Nuevas recusaciones contra ministro Matus por presunto conflicto de interés y falta de transparencia
Según informó Radio Diario Universidad de Chile, la diputada Nathalie Castillo (PC) solicitó la inhabilitación del ministro Jean Pierre Matus en el caso del proyecto minero-portuario Dominga, denunciando posibles conflictos de interés. “Es un hecho de preocupación cuando hablamos de comunidades divididas y presiones judiciales”, advirtió la parlamentaria, quien además destacó que Matus será el redactor de la sentencia en la Corte Suprema.
El debate se enmarca en la ofensiva judicial contra el fallo del Primer Tribunal Ambiental (1TA) de Antofagasta, que en diciembre acogió una reclamación de Andes Iron y calificó como ilegal el rechazo al proyecto emitido por el Comité de Ministros en 2023. El 17 de febrero, el 1TA ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dictar una nueva resolución, lo que llevó al Gobierno a presentar recursos de casación ante la Suprema.
Castillo explicó que el magistrado Matus figura en la nómina de inhabilidades declaradas por la Corte Suprema debido a su vínculo con el abogado Marcelo Castillo, quien ha gestionado intereses del proyecto Dominga.
Según Radio Biobío, el SEA presentó una solicitud de nulidad de la admisibilidad de los recursos, acusando que Matus no debería redactar el fallo por su relación reconocida con Castillo Sánchez, abogado del Sindicato de Pescadores Artesanales de Totoralillo. “La inhabilidad del magistrado ha sido reconocida por él mismo”, enfatizó el organismo en su escrito.
Por su parte, Oceana Chile reportó que el Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, junto a comités ciudadanos, también presentaron una recusación basada en el artículo 196 N°15 del Código Orgánico de Tribunales, que impide a jueces participar en causas donde exista amistad con alguna de las partes. “La imparcialidad de este se encuentra comprometida”, afirmaron en la presentación.
El abogado Marcos Emilfork, de ONG FIMA, declaró en Radio Biobío que la inhabilitación es indispensable “para resguardar la confianza pública en la administración de justicia”. El recurso también solicitó que el acuerdo de la Sala se anule y que se dicte uno nuevo sin la presencia de Matus.
Castillo alertó sobre las consecuencias sociales del proyecto: “Me preocupa mucho el daño social que han realizado en la comuna de La Higuera entre personas de la misma comunidad, quienes están a favor o quienes están en contra de esta iniciativa. Es irreparable y lamentable”. Añadió que el Gobierno debe cumplir su promesa de desarrollar un “plan La Higuera” para impulsar empleo alternativo sin depender de Dominga.
“Es una zona con escasez y bajos índices de empleo. Necesitamos potenciar el turismo, las obras civiles, el parque científico y otras alternativas. Hay una posición clara del Gobierno de ‘No a Dominga’, pero ese plan debe empezar a ejecutarse ya”, recalcó la diputada.
Finalmente, Castillo instó a cerrar el conflicto judicial: “Esperamos que Andes Iron, la familia Piñera, Délano y demás inversionistas entiendan que no todo se puede hacer como ellos creen. Las comunidades han dicho por años un no rotundo a que se instalen empresas que generen deterioro socioambiental”