Una querella criminal por cohecho agravado presentada en el Juzgado de Garantía de Copiapó abrió un nuevo flanco judicial que involucra al ex senador por la Región de Atacama, Rafael Prohens Espinoza, y a actores empresariales vinculados al negocio del tratamiento de residuos peligrosos. El caso, admitido a trámite por la justicia, expone una compleja trama de presuntas influencias, lobby no transparentado y competencia empresarial que habría cruzado los límites legales, donde aparece mencionado el abogado y lobbista Felipe Riesco Eyzaguirre, quien estaría interviniendo en la designación de nuevas autoridades en el ámbito ambiental. Esto complica a Prohens a días que fuera nombrado por el gobierno del presidente Kast como el nuevo embajador de Chile en Costa Rica
Por Equipo El Ciudadano
El pasado 28 de febrero de 2025, el tribunal declaró admisible la acción penal interpuesta por la empresa CONFINOR S.A., remitiendo los antecedentes al Ministerio Público para su investigación .
La querella apunta directamente contra el ex senador Rafael Prohens, y designado a quien se le imputa el delito de cohecho agravado de funcionario público, y contra el empresario Gonzalo Izquierdo Irarrázaval, acusado de cohecho del particular .
Recordemos que Prohens sería nominado como embajador de Kast en Costa Rica, esta acción judicial y fallos recientes de embargo en su contra podría complicar su “exilio dorado”.
Según el libelo, ambos habrían actuado coordinadamente con el objetivo de perjudicar a CONFINOR -competidora directa de la empresa SOLENOR- en el mercado del tratamiento de residuos industriales peligrosos en la Región de Atacama.
El conflicto tiene su origen en la competencia entre dos empresas clave en la gestión de residuos peligrosos derivados de la industria minera. Mientras CONFINOR cuenta con autorizaciones para procesar residuos como polvos de fundición de cobre, SOLENOR -propiedad de Izquierdo- no tendría los permisos necesarios para dichas operaciones .
La querella sostiene que, ante esta desventaja, SOLENOR habría desplegado una estrategia sistemática para obstaculizar a su competidor, utilizando denuncias administrativas, acciones judiciales y gestiones de lobby.
El rol del ex senador: denuncias e intervenciones clave
Uno de los puntos centrales del caso es la actuación del ex senador Prohens. De acuerdo con el documento, el parlamentario habría intervenido en al menos dos instancias:
- En julio de 2023, mediante una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente contra CONFINOR.
- En enero de 2025, solicitando reformular cargos y rechazar un programa de cumplimiento de la empresa, lo que podría derivar en su salida del mercado .
La querella sostiene que estas acciones no corresponderían a sus funciones legislativas y que habrían sido impulsadas por intereses privados, lo que constituiría una infracción a los deberes del cargo.
El documento describe un entramado de gestiones que incluye a abogados y exautoridades actuando como lobbistas. Entre ellos destaca Felipe Riesco Eyzaguirre, exsubsecretario de Medio Ambiente, quien habría sostenido reuniones con autoridades y con el propio senador. Riesco ha llamado la atención en los últimos días por el hecho de que varias personas que han sido designadas en puestos relevantes por el nuevo gobierno de José Antonio Kast en instituciones vinculadas con el Medio Ambiente son de su entorno cercano, lo que ha abierto la hipótesis que podría haber una intervención del abogado y lobbista en ese sentido.
Según la querella, existirían al menos 20 reuniones registradas por Ley de Lobby vinculadas a intereses de SOLENOR, varias de ellas con autoridades sanitarias y ambientales (detalle visible en las tablas y registros reproducidos en las páginas 10 y 11 del documento) .
Más delicado aún, se señala que algunas reuniones clave -incluido el contacto entre Riesco y el senador- no habrían sido registradas oficialmente, lo que abre cuestionamientos sobre eventuales gestiones irregulares.
Exautoridades en la red
Otro elemento relevante es la participación de Rubén Verdugo Castillo, exjefe de fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente, quien posteriormente aparece vinculado como lobbista de SOLENOR.
La querella advierte una posible “puerta giratoria”, al evidenciar que actores que ocuparon cargos públicos relevantes hoy intervienen en gestiones privadas ante las mismas instituciones donde ejercieron funciones .
Desde el punto de vista jurídico, la acción se centra en el delito de cohecho agravado, que sanciona el uso de la influencia de un funcionario público para incidir en decisiones administrativas en beneficio de terceros.
El documento enfatiza que no es necesario que el beneficio se concrete, basta con el ejercicio de la influencia para configurar el delito .
En paralelo, al empresario se le atribuye haber ofrecido o facilitado beneficios para obtener dicha intervención, lo que configuraría el cohecho del particular.
El Ciudadano
