Caso «Kastasilandia» escala ante Contraloría y Fiscalía: Grupo parlamentario  anuncia acciones para esclarecer irregularidades

Exigen investigar eventuales irregularidades en proyecto de la familia Kast

Parque de la familia Kast desata ofensiva parlamentaria con acciones ante Contraloría y Fiscalía

La investigación publicada por El Mostrador abrió un nuevo frente político para el Gobierno luego de revelar antecedentes sobre el proceso de construcción y aprobación ambiental de Parque Zandia, el parque de diversiones impulsado por la familia del Presidente José Antonio Kast.

De acuerdo con El Mostrador, diputados de oposición, especialmente representantes del Distrito 14, anunciaron oficios fiscalizadores y eventuales denuncias ante la Contraloría General de la República y el Ministerio Público para determinar si existieron irregularidades, privilegios o conflictos de interés durante la tramitación del proyecto.

El diputado Francisco Crisóstomo (PS), integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, calificó los antecedentes como «de la máxima gravedad» y sostuvo que, si se confirma que el megaproyecto comenzó a construirse sin contar con las autorizaciones ambientales exigidas por la legislación, ello «golpea directamente el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley». El parlamentario enfatizó que «en Chile nadie puede estar por sobre la ley», cuestionando que la familia presidencial aparezca vinculada a un proyecto cuya construcción habría comenzado antes de obtener una Resolución de Calificación Ambiental. Además, anunció que solicitará la revisión de la actuación de los organismos públicos involucrados y remitirá los antecedentes al Ministerio Público para investigar la eventual existencia de delitos, incluidos posibles hechos de corrupción o tráfico de influencias.

Según consigna El Mostrador, uno de los principales cuestionamientos apunta al actual director nacional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Arturo Farías, quien habría intervenido en distintas etapas de la evaluación del proyecto cuando ejercía como director subrogante del organismo en la Región Metropolitana y posteriormente fue designado por el Presidente Kast mediante el mecanismo conocido como «bala de plata». Para Crisóstomo, si la tramitación respondió a «presiones, privilegios o conflictos de interés», se estaría frente a «hechos de la mayor gravedad institucional».

Las críticas también fueron respaldadas por la diputada Marisela Santibáñez (Ind.-PC), quien cuestionó las contradicciones entre el discurso público del Mandatario y los antecedentes revelados por la investigación. «Hizo campaña diciendo que deben cumplirse las leyes, las normativas, pero él comienza un negocio sin permisos. Dice que hay que expulsar a los inmigrantes, pero él los contrata y los expone a un riesgo de una obra sin permisos», afirmó. La parlamentaria sostuvo además que el caso «daña gravemente la fe pública» y cuestionó que Arturo Farías continúe encabezando el SEA pese a haber participado previamente en etapas relevantes de la evaluación ambiental del proyecto.

Desde el Frente Amplio, los diputados Ignacio Achurra y Jaime Bassa confirmaron el inicio de acciones fiscalizadoras. Achurra informó que ya ofició al Servicio de Evaluación Ambiental y a la Dirección del Trabajo para conocer la cronología y los antecedentes expuestos por el reportaje, señalando que «de constituirse irregularidades, sería especialmente preocupante puesto que se trata de negocios de la familia del Presidente Kast». Por su parte, Bassa sostuvo que, de confirmarse los hechos publicados, será indispensable despejar cualquier duda sobre el funcionamiento de las instituciones encargadas de la evaluación ambiental, recordando que «las normas ambientales, los permisos administrativos, la protección de los trabajadores y la participación de las comunidades son garantías que limitan el ejercicio del poder y resguardan el interés público». Con oficios ya anunciados y eventuales investigaciones administrativas y penales en curso, el caso comienza a instalarse como un nuevo flanco político e institucional para La Moneda.