El gobierno de José Kast ha puesto en jaque uno de los pilares de las políticas sociales de Chile: la gratuidad en la educación superior. Durante una visita a la Región del Biobío, el Presidente anunció el pasado sábado el Plan Nacional de Reconstrucción de la zona centro-sur tras incendios forestales, que incluye acciones que afectarán directamente a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).
La iniciativa contempla el envío de un proyecto de ley con 40 medidas destinadas a financiar labores de reconstrucción en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío, que demandan cerca de US$ 1.000 millones.
En su alocución, Kast reconoció que algunas medidas de su Gobierno serán impopulares, pero ñas justificó diciendo que son necesarias para alcanzar un equilibro fiscal.
El cuestionado plan incluye la modificación al sistema de gratuidad, que quedaría limitada a estudiantes hasta los 30 años, excluyendo a quienes deseen iniciar estudios profesionales superando esa edad. Asimismo, el proyecto abarca nuevos mecanismos para el cobro del CAE— préstamo estudiantil pactado por miles de alumnos para ingresar a la universidad que se obtiene a través de la banca privada con aval de Estado— .
El propósito de Kast es fortalecer la persecución financiera a deudores del CAE, bajo la supuesta necesidad de contener el gasto público y garantizar la sostenibilidad financiera del país. «Es una reconstrucción económica, porque necesitamos más recursos», afirmó.
La decisión del Ejecutivo, que deberá ser revisada por el Congreso una vez que se formalice la iniciativa, ha generado amplias críticas, y ante este escenario el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, optó por señalar que la idea no es exclusiva de la actual administración, sino que habría surgido de un trabajo previo, realizado durante el gobierno anterior del presidente del presidente Gabriel Boric, en particular de la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, conformada por el exministro de Hacienda Mario Marcel y de su directora de Presupuestos, Javiera Martínez.
En entrevista con Canal 13, el secretario de Estado reconoció que «hay ciertas decisiones que son difíciles de explicar».
De este modo, indicó que las restricciones a la gratuidad en instituciones de educación superior serán aplicada a aquellos que se postulen una vez que la iniciativa sea ley.
Señaló que aquellos ciudadanos mayores de 30 años que ingresen a la educación superior, a través de carreras técnicas, quedarán excluidos de la limitación.
«Los que estudian carreras técnicas van a estar excluidos (de la norma que limita el acceso al beneficio). La biografía típica de alguien que estudia algo técnico es alguien que salió a trabajar y mantener una familia, y luego pudo estudiar una carrera», planteó.
Fin del FES y cobro del CAE por planilla
Junto con los cambios a la gratuidad, el ministro Quiroz confirmó que el gobierno de extrema derecha de Kast no apoyará el proyecto de Financiamiento de la Educación Superior (FES), que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso. Esta decisión marca un giro significativo en la política educativa, desechando la iniciativa heredada de la administración anterior que buscaba crear un nuevo sistema de financiamiento.
En paralelo, desde La Moneda anunciaron medidas drásticas respecto al cobro del CAE. Quiroz defendió la medida señalando que ataca «un problema importante».
«En 2019, el CAE tenía deudas pendientes en Tesorería de $500.000 millones. Hoy son 4 billones de pesos de deudas pendientes, ha subido 8 veces. Es el 30% de lo que la Tesorería no puede cobrar», detalló el secretario de Estado.
Indicó que una de sus primeras medidas fue «cruzar datos» entre el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería, operativo que según Quiroz han permitido detectar a profesionales de altos ingresos que no pagan su CAE e, incluso, a personas que están evadiendo la retención que realiza el SII.
Para asegurar el cobro, el gobierno de Kast implementará un descuento por planilla para personas de altos ingresos.
Críticas a Kast por limitar gratuidad: «Es la agenda del retroceso social»
La propuesta del gobierno no tardó en generar reacciones adversas por parte de la opinión pública y actores políticos progresistas.
La senadora socialista Paulina Vodanovic expresó su rechazo en el mismo espacio televisivo donde participó el ministro Quiroz, cuestionando la lógica de establecer una discriminación por edad para acceder a la gratuidad universitaria, una medida que fue implementada durante la segunda administración de la Presidenta Michelle Bachelet.
