Con dineros de bancos internacionales y empresas fantasmas: Informe revela cómo se gestó el asesinato de Berta Cáceres

Un informe internacional revela que el asesinato de Berta Cáceres en 2016 fue financiado con fondos desviados de préstamos del BCIE y FMO a la empresa DESA. Expertos señalan la responsabilidad de empresarios y exmilitares, la obstrucción de la justicia hondureña y la impunidad de un principal sospechoso, Daniel Atala, quien sigue fugitivo.

Informe devela cómo se gestó el asesinato de Berta Cáceres: Dineros de bancos internacionales y empresas fantasmas entre la red criminal

Diez años después del crimen que conmocionó al mundo, un informe internacional ha expuesto la trama financiera y la red criminal que planeó y ejecutó el asesinato de la líder indígena y defensora de derechos humanos Berta Cáceres. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI Honduras), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), presentó su informe final, según consigna reporte de Minga Ancestral, demostrando que el homicidio fue financiado con fondos desviados de préstamos otorgados por bancos internacionales para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

La investigación detalla que una red criminal al interior de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), concesionaria del proyecto, desvió sistemáticamente los recursos de un préstamo sindicado. Se logró establecer que el 67% de más de 18.5 millones de dólares provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y del banco holandés FMO fue utilizado para fines distintos a la construcción de la represa. Estos fondos financiaron una campaña de persecución que incluyó espionaje ilegal, contratación de grupos armados, pagos a funcionarios públicos y periodistas, y finalmente, el plan para asesinar a Berta Cáceres.

El informe del GIEI, publicado en Minga Ancestral, señala la responsabilidad directa de altos ejecutivos y accionistas de DESA, quienes actuaron en coordinación con exmilitares y un agente de inteligencia del Ejército. Aunque ocho personas, incluido el exdirector ejecutivo de la empresa, Roberto David Castillo, han sido condenadas, el documento subraya graves omisiones. Señala que Daniel Atala Midence, principal sospechoso de autoría intelectual y miembro de la familia propietaria de DESA, sigue prófugo de la justicia, evidenciando la falta de voluntad para investigar a todos los responsables.

Más allá de los ejecutores materiales, el GIEI documentó una estructura corporativa compleja y opaca creada por DESA, que incluyó sociedades en Honduras y el extranjero (como Evergrehen International Inc.). Esta red no solo facilitó el desvío de fondos, sino que también permitió inversiones simultáneas en proyectos ligados al narcotráfico por parte de algunos de los mismos actores, según hallazgos del Capítulo V del informe. El dinero desviado se utilizó además para sobornar a funcionarios, desacreditar las protestas del COPINH y manipular la cobertura mediática.

El informe es contundente al señalar la obstrucción sistemática de la justicia por parte de autoridades hondureñas. El GIEI documentó desde la creación de una «narrativa falsa» inicial para desviar la investigación, la criminalización del entorno de la víctima, la implantación de pruebas por la policía, hasta el hostigamiento a testigos y funcionarios honestos. Estas acciones, descritas en el Capítulo IV, impidieron durante años el esclarecimiento completo de los hechos y la rendición de cuentas de los máximos responsables intelectuales.

Ante estos hallazgos, el GIEI y la CIDH hacen un llamado urgente al Estado de Honduras para transformar las recomendaciones en acciones concretas. Esto incluye investigar y sancionar a todos los responsables —incluidas las entidades financieras—, revocar la concesión del proyecto Agua Zarca en el territorio lenca, y establecer un plan de reparación integral para la familia Cáceres, el COPINH y la comunidad de Río Blanco. La CIDH reiteró que dará seguimiento a este caso a través de todos los mecanismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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Informe sobre el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, delitos conexos y medidas de reparación integral