Acusa a la iniciativa de buscar beneficiar a condenados por violaciones a los derechos humanos y delitos graves. El proyecto de ley no se votó en la jornada de este martes 6 de enero, por lo cual deberá ser reprogramada.
La senadora Fabiola Campillai anunció su voto en contra del proyecto de ley que propone la suspensión o sustitución de penas privativas de libertad para internos de avanzada edad o con enfermedades terminales. La moción, impulsada por sectores de derecha (senadores Chahuán, Ebensperger, Cruz-Coke, Kusanovic y Kuschel), se discute en la Cámara Alta argumentando descongestionar el sistema penitenciario y responder a razones humanitarias, pero generan un profundo rechazo.
Para la legisladora, la iniciativa representa un peligroso retroceso en materia de justicia, ya que no establece filtros suficientes para evitar que criminales de alta peligrosidad abandonen los recintos penales. Según Campillai, se está intentando utilizar la crisis carcelaria como una fachada para otorgar impunidad a quienes cumplen condenas en recintos especiales.
Al respecto, fue tajante al señalar que “la situación crítica de las cárceles chilenas no puede ser utilizada como excusa por la derecha para dejar en libertad a criminales que han cometido delitos atroces”, sostuvo. La parlamentaria enfatizó que esta medida favorecería a responsables de abusos sexuales, homicidios y femicidios, ignorando los compromisos internacionales del Estado chileno.
Uno de los puntos más críticos expuestos por la senadora es la falta de reparación hacia quienes sufrieron los daños. En sus palabras, otorgarles “beneficios ignora el dolor de las víctimas y sus familias, más aún cuando estos condenados no colaboran con la justicia ni muestran arrepentimiento”, esta falta de cooperación es vista como un agravante que debería inhabilitar cualquier beneficio carcelario.
Campillai también cuestionó el enfoque de seguridad de la propuesta, advirtiendo que la edad no es una garantía de que no existan riesgos para la sociedad. En ese sentido, afirmó que votará contra este proyecto que, a su juicio, “deja fuera de la cárcel a potenciales reincidentes, independiente de su edad”, centrando la discusión en que la prioridad legislativa debe ser otra.
Finalmente, la senadora recalcó que los esfuerzos del Congreso y del Gobierno deberían enfocarse en la crisis de seguridad y en las deficiencias de las cárceles comunes. Para la representante, la prioridad debe ser mejorar las condiciones de la población penal común, cerrando así cualquier posibilidad de apoyo a la medida.

