los nombres para integrar el cuerpo diplomático comienzan a tomar forma. Entre las figuras que suenan con fuerza para representar al país en el exterior destaca el exsenador Rafael Prohens, militante de Renovación Nacional (RN), quien sería considerado por el republicano para asumir como embajador de Chile en Costa Rica.
La eventual designación de Prohens ocurre justo cuando acaba de dejar la Cámara Alta después de ocho años de ejercicio legislativo, tras no lograr la reelección en los comicios del año pasado. Sin embargo, su posible nombramiento no está exento de controversia, ya que el exsenador arrastra consigo un historial de cuestionamientos judiciales que podrían ser un obstáculo en sus aspiraciones en el campo diplomático.
.El nombre del expresidente de RNl ha estado estrechamente vinculado a un complejo caso en el que se señala de haber estado involucrado en la sustracción y comercialización ilegal de agua en la región de Atacama, una de las zonas más afectadas por la sequía y la desertificación en el país.
En septiembre de 2023, El Ciudadano publicó el primero de una serie de reportajes investigativos sobre la crítica situación de sequía del río Copiapó, revelando a través del testimonio de diversos actores sociales y comunitarios cómo se habría ejecutado una repartición a destajo de las aguas del río durante las últimas décadas del siglo XX.
En paralelo a la publicación de este trabajo periodístico, la justicia decretó la intervención de la Junta de Vigilancia del río Copiapó y sus Afluentes, tras confirmarse que sus integrantes habían instalado bocatomas en lugares no autorizados para extraer enormes volúmenes de agua de forma ilegal, afectando gravemente el caudal del río y los derechos de otros usuarios.
Una de las personas a las que se señaló como partícipe de este sistema de extracción ilegal de aguas fue justamente Rafael Prohens, quien en ese entonces ejercía como senador por la región.
Las investigaciones periodísticas y judiciales comenzaron a trazar un entramado que vinculaba al parlamentario con prácticas irregulares en la gestión del agua, un recurso cada vez más escaso y valioso en el norte del país.
A fines de 2019, la Dirección Nacional de Aguas realizó una fiscalización que detectó una bocatoma no autorizada en el canal Mal Paso, a la altura de la comuna de Tierra Amarilla, la cual llevaba 35 litros de agua por segundo a las instalaciones de la minera Atacama Kozan. Lo que en principio podría haber sido atribuido a un error administrativo o a una irregularidad menor se transformó en un hallazgo de proporciones cuando los fiscalizadores revisaron la documentación: los derechos de esas aguas no estaban a nombre de la minera, sino que pertenecían a la empresa agrícola Doña Berta Limitada, propiedad del senador Rafael Prohens.
Posteriormente, El Ciudadano, reveló que la desviación de las aguas del río Copiapó en realidad formaría parte de un esquema mucho más grande orquestado por el entonces legislador, y que involucra a importantes actores políticos y empresariales de la región.
El mecanismo de defraudación, según se desprende de las investigaciones, habría funcionado de manera articulada y con aparente normalidad durante años. El agua que Rafael Prohens extraía de forma ilegal del río Copiapó era vendida a la empresa minera Atacama Kozan, la cual a su vez estaba siendo desfalcada por el mismo parlamentario a través de un complejo mecanismo ideado por el entonces subgerente general de la minera, Francisco Sánchez, también militante de Renovación Nacional y cercano colaborador de Prohens.
Aprovechándose de su posición en la empresa y actuando a espaldas de los propietarios de la misma, Sánchez declaraba el ingreso de un volumen de agua superior al que realmente ingresaba a la faena de la minera, justificando de esta forma pagos excesivos que fueron en directo beneficio suyo y de Rafael Prohens. Una querella judicial presentada posteriormente apunta a que los dineros defraudados a través de este esquema podrían incluso haber sido utilizados en la campaña política que llevó a Rafael Prohens al Senado en las elecciones de 2017, lo que añadiría una dimensión aún más grave a las acusaciones.
El contrato que selló el acuerdo
El origen de esta compleja trama de corrupción y extracción ilegal de aguas puede rastrearse hasta Copiapó, específicamente el 9 de abril de 2014, cuando el entonces subgerente general de Atacama Kozan, Francisco Sánchez, acudió a una notaría ubicada a un costado de la Plaza de Armas de la capital regional, donde se encontraba Rafael Prohens, a quien el reciente cambio de Gobierno y la llegada a La Moneda de Michelle Bachelet había obligado a dejar su cargo de intendente de Atacama, posición que había ocupado durante la primera administración de Sebastián Piñera.
