Caso de Maite Morales: Continúa la investigación por presunta negligencia en Colegio de Lampa

Adolescente de 17 años falleció en el Colegio Emprender tras sufrir un desvanecimiento, generando una pesquisa por presunto incorrecto cumplimiento de los protocolos de emergencia.

El trágico fallecimiento de Maite Morales, una estudiante de segundo año medio de 17 años, en las dependencias del Colegio Emprender de Lampa el 8 de octubre de 2024, ha puesto en jaque los protocolos de seguridad y emergencia en los establecimientos educacionales.

La joven se desvaneció mientras se encontraba en el tercer piso del colegio, desencadenando una serie de eventos que hoy son el centro de una demanda civil y una querella criminal por cuasidelito de homicidio.

Cuestionamientos a la Asistencia Escolar

Según el relato del abogado Ariel Manríquez, representante de la familia de Maite y las imágenes de las cámaras de seguridad del colegio, la joven se encontraba conversando con su pololo en horario de clases tras una discusión con otras compañeras sobre un campeonato, cuando se desvaneció. Lo que siguió, según el profesional, fue una cadena de omisiones y acciones inadecuadas por parte del personal del colegio.

La primera reacción en ese instante fue que «el pololo trató de ayudarla y solicitó ayuda, gritando», explica Manríquez. Las cámaras muestran cómo compañeros y una estudiante se acercan, y luego llegan los paradocentes. Sin embargo, en lugar de aplicar maniobras de reanimación, se observa cómo la mueven repetidamente, incluso colocando sus pies arriba. Uno de los paradocentes solicita a una alumna que traiga una silla de ruedas desde el primer piso.

Maite es bajada en la silla de ruedas estando «un poco desvanecida, tendida en la silla, no iba sentada normal», asegura el abogado. Al llegar al primer piso, la enfermera del colegio sale, la mira, la mueve dentro de la silla y, aparentemente, le toma el pulso antes de que Maite se caiga de la silla. En ese punto, el abogado indica que «ya se había constatado su muerte». Finalmente, la llevaron en un auto particular, y al llegar a un Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU) de Lampa, se certificó su defunción.

Ausencia de Reanimación y Uso de Desfibriladores

La autopsia reveló un edema pulmonar, sugiriendo un paro cardiorrespiratorio abrupto. Sin embargo, el punto central de la acusación radica en la ausencia de maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y la no utilización de desfibriladores, a pesar de que el colegio contaba con al menos cuatro de estos.

Ante esto, el abogado explica que «había 15 profesores certificados y nadie usó el desfibrilador, que había dos por piso», enfatiza. Este hecho cobra especial relevancia debido la Ley 21.156, promulgada y publicada en mayo de 2019, la cual establece la obligación de disponer de desfibriladores externos automáticos portátiles (DEA) en los establecimientos y recintos con el objetivo de aumentar las tasas de supervivencia ante paros cardíacos súbitos. Pero no habla sobre su no uso, un vacío legal que figuras como Marcela Sabat han buscado modificar.

La madre de Maite, Karen Mierzejewski, expresa su frustración ante la situación legal por la que actualmente está pasando «es como volver a recordar una y otra vez lo mismo con las mentiras que dicen», refiriéndose a los dichos del Colegio Emprender. Su mayor expectativa es que se determine quién fue el culpable de la muerte de su hija, y que esa persona: «deje de trabajar con niños porque realmente no están capacitados. En un colegio de 1800 niños pueden pasar mil cosas y no saben actuar», indica enfática.

La indiferencia institucional y el impacto en los estudiantes

Más allá de los aspectos legales y técnicos, el abogado Manríquez destaca lo que él indica como indiferencia y falta de cariño por parte de la directora y los trabajadores del colegio en el manejo de la situación. Se ofrecieron seis sesiones de ayuda psicológica a la familia, las cuales fueron gestionadas por un consultorio, no por el colegio, quienes recién en abril de este año plantaron un árbol en nombre de Maite. La institución se comprometió a realizar manejo de duelo con el curso de Maite, algo que tampoco se cumplió inicialmente.

La directora del colegio ha sido objeto de críticas en redes sociales por su supuesta actitud fría ante la tragedia. Un video la muestra diciendo a los estudiantes que no tenían por qué seguir llorando por alguien, que había que seguir adelante. Esta postura generó una fuerte reacción en los alumnos, quienes realizaron protestas, orillando a la Corporación Educacional Emprender, dueña del colegio, a enviar a su encargada de comunicaciones a ofrecer disculpas. Cabe destacar que El Ciudadano se comunicó con el establecimiento por medio de su correo y un formulario habilitado, sin obtener respuestas.

La señora Mierzejewski comparte la emoción de los estudiantes: «siento que a veces es más fácil y sincero decir ‘sí, me equivoqué, soy humano, me corté’, no mentir sobre lo que pasó. Es mejor decir la verdad», asegura. La falta de empatía y la negativa del colegio a reconocer errores han profundizado el dolor de la familia y la comunidad.

Camino a la Justicia

Actualmente, el caso se procesa en dos instancias.
● Vía Civil: Se presentó una demanda por responsabilidad contractual de omisión por 150 millones de pesos contra la Corporación Emprender. Se espera una audiencia de conciliación a fines de julio, donde el colegio podría ofrecer un acuerdo monetario y otras compensaciones.
● Vía Penal: Se interpuso una querella criminal por cuasidelito de homicidio. El fiscal Andrés Pastoriza está a cargo de la investigación, que busca determinar las responsabilidades penales del personal involucrado, desde paradocentes hasta la enfermera y la directora. Se esperan formalizaciones en el corto plazo.

El abogado Manríquez espera que el caso de Maite Morales sea un precedente importante para el futuro de la seguridad escolar en Chile, mientras que Mierzejewski desea que: “haya más estudios de RCP, de desfibrilador. Que no solamente sean estudios, sino que sean capaces de atender en el momento indicado de una emergencia”, concluye. La familia y su representante esperan ver reforzada la obligatoriedad en la normativa vigente para que esta situación no se vuelva a repetir.

La tragedia de la joven no queda como un hecho aislado, sino que es un importante llamado a la reflexión sobre la seguridad y los protocolos de emergencia en las instituciones educativas. La búsqueda de justicia por parte de su familia, abre una interrogante necesaria sobre la responsabilidad de quienes cuidan a los estudiantes, y orilla a mirar más allá de la legalidad, pues dirige hacia la ética y la protección que todo establecimiento educacional debería garantizar.