“La justicia en el siglo XXI y sus desafíos“ fue el tema de la presentación que el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, realizó ante los oficiales generales de las Fuerzas Armadas recién ascendidos, en el marco del seminario de capacitación realizado pro la Academia de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE).
En la ocasión, Silva fue recibido por el ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Jorge Robles, quien dirige la Anepe, y expuso ante una veintena de nuevos generales de las tres ramas castrenses. La charla abordó los temas de: proceso constituyente, las transformaciones que este proceso podría plantear, los sistemas comparados y cómo se ha regulado a las Fuerzas Armadas en las constituciones modernas, justicia militar, transparencia y accountability, derechos humanos y equidad de género.
En parte de su alocución, Silva dijo que «creo no equivocarme al afirmar que las Fuerzas Armadas han desarrollado importantes y persistentes esfuerzos por dejar atrás épocas oscuras de su historia, vinculadas con graves vulneraciones a los derechos humanos y persecución política de la población civil. De esta manera, en el marco de las investigaciones penales que los jueces han desarrollado a raíz de estas acciones, se ha constatado que durante las investigaciones de las causas de derechos humanos ha habido una cordial relación y solícita colaboración por parte de los representantes del Estado Mayor del Ejército cada vez que se ha requerido información por parte de los ministros y ministras que tramitan estas causas».
La autoridad judicial agregó que “por otra parte, los sucesos más recientes en nuestra historia, tales como las movilizaciones originadas en el marco del llamado ‘estallido social’ o el conflicto en La Araucanía, nos obligan continuar la reflexión respecto del rol de las Fuerzas Armadas y a cómo esta puede desarrollarse con estricto apego a las garantías fundamentales de las personas».
«Así, es preciso manifestar que con respecto a la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones de orden público, se han advertido ciertos peligros. El primero de ellos es la falta de costumbre que estos cuerpos tienen de enfrentarse al tratamiento directo con personas que infringen la ley. Vinculado con ello, el segundo gran problema detectado es el riesgo siempre presente en el uso de la fuerza frente a manifestaciones ciudadanas. Un tercer problema que se vislumbra es el riesgo de corrupción de los funcionarios debido al contacto estrecho con células de crimen organizado”, afirmó el presidente del máximo tribunal del país.