Sánchez y Prohens no eran simples conocidos; ambos eran viejos amigos que compartían no solo la militancia en Renovación Nacional, sino también una trayectoria de negocios en la región. Sin embargo, el proyecto que los reunía ese día, sin embargo, era distinto a cualquier otro que hubieran emprendido antes. El esquema de defraudación que estaban a punto de poner en marcha les aseguraría un flujo constante de millones de pesos durante los años por venir, consolidando una sociedad que terminaría siendo objeto de investigación judicial.
El contrato firmado aquella mañana entre Francisco Sánchez, en representación de Atacama Kozan, y Rafael Prohens, como propietario de su empresa agrícola Doña Berta Limitada, buscaba en apariencia asegurar la disponibilidad de agua para las operaciones de la minera, una empresa de capitales japoneses que produce cerca de 150.000 toneladas de concentrado de cobre al mes. Para lograr este objetivo, la empresa de Prohens se comprometía a vender 735 de sus acciones en derechos de aprovechamiento de aguas y suministrar a la faena de Atacama Kozan un total de 30 litros por segundo de forma continua durante los 365 días del año.
Como mecanismo de control y verificación, el contrato estipulaba que para confirmar que el volumen de agua que ingresaba a la faena se correspondía con lo estipulado, la empresa de Prohens instalaría un medidor en la bocatoma por la cual ingresaría este recurso, garantizando así la transparencia del suministro.
Sin embargo, lo que en el papel parecía un acuerdo comercial estándar pronto comenzó a mostrar fisuras. Doña Berta Limitada, la empresa de Rafael Prohens, nunca instaló el medidor comprometido en el contrato, una omisión que a la larga resultaría clave para la ejecución del fraude. La falta de este instrumento de medición imposibilitaba verificar si efectivamente se estaba entregando el caudal pactado, abriendo la puerta a todo tipo de irregularidades.
Años más tarde, en 2019, el abogado Carlos Hidalgo se presentaría ante el Juzgado de Garantía de Copiapó para interponer una querella criminal a nombre de Atacama Kozan contra Rafael Prohens y Francisco Sánchez. Al entonces senador y al exsubgerente se los acusó de haber estafado durante cinco años a la compañía minera a través de pagos excesivos por volúmenes de agua que nunca se entregaron de forma efectiva.
La magnitud del fraude era considerable: durante los casi cinco años que la operación estuvo activa, Prohens y Sánchez lograron desviar 2.729.027 dólares de Atacama Kozan, es decir, casi casi dos mil millones y medio de pesos chilenos (para la época), una cifra que evidencia la escala del esquema.
Este modus operandi se revelaría más tarde como parte de un gigantesco entramado de defraudación orquestado por el mismo Francisco Sánchez, quien había logrado escalar posiciones dentro de la compañía hasta convertirse en subgerente general. Durante su ascenso, fue construyendo cuidadosamente una red de proveedores que, en el papel, prestaban diferentes servicios a la compañía, pero que en realidad funcionaban como pantalla para desviar dinero a amigos, socios o incluso hacia su propio bolsillo. La empresa de Prohens era solo una pieza más en este complejo rompecabezas de corrupción empresarial.
Extrabajadores de Atacama Kozan que prefirieron mantener su identidad en reserva entregaron a El Ciudadano detalles sobre cómo operaba Sánchez. «Se prestaron servicios sin justificación, sin trazabilidad y sin pormenorización. Sánchez le pedía a proveedores de la empresa que le pagaran sus cuentas personales, incluso el supermercado», indicaron a este medio,
Pero lo más grave, según estos testimonios, era la forma en que Sánchez se aprovechó de la barrera idiomática y cultural de los controladores japoneses de la minera, «ya que sabía que no entendían bien el castellano. La barrera idiomática sin duda fue uno de los elementos que le sirvió para cometer su estafa».
