Entregan administración de espacio marítimo a comunidades mapuche de Tirúa

En una decisión calificada como «histórica», la Comisión Regional de Uso del Borde Costero del Biobío aprobó, por 46 votos a favor y una abstención, entregar en concesión marítima 12 millas náuticas a ocho comunidades mapuche lafkenche, quienes tendrán potestad sobre este espacio frente a las costas de la comuna de Tirúa

Por Absalón Opazo

15/05/2019

Publicado en

Chile / Mapuche / Pueblos

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En una decisión calificada como «histórica», la Comisión Regional de Uso del Borde Costero del Biobío aprobó, por 46 votos a favor y una abstención, entregar en concesión marítima 12 millas náuticas a ocho comunidades mapuche lafkenche, quienes tendrán potestad sobre este espacio frente a las costas de la comuna de Tirúa.

Se trata de una solicitud presentada en septiembre de 2014 por estas comunidades a la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) para que se les reconociera un espacio marítimo costero de pueblos originarios en el sector costero de Ponotro, Quidico y Tirúa.

Así, la solicitud logró que dichas comunidades, junto a ocho sindicatos de pescadores y otros actores económicos de la zona, acordaran las 12 millas marítimas como un espacio de importancia productiva, de carácter ancestral y cultural.

Según consignó el diario El Sur, la comisión votante -que reunió a distintos representantes de los sectores relacionados a la administración del borde costero-, aprobó la solicitud luego que se acreditara que las comunidades efectivamente hacían uso ancestral sobre el terreno.

«Lo que vamos a hacer es convocar a toda la comunidad tiruana, incluidos los pescadores artesanales y a todas las personas que deseen tener derecho a participar en este plan de gobernanza (…) que espero sea un ejemplo», sostuvo el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, al citado medio regional.

El edil agradeció además la asistencia masiva que tuvo la votación e hizo un reconocimiento a los municipios que se plegaron de forma unánime a la moción de la comunidad de Tirúa. Ahora, aspectos como el uso y su distribución deben ser parte de un plan de administración que la comunidad solicitante debe construir en un plazo de un año junto a las organizaciones relacionadas.

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