«¿Si una persona a los 30 años, después de haber trabajado muchos años, logra postular a la universidad y cumple con los requisitos, por qué a los 30 o 32 años no podría aspirar a tener una carrera universitaria con gratuidad? Me parece bastante antojadizo», planteó la parlamentaria, sintetizando el malestar de quienes ven en esta medida una barrera injusta para el desarrollo profesional de los trabajadores.
Vodanovic fue enfática en señalar que actualmente no existe una discriminación de este tipo en el sistema, por lo que la modificación representa un retroceso en materia de acceso a la educación superior.
«Hoy día no hay una discriminación etaria. Se afecta lo que hay», remató la senadora.
Por su parte, la también senadora del PS, Daniella Cicardini (PS) planteó “no han pasado ni tres días desde que asumió el presidente Kast y ya se desdijo de todos los compromisos que hizo en la campaña”.
“Le mintió a la gente, en otras palabras. Parece que la verdadera emergencia de este gobierno era sacar rápidamente de la cárcel a criminales”, señaló.
Cuestionó que Kast anuncie que los recortes presupuestarios se harán en derechos sociales, como en este caso que se propone limitar la gratuidad de la educación superior.
«Este es un portonazo a la movilidad social disfrazado de orden fiscal. La agenda de Kast la van a pagar las familias de clase media y las más pobres. ¿Este es el premio a la meritocracia que propone la derecha?», preguntó.
Sin embargo la parlamentaria afirmó que desde la oposición van a «frenar cualquier intento de retroceso».
«En eso seremos implacables”, enfatizó, citada por El Desconcierto.
Portazo a la movilidad social
El diputado Daniel Manouchehri (PS) planteó que aunque Kast prometió durante su campaña electoral que no tocaría los derechos sociales, una vez que fue juramentado como presidente de Chile, «su primera agenda reduce la gratuidad y persigue a los deudores del CAE.
Indicó que «esta es la agenda del retroceso social, un portazo a la movilidad social y una cuenta que termina pagando la clase media”.
“Además, buscan bajar los impuestos a las grandes fortunas y debilitar la protección ambiental. Frente a esto, seremos un muro firme en el Congreso para defender los derechos de la gente”, fustigó-
En la misma línea, el senador de la DC Iván Flores pidió al gobierno de extrema derecha a “no hacer trampas”, porque “no creo que con cargo a la reconstrucción se pueda rebajar la gratuidad a la educación superior o rebajar el impuesto a las grandes empresas”.
“Creo que están metiendo cosas que no corresponden dentro de lo que es genuinamente el afán de reconstruir y entregarle a la gente lo más pronto posible una solución. Pero no hagamos trampitas, no metamos cosas que no corresponde rebajar. Vamos a mirar con lupa la propuesta. La verdad es que nos está empezando a preocupar”, añadió.
El diputado César Valenzuela (PS), quien participó activamente en llamada “revolución pingüina” de 2005 desde la Asamblea de Estudiantes Secundarios (ACES), indicó que “tres días se demoró» la administración de Kast «en mostrar su verdadera cara y ocupar la receta clásica de la ultraderecha: reducir impuestos a los que más tienen y restringir beneficios sociales a los que más necesitan”.
A su vez, el exsenador Alejandro Navarro y quien fue timonel de la Federación de Estudiantes de Concepción (FEC) y de la CONFECH (Confederación de Estudiantes de Chile) durante la década de 1980 advirtió sobre los efectos del denominado “Plan Nacional de Reconstrucción Nacional”.
«Bajando impuestos a los de mayores ingresos, apretando a los deudores del CAE y limitando acceso a la gratuidad a los jóvenes vulnerables en la educación superior. Así viene la Ley para la Reconstrucción», aseveró.
El debate está abierto y promete intensificarse en el Congreso cuando el Ejecutivo formalice el envío del proyecto de ley. Mientras tanto, el gobierno de Kast enfrenta el desafío de justificar una medida que, representa un giro en la política educativa que afectará las oportunidades de acceso a la educación superior para miles de chilenos mayores de 30 años que aspiran a cursar una carrera profesional.