Doña Berta Limitada, la empresa de Rafael Prohens, era una de las tantas proveedoras que formaban parte del mecanismo orquestado por Sánchez. Para marzo de 2019, Atacama Kozan había desembolsado más de cinco millones de dólares a Doña Berta por una cantidad de agua muy inferior a la comprometida en el contrato, lo que evidencia la magnitud del perjuicio económico sufrido por la compañía
El abogado Carlos Hidalgo, al momento de presentar la querella, fue contundente en su apreciación sobre las intenciones originales de los involucrados: «Desde que se firmó el contrato, yo creo que siempre se tuvo en mente sacar dineros de la empresa. Nunca tuvieron la intención de medir», señaló a la prensa en esa ocasión.
El documento acusatorio presentado por la minera también sacó a la luz que los mayores montos defraudados por Doña Berta Limitada ocurrieron durante el período de campaña electoral previo a las elecciones de 2017, en las cuales Rafael Prohens fue electo senador por Atacama.
De un año a otro, los pagos emitidos de manera fraudulenta desde Atacama Kozan aumentaron en un 53,7%, justo cuando Prohens necesitaba financiamiento en su carrera al Senado.
La bocatoma ilegal de Prohens
Paralelamente a las investigaciones por el fraude a la minera, otro frente se abría en contra del entonces senador. El 4 de abril de 2019, el empresario agrícola Germán Palavicino Porcile acudió a la Dirección General de Aguas de Atacama para ingresar una denuncia formal: integrantes de la Junta de Vigilancia del río Copiapó y sus Afluentes – la organización que agrupa a los propietarios de derechos de aprovechamiento y es la encargada de administrar y distribuir las aguas del río- habían instalado bocatomas en lugares no autorizados, alterando el curso natural del agua y perjudicando a otros usuarios.
De aquellas bocatomas ilegales se aprovechaban 107 usuarios, en su mayoría grandes agricultores con intereses económicos en la zona, en una práctica que llevaba años realizándose sin control ni sanción.
Durante la fiscalización realizada por la Dirección General de Aguas a raíz de esta denuncia, la Junta de Vigilancia reconoció que habían permitido la instalación de las bocatomas pese a no contar con la autorización correspondiente de la autoridad competente. La defensa esgrimida por los directivos de la Junta fue, a juicio de los fiscalizadores, insólita: argumentaron que la decisión fue tomada por acuerdo entre sus integrantes, sin reconocer la ilegalidad de sus actos ni la facultad exclusiva de la Dirección General de Aguas en esta materia.
El informe de fiscalización elaborado por la Dirección General de Aguas reveló que existía una bocatoma instalada de forma ilegal en el canal matriz Mal Paso que llevaba agua a la faena de Atacama Kozan, la misma minera que estaba siendo defraudada por Prohens y Sánchez.
Cuando los funcionarios revisaron la titularidad de estos derechos de aprovechamiento de aguas, pudieron determinar que éstos correspondían a Doña Berta Limitada, la empresa de Rafael Prohens. El hallazgo establecía un vínculo directo entre la extracción ilegal de agua y el fraude a la minera, cerrando el círculo de irregularidades en torno al entonces senador.
Para comprender la gravedad de esta situación, es necesario entender el marco legal que rige en Chile. Según dicta el Código de Aguas, los derechos de aprovechamiento de aguas, constituidos en acciones, pueden ser transados en el mercado como si de cualquier otra propiedad privada se tratase, lo que ha generado un mercado de aguas altamente especulativo en el país. Una vez que la Dirección General de Aguas entrega un derecho de aprovechamiento a un usuario, éste puede venderlo o traspasarlo a quién desee y por el monto que le plazca. Sin embargo, la inscripción de dichos derechos señala explícitamente cuál es el canal a través del cual se puede extraer el agua.
En el caso de las acciones de Doña Berta Limitada, la situación era clara: éstas permitían a su titular extraer agua de los canales El Quemado y El Rodeo, ubicados en sectores cercanos a la Cordillera de Los Andes. Sin embargo, la bocatoma detectada durante la fiscalización estaba extrayendo agua del canal matriz Mal Paso, ubicado en la comuna de Tierra Amarilla, a 15 kilómetros de Copiapó, en una ubicación completamente distinta a la autorizada.
