Abren investigación judicial a abogados querellantes en caso contra Daniel Jadue por presunto “lavado de activos y cohecho”

Abogados querellantes contra Daniel Jadue son investigados por red de corrupción judicial

Una investigación del programa Mega Investiga (Megavisión) reveló que la Fiscalía Regional de Los Lagos, a cargo de Carmen Gloria Wittwer, amplió una indagatoria por lavado de activos contra los abogados Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gabriel Silber, querellantes en el caso contra el exalcalde Daniel Jadue. Según el reportaje, el OS7 de Carabineros detectó transferencias sospechosas vinculadas al consorcio chileno-bielorruso Belaz-Movitec (CBM), que evitó pagar US$20 millones a Codelco gracias a fallos judiciales favorecidos por la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, actualmente destituida e investigada por cohecho, destacó una publicación de ElSiglo.cl.

La trama se remonta a octubre de 2024, cuando se inició la investigación contra Vivanco y su entorno, incluyendo a su pareja, Gonzalo Migueles, y los tres abogados. El informe policial presentado el 5 de junio ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago señala «maniobras concordantes con tipologías de lavado de activos», según Mega Investiga. Vargas, Lagos y Silber —socios en el estudio que representó a CBM— también habrían actuado en el caso de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), dirigida por Jadue, impulsando su liquidación en 2022 mediante una deuda inflada de $1.300 millones.

La Revista de Frente (publicación de Nicolás Romero) detalló que estos mismos abogados fueron clave en la estrategia judicial contra Jadue: presentaron querellas civiles que derivaron en su imputación penal por fraudes al Fisco, pese a que la deuda real de Achifarp no superaba los $500 millones. «El proceso se sostiene sobre una construcción artificial», afirmó la publicación, cuestionando la prisión preventiva del exalcalde, ratificada el 26 de junio por la Corte de Apelaciones de Santiago bajo votos de las ministras Dobra Lusic y Jenny Book.

El paralelo entre ambos casos expone una posible red de corrupción judicial. Mientras Codelco perdió $17.100 millones por fallos viciados, Jadue enfrenta cargos basados en acciones impulsadas por los mismos abogados ahora investigados. «Es lawfare: usan el sistema legal como herramienta política», señaló la Revista de Frente, destacando que Vargas y Lagos también estuvieron vinculados al abogado Luis Hermosilla, actualmente detenido por corrupción.

La Fiscalía enfrenta el desafío de avanzar en ambas aristas: el fraude a Codelco y la legitimidad del caso Jadue. Mientras tanto, el OS7 continúa rastreando movimientos financieros de los implicados, cuyas cuentas bancarias exhiben patrones de lavado.

Con Jadue en prisión domiciliaria y los abogados querellantes bajo sospecha, el escándalo reabre el debate sobre la independencia judicial en Chile.