En la realidad Argentina, una imagen se repite con una frecuencia que ya no sorprende, la de un hombre mayor tras el volante de un taxi, la de una mujer atendiendo un kiosco de madrugada, la de aquellos que, después de haber recorrido el largo camino del trabajo forma se ven obligados a empujar nuevamente un carro, a ofrecer un servicio y ejercer oficio. Son jubilados y jubiladas que han vuelto a salir a trabajar, no por un anhelo de realización personal ni para complementar un retiro holgado, sino por una razón mucho más elemental y desgarradora: para comer.
Esta postal, que se ha instalado como un paisaje habitual en las ciudades y pueblos del país austral, desarma el relato oficial del gobierno de Javier Milei, que insiste en mostrar una recuperación económica basada en indicadores que, para este creciente segmento de la población, resultan una ficción.
La discusión sobre los números que maneja la administración de La Libertad Avanza ya no se limita a las tasas de inflación o al crecimiento del Producto Bruto (PIB). Ahora, la manipulación de los datos se extiende a un terreno más humano y menos visible: el del trabajo informal y la realidad de los adultos mayores.
Según reportó el medio digital El Destape, mientras el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostiene que el empleo informal está mejor remunerado que el formal —una afirmación que las propias estadísticas oficiales contradicen, al mostrar que el ingreso promedio de un trabajador informal es la mitad del de uno formal—, una realidad paralela crece en las sombras de los números.
Dentro de ese universo de la precariedad, emerge un fenómeno que se ha acelerado en los últimos dos años: jubilados que no pueden sobrevivir con la “miseria” de sus haberes y se ven forzados a reinsertarse en el mercado laboral. Detrás de estas tristes postales, que se han vuelto un paisaje cotidiano, se esconde una dinámica estructural que los datos oficiales, apenas logran captar.
La tendencia que los números oficiales ocultan
Las postales que se han vuelto un paisaje cotidiano y en las que los adultos mayores salen a las calle buscando ingresos extras ya no es un hecho aislado, se han convertido en una tendencia en ascenso, pero existe un factor clave para entender por qué este fenómeno pasa desapercibido en las estadísticas del gobierno, el cual está relacionado con la definición misma de la población económicamente activa.
Debido a su edad —generalmente superior a los 65 años— este segmento no es considerado parte de esa población (que se contabiliza entre los 14 y 64 años), por lo que su situación laboral no es tomada en cuenta en las mediciones tradicionales de desempleo.
Aunque esta omisión metodológica crea un velo que oculta la verdadera magnitud de la crisis, relevamientos privados han centrado la mirada sobre este grupo etario, para constara que desde que asumió la administración libertaria, la cantidad de adultos mayores que se insertan en trabajos informales se ha multiplicado 2,5 veces.
De acuerdo con El Destape, la caída del poder adquisitivo de los haberes previsionales, sumada a la expansión del empleo precario, han empujado a este sector a la reincorporación laboral. Lo que los estudios privados comienzan a catalogar como “desempleo encubierto” es, en esencia, una presión social mucho más profunda que la que reflejan los indicadores tradicionales.
Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), elaborado a partir de microdatos del INDEC, puso números a esta tendencia, contradiciendo la lectura «libertaria» del mercado de trabajo. Según este estudio, en el tercer trimestre de 2025, la tasa de actividad de las personas mayores de 66 años creció un 11% en términos interanuales.
El término que utilizan los especialistas para describir esta conducta es el de una búsqueda de ingresos laborales de carácter “supervivencial”. La frase encierra el hecho de que esta inserción laboral no responde a una elección personal ni a una prolongación voluntaria de una vida activa, sino a la necesidad imperiosa de compensar ingresos que se han vuelto insuficientes para cubrir las necesidades más básicas.
El informe del IAG es contundente al señalar que este fenómeno no puede analizarse de manera aislada, ya que en paralelo detectó un aumento interanual del 34,1 por ciento en el llamado “desempleo encubierto” —que incluye a personas con trabajos de pocas horas, inestables o de baja calidad, que están buscando activamente más empleo—, un incremento que fue particularmente pronunciado entre los mayores de 66 años.
La estadística de la desprotección
El fenómeno de los jubilados que vuelven a trabajar se inscribe en una transformación más amplia del mercado laboral argentino, donde la frontera entre estar empleado y estar desempleado se ha vuelto borrosa. El informe del IAG plantea que mientras la tasa de desocupación abierta oficial fue del 6,6 % en el tercer trimestre de 2025, ese número se eleva al 13,8 % cuando se incorporan las formas de inserción laboral insuficiente o precaria.
En sus conclusiones, el estudio planteó una advertencia metodológica que pone en jaque la fiabilidad de los datos divulgados por el gobierno de Milei: “la tasa de desempleo se vuelve un indicador insuficiente para medir la presión sobre el mercado laboral”.
Para describir esta realidad, el informe acuña el concepto del “desempleo blue”, compuesto por trabajadores que, aunque formalmente ocupados, no logran generar ingresos suficientes ni alcanzar la estabilidad necesaria. Este “desempleo blue”, agrega el estudio, está “empujado principalmente por adultos mayores”.