El informe de fiscalización de la Dirección General de Aguas añadió un detalle temporal que agravó aún más la situación: la bocatoma ilegal en Atacama Kozan estuvo operativa durante los doce meses de los años 2016, 2017 y 2018, además de los primeros cinco meses de 2019. Es decir, durante todo el período en que Doña Berta Limitada suministró agua a la compañía minera, la extracción se realizó desde un punto no autorizado. Lo señalado en el informe implica que el agua que Rafael Prohens había estado suministrando a Atacama Kozan a través de su empresa Doña Berta Limitada durante los últimos cinco años, y con la cual realizaba la defraudación de la misma, era extraída de forma ilegal desde el río Copiapó, configurando así una doble ilegalidad: el fraude a la minera y la extracción no autorizada de aguas.
Las contradicciones legales de Prohens
Uno de los aspectos más llamativos de este caso es la contradicción entre las declaraciones formales realizadas por Rafael Prohens en el contrato firmado con Atacama Kozan y la realidad de los hechos que posteriormente se revelaron. En el texto del contrato firmado por Prohens en representación de su empresa Doña Berta Limitada, y por Sánchez como subgerente general de Atacama Kozan, se establece expresamente que el entonces senador «declara y garantiza» que las estipulaciones del contrato «no infringe ninguna ley, reglamento, sentencia, orden o decreto que le sea aplicable ni respecto del cual éste se encuentre obligado, ni viola sentencia judicial alguna, decreto u orden de ningún tribunal de justicia o autoridad administrativa chilena que le sea aplicable». Esta declaración jurada, realizada ante notario, constituía una garantía formal de que todo el acuerdo se encontraba dentro del marco legal vigente.
En el mismo sentido, Prohens señala en la escritura que los derechos de agua de propiedad de su empresa son legales, y que «cuenta con todas las obras necesarias captar, conducir, entregar y en definitiva efectuar dicho suministro en forma íntegra, completa, oportuna y durante toda la vigencia del Contrato». Además, el actual senador señala expresamente en esta escritura pública que «dichas obras cumplen con todos los permisos y autorizaciones requeridas por la legislación aplicable para tal efecto», reafirmado a continuación que toda esa información proporcionada a Atacama Kozan sobre sus Derechos de Aguas «es correcta y verdadera».
Embargo de $314 millones
Esta acción judicial que vive Prohens no es su único roce con la justicia, lo que añade más sombras a su eventual designación diplomática.
En noviembre de 2024, por la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó un embargo por más de $314 millones de pesos en una causa judicial presentada por el Banco Itaú Chile S.A. en contra de la Agrícola Doña Berta Limitada, representada legalmente por Carolina Prohens García y Rafael Prohens Espinoza en calidad de deudores solidarios.
De acuerdo con la acción judicial, el banco solicitó el despacho del mandamiento de ejecución y embargo, con el capital endeudado, más reajustes, intereses y costas, consignó El Zorro Nortino.
Recordemos que el exsenador también está cuestionado por una causa judicial en contra del ex Intendente Francisco Sánchez (RN), acusado de presunto fraude en contra de la minera Atacama Kozan, caso en el que ambos están implicados. A su vez, Prohens fue acusado por la empresa Confinor S.A. por el presunto delito de cohecho agravado durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
La situación financiera del exsenador también ha sido objeto de escrutinio público. Los eventuales problemas de liquidez del expresidente de RN también habría afectado el pago de sus contribuciones
Un reportaje de CHV Noticias publicado en abril de 2025, señaló que había 22 diputados y 15 senadores que tenían contribuciones vencidas por al menos una de sus propiedades,
En el caso específico de Prohens, el artículo señalaba que el parlamentario debía 2 millones de pesos por tres inmuebles de su propiedad.
Ante esta situación, el empresario se refirió a este hecho aludiendo a sus dificultades económicas con una frase que generó polémica: «no he tenido cómo pagarla», declaró Prohens, justificando así su morosidad en el pago de las contribuciones.
Actualmente, Prohens se encuentra en una situación jurídica particularmente delicada. Al haber perdido la reelección a su cargo de senador por Atacama, el parlamentario ya no cuenta con el fuero senatorial que lo protegía de posibles acciones judiciales en su contra, lo que significa que podría enfrentar sin blindaje legal las investigaciones y eventuales procesamientos derivados de estos casos.
Esto ocurre justo cuando su nombre aparece en la lista de José Antonio Kast para asumir como embajador en Costa Rica, lo que plantea interrogantes sobre los criterios que estaría utilizando el republicano para seleccionar a sus representantes diplomáticos.
