El Gobierno inició las excavaciones en la frontera con Perú y Bolivia para frenar la migración irregular, retomando una medida aplicada originalmente en 2017.
El pasado lunes 16 de marzo, y por medio del despliegue del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) del Ejército y maquinaria pesada en zonas como Chacalluta y Colchane, el Ejecutivo comenzó la ejecución del «Plan Escudo Fronterizo». La medida busca materializar la promesa de campaña de José Kast sobre instalar barreras físicas definitivas para impedir el paso de personas y vehículos por zonas no habilitadas.
Esta acción técnica y militar utiliza retroexcavadoras para cavar fosos de tres metros de profundidad, acompañados de vallas, torres de vigilancia y drones. Con la firma de decretos que militarizan la zona, el oficialismo espera que el aumento de la dotación de uniformados en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta logre reducir drásticamente los ingresos por pasos no habilitados en un plazo de 90 días.
Un proyecto con historia y sello militar
Aunque hoy es la columna vertebral del programa del republicano José Kast, la estrategia de cavar zanjas en el norte no es nueva. En 2017, bajo el segundo gobierno de Michelle Bachelet, se iniciaron estas excavaciones en la región de Tarapacá para frenar el robo de vehículos y el contrabando hacia Bolivia.
En aquel entonces, las autoridades regionales señalaron que el foco era «poner atajo al tema delictual» y no impedir el paso peatonal. Sin embargo, la infraestructura quedó como un antecedente directo de lo que hoy se pretende ampliar a lo largo de 1.000 kilómetros de frontera.
Kast, tras supervisar las obras al iniciar su mandato, defendió el rol de las Fuerzas Armadas en esta tarea, señalando que “queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano que ha sido vulnerado por la inmigración ilegal y el crimen organizado”, frente a las tropas.
Entre la aprobación ciudadana y la duda experta
La medida cuenta con un respaldo significativo según los últimos datos de la encuesta Cadem, donde un 74% de los consultados se mostró a favor de construir zanjas para impedir el paso de migrantes. Este apoyo sube al 85% cuando se trata de frenar el contrabando de vehículos, reflejando una alta preocupación por la seguridad.
No obstante, expertos en migraciones advierten que la efectividad de estas barreras es limitada si se usan de forma aislada. Rodrigo Sandoval, exdirector de Migraciones, señaló en Radio Pauta que “la zanja no frena la migración irregular, sino que frena el tráfico de vehículos”, advirtiendo que las personas a pie suelen buscar rutas más peligrosas.
Por su parte, la socióloga y académica del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Lucía Dammert, calificó la medida como algo «simbólico» que no resuelve el problema de fondo, ya que “es una política de la pala que calma la ansiedad, pero no detiene al crimen organizado». Además, “sabemos que no va a servir de mucho, pero estamos en el momento de lo simbólico”, añadió respecto al alcance real de las excavaciones en el desierto.
El impacto humano en la frontera
Una de las críticas más agudas proviene de las comunidades fronterizas, donde la vida cotidiana se ve fracturada por estas barreras. En localidades como Visviri y Pisiga, familias bolivianas y chilenas comparten vínculos históricos que ahora enfrentarán obstáculos físicos que complican incluso el acceso de niños a las escuelas locales.
Organizaciones de derechos humanos han alertado que endurecer la frontera solo eleva el costo que cobran las mafias de tráfico de personas. Adriana Palomera, del Centro de Estudios Migratorios de la Usach, explicó en Diario de Cooperativa que estas medidas «desplazan los flujos» hacia zonas geográficas extremas, aumentando el riesgo de muertes y desapariciones.
En el plano internacional, experiencias como las de Melilla en España o el muro entre República Dominicana y Haití muestran que, pese a las zanjas y vallas de hasta 10 metros, los cruces no se detienen. Por el contrario, suelen generar crisis humanitarias en los perímetros que obligan a intervenciones constantes de organismos internacionales.
El costo de la lucha contra el desierto
Cavar una zanja de 1.000 kilómetros en el norte de Chile no solo es un desafío político, sino una batalla técnica contra la naturaleza. Debido a la dureza del suelo de «caliche» y la roca volcánica presentes en la tierra del norte chileno, se estima que la construcción tomaría al menos tres años de trabajo continuo utilizando múltiples frentes de maquinaria pesada.
Sin embargo, el mayor gasto vendría después, ya que los vientos del altiplano y la falta de cohesión de la arena provocarían que la zanja se rellene naturalmente con sedimentos. Sin un mantenimiento mecánico cada 12 o 18 meses, la excavación de tres metros de profundidad perdería su efectividad con el tiempo.
De no invertir sumas significativas en limpieza constante, en menos de una década la zanja desaparecería bajo el polvo, convirtiéndose en una rampa. Así, el plan «Escudo Fronterizo» se perfila como una inversión de mantenimiento perpetuo para evitar que el desierto recupere su terreno.