Esta redefinición estadística adquiere una dimensión alarmante cuando se la vincula con la evolución de los ingresos previsionales. A fines de 2025, la jubilación mínima se ubicó en 340.879 pesos (argentinos), una cifra a la que la administración de Milei suma un bono de 70 mil pesos que, significativamente, permanece congelado desde marzo de 2024. D
De este modo, el ingreso total para los millones de argentinos que perciben la mínima cerró el año en 410.879 pesos. Sin embargo, ese refuerzo, lejos de aliviar la situación, perdió peso real en un contexto inflacionario que el oficialismo da por controlado. Con un aumento de precios acumulado del 31,5% en 2025, el poder adquisitivo del haber mínimo cayó un 4,6% interanual, consignó El Destape.
El deterioro no se explica únicamente por la evolución del haber, sino por la dinámica de ese bono que se otorga como complemento. Según los datos disponibles, registró una caída del 23% en términos reales durante 2025 y acumula una pérdida del 46 % desde su última actualización.
Para que el bono hubiera sostenido su poder de compra original, en diciembre debería haber alcanzado los 129.943 pesos, casi el doble de los 70.000 que efectivamente se entregaron. La consecuencia es directa y afecta a una masa crítica de la población: cerca de 3 millones de jubilados, lo que representa el 49,2 por ciento del total, vieron erosionados sus ingresos en términos reales. En ese contexto de pérdida sistemática, salir a buscar un trabajo informal deja de ser una alternativa para convertirse en una imposición derivada de la desprotección en la que han caído los adultos mayores.
Del “trabajador adicional” a la nueva precarización
Los analistas económicos suelen hablar del fenómeno del “trabajador adicional” en contextos de recesión, refiriéndose a los jóvenes que dejan de estudiar para salir a trabajar y sumar ingresos al hogar. Pero cuando las caídas de ingresos son repetidas, profundas y se combinan con la pérdida sostenida del poder adquisitivo de las jubilaciones, emerge un fenómeno distinto: el “trabajo adicional”, pero en los adultos mayores.
La noción de “trabajador adicional” aplicada a este grupo etario introduce un cambio cualitativo, ya que anteriormente estaba adicionalmente asociada a los jóvenes, mientras que ahora se desplaza hacia quienes ya habían completado su ciclo laboral y se suponía que gozaban de un merecido descanso.
Esa extensión forzada de la vida activa no se traduce, sin embargo, en empleos formales o estables que permitan acumular nuevos años de aportes. Por el contrario, se canaliza casi exclusivamente en actividades de baja productividad, escasa o nula protección social y altísima informalidad.
Estas ocupaciones alcanzan para modificar la clasificación estadística de la persona —que deja de ser “inactiva” para convertirse en “ocupada”—, pero no para resolver la insuficiencia crónica de ingresos que motivó su reinserción laboral. La metodología del INDEC contribuye a esta distorsión, ya que, según sus criterios oficiales, una persona se considera ocupada si trabajó al menos una hora en la semana de referencia, independientemente de la calidad, estabilidad o remuneración de esa actividad.
Según El Destape, el informe del IAG retoma este punto señalando que “los desempleados son aquellas personas que no han trabajado ni siquiera una hora la semana anterior a ser encuestados por el organismo oficial”.
“Sin embargo, la dinámica del ‘autoempleo’ permite que abunden trabajos de mala calidad y de pocas horas que hacen que muchas personas no sean identificadas como ‘desocupadas’”, agrega.
El resultado es una fotografía oficial que subestima la presión real sobre el mercado de trabajo. La expansión de ocupaciones de baja intensidad horaria y baja remuneración no reduce la necesidad de empleo, sino que la redistribuye en formas más fragmentadas y menos visibles.
En ese marco, los jubilados que vuelven a trabajar ocupan un lugar particular: su presencia incrementa la tasa de actividad general, pero simultáneamente alimenta el universo de la subocupación y el empleo precario. Los datos oficiales del cierre de 2025 reflejan esta situación, aunque con números que minimizan su impacto. Mientras la tasa de desocupación general se ubicó en 7,5% de la población económicamente activa, la proporción de varones ocupados mayores de 65 años alcanzó el 3,1 % y la de mujeres el 2%. Al mismo tiempo, la desocupación abierta en ese segmento etario se mantiene en niveles bajos (1,7% en varones y 0,9% en mujeres), lo que refuerza la idea de que la problemática no se expresa en términos de desempleo clásico, sino de inserciones laborales débiles, precarias y, en muchos casos, indignas.
Jubilados deben ejercer trabajos precarios para sostener sus ingresos
La relación entre estos indicadores permite entender por qué la medición tradicional resulta tan insuficiente. La baja desocupación entre los mayores convive con un aumento sostenido de su participación laboral y con un crecimiento explosivo del desempleo encubierto. Es decir, menos jubilados aparecen como desocupados en las estadísticas, pero muchos más se ven obligados a aceptar trabajos precarios o insuficientes para sostener sus ingresos.
Bajo este escenario, el regreso de los jubilados al trabajo no es un dato anecdótico en Argentina, sino el reflejo del desequilibrio cada vez más profundo entre los ingresos y el costo de vida, entre la cobertura previsional prometida y las condiciones reales de subsistencia.
Según el medio citado, «la expansión del empleo informal entre los adultos mayores, lejos de aliviar la presión sobre el mercado laboral, la desplaza hacia zonas menos visibles, donde las categorías estadísticas tradicionales pierden toda capacidad explicativa» y donde la postal de un abuelo trabajando para poder comer desmonta, una y otra vez, cualquier relato triunfalista por parte de la administración de Milei.
*Foto destacada: La Capital
