Caso Quilleco: La huelga de hambre de 5 presos políticos mapuche bajo la lupa internacional

Por Axier Lopez, Periodista vasco

Una delegación internacional de observadores llegó a Temuco (Región de la Araucanía, Chile) en medio de crecientes cuestionamientos al actuar del Estado chileno frente al llamado “Caso Quilleco”, una causa que vuelve a instalar en el centro del debate las tensiones históricas con el pueblo mapuche.

La delegación —cuya participación es patrocinada por Fundalatin— está compuesta por la abogada Gabriela Conder, Isabel Vileya, representante de la organización; y Eduardo Soares, en representación de la Gremial de Abogados de Argentina.

El Caso Quilleco se remonta a dos ataques incendiarios contra maquinaria forestal en la comuna del mismo nombre, en la región del Biobío, hechos por los cuales 7 comuneros mapuches fueron condenados a penas que alcanzan hasta 17 años de prisión.

Sin embargo, las defensas y organizaciones de apoyo denuncian que el juicio se habría sostenido en pruebas insuficientes, testigos protegidos y procedimientos cuestionados, lo que ha motivado la presentación de recursos de nulidad parcial ante la Corte Suprema.

Observación internacional y denuncias

La misión internacional ha puesto el foco en presuntas irregularidades judiciales, el uso de testigos protegidos, la imposición de altas condenas fuera de los estándares de la normativa jurídica chilena y el impacto de la huelga de hambre, que ya ha provocado un evidente deterioro físico en los comuneros encarcelados Óscar Cañupan, Bastián Llaitul, José Lienqueo, Roberto Garling y Axel Campos.

Esta huelga de hambre ya supera el mes, y fue adoptada como medida de reivindicación para exigir la anulación parcial del proceso y condiciones carcelarias dignas. A la fecha, informes de organizaciones y visitas de abogados internacionales advierten una pérdida significativa de masa corporal y un estado de salud “complejo”, lo que incrementa la preocupación sobre eventuales vulneraciones a derechos fundamentales.

En este escenario, conversamos con Isabel Vileya, coordinadora de Fundalatin capítulo Chile, y Maruxa Silva, integrante de la misma organización, quienes analizan el alcance internacional de estas denuncias, el rol de los observadores y las implicancias políticas y jurídicas de un caso que podría escalar más allá de las fronteras chilenas.

En el contexto del caso Quilleco, ¿cuál es el objetivo central de su visita como delegación internacional?

R: El objetivo principal es la verificación de las condiciones carcelarias y el intercambio sobre la situación judicial, teniendo en cuenta la opacidad y la represión que existe hacia la comunidad mapuche, sobre todo de la privada de libertad.

En su evaluación preliminar, ¿existen indicios de irregularidades o vulneraciones al debido proceso en el caso Quilleco?

R: Absolutamente, una sentencia basada en una testifical de testigos protegidos y en la que se desestiman las periciales practicadas por la propia Policía de Investigaciones de Chile, por resultar en exculpación de los imputados, es a todas luces, una causa manipulada para incriminar y condenar a los luchadores mapuche políticos.

¿Cuál es el estado actual de la huelga de hambre que mantienen los presos políticos?

R: La fase actual, cuando se cumple el mes de protesta, ha entrado en la fase secundaria por así decirlo, de pérdida de masa muscular y afectación de órganos. Independientemente de la situación médica, que es preocupante, los prisioneros, se encuentran en un estado de ánimo envidiable.

¿Cuáles son las principales demandas que han levantado los huelguistas?

R: La demanda principal se fundamenta en la nulidad parcial del caso, lo que conllevaría a una rebaja de las condenas. A ello, se le suman la petición de traslados por acercamiento familiar y, por último, condiciones carcelarias respetuosas con la integridad física y espiritual de los prisioneros.

¿Cómo evalúan la respuesta del estado frente a esta huelga de hambre?

R: El Estado de Chile ignora absolutamente las reivindicaciones del Pueblo Nación Mapuche, desestima el diálogo y la negociación del derecho de Autodeterminación. De la misma forma que el Estado chileno ignora estas reivindicaciones, oculta y silencia todas las acciones derivadas de la situación anteriormente descrita.

¿Existen garantías médicas suficientes para quienes están en huelga?

R: Absolutamente no. En el Centro de Cumplimiento Penitenciario Temuco no existe asistencia médica, ni sanitaria. Las recomendaciones de la OMS para la población reclusa, es que se cumpla con los mismos protocolos de atención que a la población general. En Chile existe una ratio de 1.3 médicos por mil pacientes. Esto, a todas luces, es insuficiente para la población privada de libertad. El número es de 45 doctores para una población reclusa nacional de 50.000 personas.

Esto nos enfrenta a situaciones críticas en los que la vida de los reclusos, está expuesta constantemente a las inclemencias más duras de su situación. Cabe recordar que la privación de libertad, según los tratados internacionales, no limita, o debería limitar los derechos civiles.

En este caso específico, ¿qué rol han jugado los organismos de derechos humanos?

R: Sin el concurso de la Fundación Fundalatin, que tiene estatus consultivo ante las Naciones Unidas, y el soporte técnico de la Asociación de defensa civil Maruxa Silva, entendemos que la disposición colaboración de las autoridades, habría sido distinta.

A partir de lo observado, ¿qué recomendaciones preliminares formula la delegación?

R: Lo urgente es sin duda que se conozca la causa, su internacionalización y difusión amplia como parte de una estrategia de apertura de la problemática mapuche y por la intervención de organismos internacionales y sobre todo de redes internacionales de apoyo popular.

¿Qué medidas urgentes consideran necesarias para abordar la situación actual?

R: Lo urgente es reconocer que esta causa responde a la necesidad de descolonizar el mundo. Esto es consecuencia de cinco siglos de reparto de la tierra marginando a sus pobladores, saltando por encima de los pueblos para mercantilizar la vida y no se va a resolver en la Corte Suprema de Chile, ni se suscribe al Caso Quilleco.

Pero, en todo caso, este caso es la constatación de que subyace un conflicto político y estos casos son la meridiana comprobación de que las vidas de los pueblos oprimidos -en este caso el Mapuche- están sujetas a los intereses de gente que no tienen ningún empacho en condenarlos a la miseria, la prisión y el sufrimiento para seguir acumulando capital.

Finalmente, ¿qué mensaje buscan transmitir a la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo con este caso?

R: Lo fundamental es que se conozcan las reivindicaciones del Pueblo Nación Mapuche, su derecho a la resistencia, su firmeza y voluntad de lucha. Los prisioneros del Caso Quilleco, como tantos otros encarcelados, son dignos representantes de su pueblo, depositarios de su tradición de lucha y resistencia, y pienso que bajo ningún concepto deben ser significados bajo otro término más que el de weichafe (luchador).

Entrevista por Axier Lopez