Columna ¿Estancamiento salmonero o límite de la expansión?
Por: Rodrigo Díaz, antropólogo social del Centro de Investigación/Acción del Maritorio y las Sociedades Costeras, QUIÑE.
Cada cierto tiempo vuelve a instalarse el mismo relato: que la industria salmonera chilena estaría “estancada”, frenada por la llamada permisología, por las restricciones territoriales o por la imposibilidad de seguir expandiéndose al ritmo que algunos actores empresariales y políticos consideran deseable. Sin embargo, cuando se miran las cifras con algo de distancia, la pregunta que surge no es si el sector está realmente estancado, sino más bien a qué responde ese discurso del estancamiento.
Los números conocidos no muestran una industria paralizada. Muestran otra cosa. En 2010, las exportaciones de salmón y trucha de Chile bordeaban los US$ 2.059 millones. En 2025 alcanzaron los US$ 6.552 millones. Eso significa un crecimiento acumulado de 218,2% en quince años, o, dicho de otro modo, que el valor exportado en 2025 fue 3,18 veces el de 2010. Además, el propio sector destacó que en 2025 el salmón se consolidó por tercer año consecutivo como el segundo producto más exportado del país, solo detrás del cobre.
Por supuesto, la serie no es lineal. Hay alzas, bajas y momentos de contracción. Pero incluso con esas oscilaciones, el balance de largo plazo es inequívoco: estamos frente a una industria que ha mantenido un peso estructural en la economía exportadora chilena y que en 2025 incluso volvió a crecer respecto de 2024, con un alza de 2,8% en valor exportado.
Entonces, ¿por qué insistir en hablar de “estancamiento”? Una respuesta posible es que ese discurso no se refiere tanto a la inexistencia de ganancias sino que más a la frustración de una expectativa de expansión indefinida. Es decir, no se estaría denunciando una industria en crisis, sino una industria que encuentra límites: límites ecológicos, límites administrativos, límites territoriales y también límites jurídicos. En ese contexto, el lenguaje del estancamiento funciona como una forma de presión política. Sirve para convertir cualquier regulación, cualquier resguardo ambiental o cualquier derecho territorial indígena en un supuesto obstáculo para el desarrollo.
Ahí aparece una dimensión que muchas veces se omite deliberadamente. El mar no es un vacío disponible para la expansión infinita de una sola actividad económica. Es un espacio ecológico, social, cultural y político donde coexisten múltiples usos, memorias y formas de vida. Y en Chile, además, existe un marco legal que reconoce eso. La Ley 20.249, que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios, establece expresamente que su objetivo es resguardar el uso consuetudinario de esos espacios para mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las comunidades vinculadas al borde costero. La misma ley dispone que la delimitación debe corresponder a la superficie necesaria para asegurar ese uso y que su administración debe procurar la conservación de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades.
Por eso, cuando desde ciertos sectores se instala a la Ley 20.249 como enemiga del “desarrollo”, conviene preguntarse qué se está defendiendo realmente. ¿Se está defendiendo el interés general del país, o más bien la posibilidad de seguir profundizando una lógica de acumulación privada sobre un espacio marino ya intensamente intervenido? ¿Se está hablando de estancamiento económico, o de la saturación de un modelo de administración del mar que ha tendido a privilegiar ciertos usos productivos por sobre otros?
Tal vez el punto de fondo es ese: el discurso del estancamiento aparece con más fuerza justo cuando ya no resulta tan sencillo seguir copando territorios, bahías, fiordos y bordes costeros como si fueran superficies vacías. Aparece cuando el mar empieza a ser disputado no solo como fuente de renta, sino también como territorio de vida, de trabajo artesanal, de memoria y de derechos colectivos. Aparece cuando comunidades indígenas, pescadores artesanales y organizaciones locales dejan de ser invisibles y exigen participar en la definición de los usos del espacio costero.
En ese escenario, la Ley 20.249 se vuelve incómoda porque introduce una pregunta que el expansionismo salmonero preferiría evitar: ¿quién decide sobre el mar y en función de qué intereses? Si el mar deja de ser administrado únicamente bajo la lógica de la concesión productiva y empieza a ser pensado también desde el uso consuetudinario, la conservación y los derechos territoriales, entonces el problema ya no es el supuesto estancamiento de la industria, sino el límite político a su capacidad de seguir expandiéndose sin contrapeso.
Por eso, más que aceptar sin discusión la narrativa del estancamiento, habría que invertir la pregunta. No se trata solo de preguntarse si la salmonicultura crece o no crece. Se trata de preguntarse a quién beneficia la insistencia en ese diagnóstico, qué tipo de presión busca instalar y qué derechos intenta relativizar. Porque cuando una industria que ha triplicado el valor de sus exportaciones en quince años se presenta a sí misma como entrampada, tal vez no estamos frente a un relato de crisis. Tal vez estamos frente a una estrategia para convertir cualquier límite democrático, ecológico o territorial en un problema.
Y ahí la Ley 20.249 aparece no como enemiga del desarrollo, sino como obstáculo para una pretensión mucho más concreta: la de seguir acumulando riqueza sobre un mar tratado como frontera de expansión permanente. Ese es, probablemente, el verdadero trasfondo del discurso del “estancamiento”.
