Rebajar impuestos a los ricos, robarles derechos a los trabajadores

Por Verónica Aravena Vega

«Seremos más pobres, pero más felices». Esta frase no cae en el vacío: cae sobre una mesa ya servida, donde unos cortan la torta del excedente y otros miran las migajas desde abajo. Rebajar impuestos para unos, limitar la negociación colectiva para otros; mover fichas del tablero económico mientras la mayoría observa. Es, en esencia, una batalla de clases disfrazada de política racional: una mesa para los que acumulan, otra para los que sobreviven. La metáfora funciona porque no hay magia en la economía: hay intereses, poder y desigualdad que no desaparece.

La frase no es solo torpe; es funcional. Funcional a una vieja operación ideológica: convertir el empobrecimiento y la precariedad en virtud. Lo que se presenta como una especie de ascetismo republicano —ajustarse el cinturón por el bien común— no es otra cosa que la antesala de una redistribución regresiva de la riqueza. Y como en toda escena de este tipo, hay quienes se ajustan el cinturón y hay quienes se lo aflojan discretamente en la mesa principal. Si no pregúntenselo a los más de mil invitados a la fiestoca del presidente Kast.

Porque mientras se instala esa narrativa, el gobierno de José Kast empuja —con más o menos sutileza— una rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23%. Dicho así, suena técnico, incluso razonable dentro del lenguaje aséptico de la política económica. Pero cuando se traduce a efectos concretos, lo que aparece es otra cosa: una transferencia directa de recursos desde el Estado hacia los sectores con mayor capacidad de acumulación. No es una metáfora. Es aritmética fiscal: se proyecta una reducción en recaudación cercana a US$3.000 millones anuales, suficiente para financiar programas de bienestar de todo un ministerio, y que irá directo a mejorar la rentabilidad de las empresas más grandes.

La justificación es conocida, casi mecánica: bajar impuestos para incentivar la inversión, estimular el crecimiento, generar empleo. El problema no es que el argumento sea nuevo; el problema es que está empíricamente desgastado. La evidencia comparada en economías de ingresos medios —como Chile— muestra que la relación entre rebaja de impuestos corporativos y aumento sostenido del empleo es, en el mejor de los casos, débil, y en el peor, inexistente. Un informe de la OCDE ya advertía que las reducciones de impuestos a empresas tienden a aumentar la rentabilidad del capital más que a traducirse en mejoras salariales o expansión significativa del empleo. Es decir: el dinero se queda arriba. En Estados Unidos, tras la reforma tributaria de 2017, solo el 5% de los beneficios fiscales se tradujo en aumentos salariales directos, mientras el resto se dirigió a dividendos y recompras de acciones.

En Chile, además, la estructura productiva agrava este fenómeno. No estamos hablando de una economía diversificada con fuerte innovación tecnológica, sino de un modelo primario-exportador, altamente concentrado, donde un pequeño porcentaje de grandes empresas —alrededor del 10%— concentra la mayor parte de las utilidades. Reducir impuestos en ese contexto no «derrama» riqueza: la concentra más. Es como regar una planta de plástico esperando que crezca. De hecho, según datos de la Superintendencia de Valores y Seguros, el 1% de las empresas más grandes concentra más del 50% de las utilidades netas declaradas, mientras que la micro y pequeña empresa apenas genera margen de reinversión suficiente para subsistir.

Y mientras tanto, el costo fiscal de esa rebaja —miles de millones de dólares en recaudación potencial— obliga a ajustar por otro lado. Porque el presupuesto público no es infinito, aunque a veces se hable de él como si lo fuera. Lo que el Estado deja de recaudar por un lado, lo compensa recortando gasto o limitando inversión social. Salud, educación, vivienda: ahí es donde la abstracción fiscal se vuelve carne. El déficit proyectado por la Dirección de Presupuestos para 2026 se mantiene en torno al 3,5% del PIB, lo que significa que cualquier recorte fiscal pesa directamente sobre servicios esenciales.

Esto no es una hipótesis alarmista. Es el patrón que ya vimos en América Latina durante las décadas de ajustes estructurales. Países como Argentina en los noventa o Brasil en ciertos ciclos de liberalización aplicaron políticas similares con resultados bastante claros: aumento de la desigualdad (el coeficiente Gini subió hasta 0,55 en Brasil en 1998), crecimiento económico volátil y precarización del empleo. Incluso en economías desarrolladas, como Estados Unidos tras la reforma tributaria de 2017, la evidencia mostró que gran parte de los beneficios fiscales se destinaron a recompras de acciones y dividendos, no a aumentos salariales. El capital hace lo que sabe hacer: acumular.

En paralelo, el gobierno instala la idea de «flexibilizar» el mercado laboral. Otra palabra elegante para un proceso bastante más crudo: debilitar la capacidad de negociación de los trabajadores/as. Se habla de modernización, de adaptabilidad, de dinamismo. Pero en la práctica, flexibilizar en contextos de alta desigualdad significa trasladar el riesgo desde la empresa hacia el trabajador/a. Contratos más inestables, jornadas más difusas, menor poder sindical. Hoy, según la Encuesta Nacional de Empleo, más del 28% de los trabajadores/as tiene algún tipo de contrato temporal o por horas, y la tasa de subempleo afecta al 13,5% de la fuerza laboral.

