Apelarán a sentencia que sobreseyó por demencia a criminal de lesa humanidad de la dictadura en proceso de extradición a Italia

Extradición de agentes del Estado por crímenes cometidos en dictadura a ciudadanos italianos

El 18 de diciembre, se comunicó desde el Poder Judicial, que la ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco Martínez acogió las solicitudes de extradición del gobierno italiano  y ordenó la entrega diferida de los exagentes del Estado Orlando Moreno Vásquez, Manuel Vásquez Chahuán para que cumplan la condena prisión perpetua dictada por la Corte d’ Asisse d’ Apello de Roma como autores del homicidio voluntario pluriagravado de Omar Venturelli Leonelli, ocurrido el 16 de septiembre de 1973;   y de Pedro Espinoza Bravo como autor de homicidio de Juan Bosco Maino Canales, ocurrido el 26 de mayo de 1976.

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Sin embargo, en la misma resolución, se  estableció que la magistrada instructora dictó sobreseimiento parcial y definitivo del requerido Rafael Francisco Ahumada Valderrama  y rechazó el pedido de extradición de  Pedro Espinoza Bravo respecto de la víctima Jaime Donato Avendaño, ocurrida el 5 de mayo de 1976.

Apelación al sobreseimiento por demencia

Tal cual se informó en el fallo judicial, Rafael Francisco Ahumada Valderrama, pese a estar condenado a la misma pena por el crimen de Montiglio Murúa, fue sobreseído parcial y definitivamente por demencia, producto de un peritaje del Servicio Médico Legal, lo que imposibilitó su extradición.

Recientemente se informó desde el Estudio Caucoto Abogados, que se apelará a la resolución que sobreseyó por demencia al ex agente Rafael Francisco Ahumada Valderrama de su responsabilidad por el crimen de  Juan José Montiglio Murúa, jefe de unidad del GAP, guardia personal del presidente Allende y una de las  cuatro víctimas ítalo-chilenas de la dictadura de Pinochet, en el marco del proceso de extradición solicitado por la República italiana.

Desde el Estudio Caucoto Abogados, se comunicó: “Queremos proponer otras diligencias encaminadas a dilucidar la verdadera situación mental del sentenciado, puesto que nos merecen algunas dudas ciertos aspectos de los informes médicos presentados, y queremos resolver esas inquietudes a fin que una declaración de demencia no signifique impunidad como ha ocurrido en otros casos”, informó Francisco Bustos, quien representa a la hija de Montiglio Murúa.

De acuerdo a lo señalado por prensa de Caucoto Abogados, Montiglio tenía 24 años, era del Partido Socialista y jefe de unidad del GAP, guardia personal del presidente Allende. Fue detenido en el Palacio de la Moneda el día del golpe militar, posteriormente llevado al Regimiento Tacna y asesinado en Peldehue el 13 de septiembre de 1973. Hasta hoy permanece en calidad de detenido desaparecido.

Entre los condenados y por los cuales Chile accedió a la extradición se encuentran Orlando Moreno Vásquez, Manuel Vásquez Chahuán por el homicidio de Omar Roberto Venturelli Leonelli; y Pedro Octavio Espinoza Bravo, por homicidio de Juan Bosco Maino Canales.

Los requeridos registran procesos pendientes, por lo que se dará lugar a la entrega diferida, es decir, esto no los exime de las responsabilidades penales que ellos tengan en Chile.

“Es una resolución muy esperada, que representa un triunfo de la cooperación internacional para poner fin a la impunidad por los crímenes más graves que se pueden cometer”, señaló el abogado Bustos en el comunicado de Caucoto Abogados, agregando “que es una sentencia es relevante porque reafirma el compromiso de la República de Chile con el cumplimiento de los tratados, tanto el de extradición, como los instrumentos de derechos humanos”.

Además, indica que “en este caso la República Italiana cumplió con el deber de investigar, juzgar, sancionar e imponer penas proporcionales, y nuestro país debe asegurar que esas resoluciones se cumplan, como ocurrirá respecto de los condenados  Moreno, Vásquez  y Espinoza, cautelando al mismo tiempo que los procesos penales a nivel nacional seguidos contra ellos puedan continuar”.

En ese sentido “la persecución penal iniciada en Italia y otros antes como España, Reino Unido, y Francia, fueron algunos de los factores que -de la mano con la persistencia de los familiares de las víctimas- permitieron acelerar el avance de la justicia en nuestro país, que a la fecha ha concluido casi 600 procesos penales por delitos de lesa humanidad”, finalizó.

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