Y aquí aparece un punto clave: la negociación ramal. Durante años, economistas laborales han demostrado que los sistemas de negociación colectiva a nivel sectorial —como existen en países europeos— permiten mejorar salarios, reducir desigualdades y estabilizar relaciones laborales. En Alemania, por ejemplo, más del 50% de los trabajadores/as están cubiertos por convenios sectoriales; en los países nórdicos, esa cifra supera el 70%. ¿El resultado? Menor dispersión salarial, mayor productividad y menos conflictividad social.

Chile, en cambio, tiene uno de los niveles más bajos de cobertura de negociación colectiva en la OCDE, con menos del 20% de los trabajadores/as sindicalizados y una negociación fuertemente atomizada a nivel de empresa. En ese contexto, hablar de flexibilización sin fortalecer negociación ramal es, en términos simples, dejar a los trabajadores/as solos frente al empleador. Es una relación profundamente asimétrica presentada como libertad contractual.

Lo que se está configurando, entonces, es un doble movimiento: por un lado, se aliviana la carga fiscal de las empresas; por otro, se debilitan las herramientas de defensa de los trabajadores/as. No es una contradicción. Es coherencia ideológica. Es el corazón del proyecto neoliberal: maximizar la libertad del capital y minimizar la capacidad de resistencia del trabajo.

Y sin embargo, el discurso oficial insiste en otra cosa. Habla de oportunidades, de crecimiento, de futuro. Habla, incluso, de felicidad. Hay algo profundamente cínico en esa insistencia. Porque la felicidad que se invoca es abstracta, casi espiritual, mientras las condiciones materiales de vida se endurecen. Es una felicidad que no paga cuentas, que no reduce listas de espera, que no mejora pensiones.

Si uno mira los datos, la distancia entre discurso y realidad se vuelve difícil de sostener. En Chile, el 50% de los trabajadores/as gana menos de 500.000 pesos mensuales; la brecha salarial promedio es del 24,4% entre hombres y mujeres; la informalidad bordea el 28–30%. Las pensiones autofinanciadas siguen siendo insuficientes para cubrir necesidades básicas, con jubilaciones promedio de $280.000 mensuales. Y aun así, la respuesta política es reducir impuestos a quienes menos dependen del Estado y flexibilizar el empleo de quienes más lo necesitan.

No es ingenuidad. Es diseño.

Aquí es donde aparece la hipocresía, pero no como insulto fácil, sino como categoría política. Se habla de mérito en un sistema profundamente desigual. Se habla de esfuerzo en un mercado laboral segmentado. Se habla de libertad en relaciones contractuales desiguales. Y se habla de felicidad en un contexto donde la vida cotidiana está atravesada por la incertidumbre económica.

Lo pueril no está en la torpeza de una frase desafortunada, sino en la insistencia en un modelo que ya ha mostrado sus límites. Lo servil no es un exceso retórico, sino la descripción bastante precisa de una política económica alineada con los intereses del gran empresariado. Porque aquí hay que decirlo sin rodeos: el poder económico en Chile no es un actor más en la democracia; es, muchas veces, el poder detrás del poder.

Las grandes decisiones —tributarias, laborales, regulatorias— no se toman en el vacío. Responden a correlaciones de fuerza, a presiones, a intereses. Y en ese juego, el empresariado tiene una capacidad de influencia desproporcionada. No porque haya una conspiración caricaturesca, sino porque controla recursos, inversión, empleo, medios de comunicación. Tiene, en otras palabras, poder estructural.

La rebaja de impuestos no es un regalo ingenuo. Es una señal. Una señal de alineamiento. De confianza hacia arriba, más que de compromiso hacia abajo.

El festín de los patrones no es un evento visible, ni menos abierto. No hay brindis públicos ni discursos grandilocuentes. Es más discreta: se juega en porcentajes tributarios, en artículos de ley, en reformas que se presentan como técnicas. Pero sus efectos son muy concretos. Se traducen en quién gana más, quién gana menos, quién tiene margen y quién no.

El funeral de los trabajadores/as tampoco tiene ceremonia. Es silencioso. Ocurre en contratos que no se renuevan, en salarios que no alcanzan, en derechos que se diluyen. No hay epitafio, pero hay una sensación persistente de que algo se pierde.

Y mientras tanto, la vida sigue. La gente sigue trabajando, endeudándose, esperando. Ajustando sus propias economías domésticas con una creatividad que ningún modelo macroeconómico logra capturar. Esa es la otra economía, la que no aparece en los gráficos: la de quienes hacen rendir lo que no alcanza, la de quienes sostienen hogares con ingresos fragmentados, la de quienes convierten la precariedad en rutina.

Ahí es donde la política debería intervenir con más fuerza. No con consignas, no con promesas abstractas, sino con redistribución efectiva, con fortalecimiento del trabajo, con garantías materiales. Pero eso requiere confrontar intereses. Y este gobierno, al menos en sus primeras señales, ha optado por no hacerlo.

Y en medio de todo eso, alguien dice que seremos más pobres pero más felices.

Quizás el problema por ahora es quién puede permitirse decir eso sin que le tiemble la voz.

Por Verónica Aravena Vega

Psicóloga. Doctora en Estudios de Género y Política, Universidad de Barcelona. Máster en Masculinidades y Género. Máster en Recursos Humanos. Máster en Psicología Social/Organizacional. En Instagram

Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.

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